MIAMI.-Aunque Cuba está a las puertas de un nuevo Código de las Familias que en la región ya es visto como “de avanzada”, la aparente normalidad con que transcurre la vida es trastocada cada vez que se reporta un corte de Internet o una disminución sustancial de las conexiones desde la isla. No resulta ilógico suponer que cuando eso ocurre hay detrás alguna noticia que La Habana necesita silenciar aunque recurra a la violación de derechos.

En la madrugada del 28 de julio, dos días tras la rimbombante celebración del 69 aniversario del asalto a dos cuarteles en época de Batista, Cuba experimentó una “interrupción parcial de Internet” de acuerdo con la red Netblocks, que mide tráfico y detecta problemáticas de este tipo.

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“Los usuarios informaron dificultades para conectarse durante el incidente que afectó al proveedor del monopolio estatal ETECSA”, publicó en un tuit la organización. No fue la única en realizar similar diagnóstico sobre Cuba.

Otra organización de su tipo, Internet Outage Detection and Analysis (IODA), reportó que entre las 10:20 pm y las 10:50 pm (hora local) el tráfico de internet disminuyó considerablemente en la isla. También lo detectó Cloudflare Radar como parte de su monitoreo.

No hay en estos datos de tráfico --disminuido en horas de la noche-- una respuesta verificada sobre sus causas. Sin embargo, un internauta identificado como Adelth Bonne Gamboa indicó que, en la zona de San Rafael, Holguín, minutos antes del corte de internet se escucharon unas sirenas de policía en dirección a las afueras de la ciudad.

Minutos después, durante el corte de internet, refiere el usuario, se sentía un ruido como el que se ha escuchado en manifestaciones frecuentes debido a los continuos apagones.

Fue, por ejemplo, lo sucedido en el transcurso de la madrugada calurosa del pasado 15 de julio en Cuba. Muchos, ante el apagón en el municipio Los Palacios, de Pinar del Río, tenían que aventurarse al descanso sin energía eléctrica, entre mosquitos y ausencia de aire fresco, por lo que decidieron salir a las calles con las linternas de sus teléfonos y todo cuanto alumbrara. De fondo se sentía el tintineo de utensilios a modo de conga.

Mientras las personas seguían en la calle a altas horas y un usuario transmitía en vivo la protesta, ocurrió otro apagón de carácter digital. Organizaciones independientes entre sí que se encargan de monitorear interrupciones de Internet (IODA, de la Universidad de Georgia Tech, Cloudflare Radar, Netblocks o Doug Madory de Kentik), confirmaron que el apagón de internet duró hasta aproximadamente la 1 y 40 de la mañana.

Estos cortes de Internet en el contexto de protestas ciudadanas se suman a una lista previa de violaciones de derechos digitales, hasta llegar al mayor corte de este servicio en Cuba, en la semana del estallido social de julio (11J). Se trata de la solución más drástica entre los mecanismos de censura aplicados por el régimen en relación con la violación de los derechos digitales.

Antes de recurrir a esta práctica radical, ha acudido al hackeo de cuentas y la suplantación de identidad en redes sociales de activistas y periodistas; el ciberacoso; el bloqueo de sitios web en tiempos en que la conexión a Internet desde Cuba era exclusivamente institucional. En ese momento ya estaban bloqueados medios de prensa extranjeros, blogs cubanos, y páginas de clasificados como Revolico y para acceder a estos se requería de proxy para lograr conexiones anónimas.

Multas y hasta cárcel

Más recientemente, con la apertura gradual de conexiones no institucionales (primero desde puntos de acceso colectivo a WI-FI, luego mediante datos móviles), el gobierno perfeccionó sus mecanismos de censura mediante la puesta en marcha del Decreto Ley 370 (Sobre la informatización de la sociedad en Cuba), que sanciona la publicación de contenidos “contrarios al interés social, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Una recopilación de denuncias públicas de la plataforma independiente cubana Proyecto Inventario, expone casos de 52 cubanos multados sobre la base de este decreto (algunos en más de una ocasión) en los últimos dos años. La mayoría de ellos son periodistas y activistas por los derechos humanos.

Cualquier publicación o conjunto de estas puede ser mostrada como “evidencia” para aplicar esa multa debido al control absoluto que tiene el régimen sobre ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), la infraestructura y las telecomunicaciones. Tener ese control es lo que le permite ejercer estas prácticas censuradoras respaldadas además por un conjunto de normas jurídicas diseñadas en función de salvaguardar la dictadura más vieja de Occidente.

No obstante, siempre hay maneras de saltar los muros de la censura sin dejar “evidencia” mediante sutiles mecanismos o, de lo contario, como se explicaría que Marianao se haya viralizado en redes sociales desde que una de sus habitantes lo presento como paraíso en la TV nacional.

Parodias y memes

Hábilmente, empleando la más artera ironía, “la mujer de la moto” dijo que en Marianao todo estaba perfecto. Y para remarcarlo, mencionó que no había colas, que estaban dando pollo, que estaban pintando fachadas… lo cual no ha de interpretarse sino en sentido contrario a lo que expresan literalmente. Todo el fin de semana los creadores de memes se dieron banquete compartiendo sus aportes, pero de modo anónimo en muchos casos para evadir el decreto ley 370. El régimen no ha podido ocultar los cientos de memes y posts críticos sobre la situación “normal” del país. Tampoco ha podido ocultar que desde el año pasado mantiene a familias separadas, ciudadanos presos por “delitos” que en realidad son derechos como el de filmar y transmitir en vivo una protesta.

Según Marianne Díaz, especialista en derechos digitales de la organización Access Now, “lamentablemente, el tema de llevar personas a la cárcel por contenido publicado en redes sociales y en Internet en general, es bastante más común de lo que quisiéramos. Y se da en los países con democracia muy frágiles, o directamente sin democracia”.

Lugares, refiere la abogada, donde actualmente hay personas detenidas por un tuit, un retuit o, incluso, en el contexto de Venezuela por hacer un chiste sobre el presidente Nicolás Maduro. “Son casos ejemplarizantes, casos que se buscan para que las demás personas tengan miedo de hablar”.

Para la experta, este modo de actuar es preocupante porque la ley con respecto a cómo se regulan los derechos de la ciudadanía no puede estar orientada a salvaguardar al sistema político, tiene que estar orientada al servicio de la ciudadanía, porque ese es el objetivo de la democracia.

Pero mientras la democracia no llegue a Cuba, en Marianao seguirá estando “todo rico”, la ironía y el sarcasmo tendrán tierra fértil allí. En redes sociales, por supuesto, las cuentas parodia de ministros, dirigentes e instituciones continuarán dando de qué hablar y, sobre todo, de qué reír.

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