El Gobierno argentino dijo este viernes que es la Justicia la que debe definir lo ocurrido en una de las casas en las que la expresidenta Cristina Fernández vivió con su esposo y también exmandatario Néstor Kirchner, que según afirmó ella misma ayer, "abrieron a patadas" en un clima de "hostigamiento mediático".
"Si fuera así cierto sería realmente un problema. Pero si hizo una denuncia ante la Justicia y no solo mediática, la Justicia va a ser la que tenga que definir las consecuencias de lo que pasó", señaló el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a Radio Mitre.
Frigerio reiteró no tener información respecto a lo que Fernández denunció públicamente en una misiva a través de su cuenta en Facebook.
"Nos tenemos que acostumbrar a que el Poder Ejecutivo no tiene incidencia sobre el Poder Judicial. Creo que eso todavía nos cuesta terminar de entender", añadió.
La expresidenta (2007-2015) afirmó en una extensa carta que en la madrugada del pasado 18 de junio "rompieron y abrieron a patadas" la puerta de la casa de sus suegros en Río Gallegos, en la sureña provincia de Santa Cruz, donde vivió con Kirchner durante un tiempo y de la que aseguró los supuestos atacantes no se llevaron nada.
Fernández dio nombres de seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Cambiemos, bloque al que pertenece el actual mandatario del país, Mauricio Macri, y añadió que fueron identificados días antes en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos.
"Comenzado el operativo de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9mm., contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos. No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura, es que no vinieron de paseo", remarcó la ex jefa de Estado.
Además, señaló que "fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como inevitable resultado una Democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983. Persecución ideológica y hostigamiento mediático", subrayó en referencia al año final de la dictadura que comenzó en 1976.
Para explicar esa supuesta investigación, criticó lo que denominó como un operativo "armado" de causas judiciales contra funcionarios del Gobierno anterior, que se dan "de patadas" con la Constitución, los códigos y "los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano", en referencia a los casos que actualmente afectan a diferentes ex altos cargos del kirchnerismo.
Consultado al respecto, Frigerio fue contundente.
"Todos los funcionarios (...) nos tenemos que acostumbrar a estar permanentemente a disposición de la Justicia. Me parece que eso es lo que corresponde frente a cualquier tipo de denuncia de manejo irregular de los fondos de la gente que se genera a través de los impuestos", aseveró.
Al respecto, agregó que "no debería ser motivo de denuncia que la justicia, cuando haya alguna duda" investigue a los funcionarios públicos.
"Eso no ocurría en el pasado y evidentemente es lo que les genera malestar", espetó.
"Así como la Justicia investiga el pasado, cuando tenga que investigar el presente también vamos a estar todos los funcionarios a disposición de la Justicia", concluyó.
