jueves 21  de  marzo 2024
Exclusiva

Maduro presiona para evitar que la ONU hable del Cartel de los Soles en Venezuela

Un informe rendido por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reconoce vínculos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de esa nación con el crimen organizado
Por FRANK LÓPEZ BALLESTEROS

Especial
@franchuterias

El Gobierno de Nicolás Maduro reconoce el impacto que podría tener un informe de Naciones Unidas que vincula a la organización del crimen organizado “Cartel de los Soles” con las Fuerzas Armadas venezolanas y el negocio de la droga, por lo que desde enero sus funcionarios están presionando al organismo internacional para suprimir esa versión del documento al que DIARIO LAS AMÉRICAS accedió en exclusiva.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo independiente de la ONU encargada de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas, deberá presentar el 27 de febrero en Viena su informe mundial correspondiente a 2019.

Uno de los puntos clave del informe es que esta entidad de la ONU reconoce por primera vez que el “Cartel de los Soles” es una organización infiltrada en los cuerpos de seguridad en Venezuela y controla el negocio del narcotráfico.

Los técnicos de la JIFE admiten que “hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ´Cartel de los Soles´ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.

El párrafo 578 del documento expone, además, que “en los últimos años, los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos desde Colombia pasando por Venezuela”, una situación que los burócratas de Maduro están aprovechando para rebatir las versiones del informe.

Según el documento, al Cartel de los Soles se le conoce como un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas implicados en narcotráfico que operan con el respaldo de altos funcionarios del gobierno. No es un grupo organizado como los carteles del narco colombiano o mexicano, estiman expertos. Actúan, más bien, como un grupo de individuos con conexiones burocráticas que pueden tener poca o ninguna coordinación uno con el otro.

Agentes de seguridad de Estados Unidos han asegurado que por más de una década los miembros de esta organización cultivaron conexiones, entre otros, con cabecillas de la guerrilla de las FARC para la importación de cocaína desde Colombia.

La tarde del cuatro de febrero el embajador de Venezuela en Viena, Jesse Chacón, se reunió con el máximo representante de la JIFE, el holandés Cornelis P. de Joncheere, y otros funcionarios de dicho organismo, para expresar el malestar que el gobierno de Maduro tenía del informe, concretamente, en lo referido al Cartel de los Soles.

Chacón le dijo a De Joncheere que la “supuesta infiltración del crimen organizado” en las fuerzas armadas venezolanas “eran puras motivaciones políticas de la oposición, y, sobre todo, del Gobierno de Estados Unidos” que desde 2008 ha sancionado por narcotráfico a una docena de militares y oficiales de alto rango de ese país.

El camaleónico Chacón, uno de los más antiguos confidentes dentro del chavismo --ejerció distintas carteras ministeriales y cargos públicos clave-- funge como embajador de Maduro ante organismos de la ONU en Viena. Por ello ha sido la voz más crítica ante la JIFE para lograr que se suprima el apartado sobre Venezuela antes del 27 de febrero.

En esa reunión con De Joncheere, Chacón fue insistente, sobre todo, en conocer el origen de la fuente que daba “puntualmente tal versión sobre el Cartel de los Soles, porque era inaceptable”, relatan dos fuentes al tanto del encuentro cuya identidad se reservan al no estar autorizados a compartir información.

Desde 1992 los informes de la JIFE se elaboran con datos proporcionados por los gobiernos y entidades de la ONU. Utiliza información de organizaciones internacionales como INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Las autoridades venezolanas saben de trasfondo que la JIFE colabora con otros órganos internacionales dedicados a la fiscalización de drogas, incluidos no solo el Consejo Económico y Social de la ONU y su Comisión de Estupefacientes, sino también agencias como la Organización Mundial de la Salud.

“El embajador Chacón reiteró que Venezuela era una víctima de la geografía, y, en todo caso, que el problema del narcotráfico era de Colombia, su vecino y mayor exportador de drogas, y de los estadounidenses que son los mayores consumidores, pero no ahondó en las denuncias que suenan sobre Venezuela”, relatan las fuentes.

La respuesta del presidente de la JIFE pareció calmar a Chacón, “aunque no le dio su palabra de que las versiones sobre Venezuela serían removidas del reporte final”, agrega una de las fuentes.

“El señor De Joncheere fue diplomático en su respuesta, pero claro al mismo tiempo. Son los técnicos de la JIFE los responsables de recolectar las informaciones de manera íntegra, con fuentes confiables. Pero a petición de los venezolanos, buscaríamos dar información del origen exacto”, acotó la fuente.

La oficina de la JIFE en Viena no respondió a una solicitud de información sobre la exigencia de Venezuela en el reporte. La embajada venezolana en Austria, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

En ese encuentro del 4 de febrero, según una de las personas al tanto de la reunión, el representante de Maduro fue crítico con el hecho de que Venezuela no recibe asistencia material o técnica por parte de la ONU para el combate del narcotráfico, y que los pocos que colaboraban o daban aportaciones, ya no lo hacen.

Hasta 2005 Estados Unidos fue el único país del hemisferio que brindó asistencia y cooperación con Caracas en materia antidrogas, pero el entonces presidente Hugo Chávez dio por terminado el convenio bilateral con la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) al acusarla de espionaje.

Los mayores aliados del régimen, ente ellos Rusia y China, no prestaron asistencia material o financiera en cooperación antidrogas, según una revisión de los últimos cuatro informes anuales del Ministerio de Exteriores venezolano.

En marzo de 2019 la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) venezolana reiteró su reconocimiento a la JIFE como el único órgano para fiscalizar la aplicación de los tratados internacionales en materia de drogas, una forma de desacreditar el informe mundial de drogas que el Departamento de Estados estadounidense publica anualmente y en el que Venezuela se perfila como país de gran tránsito de drogas hacia Norteamérica.

Cuando se le preguntó su opinión sobre el venidero informe, dadas las críticas subyacentes de sus reportes antidrogas, el Departamento de Estado no había respondido hasta el cierre de esta edición. La Oficina Antidrogas venezolana tampoco respondió.

A pesar de ese reconocimiento de las autoridades venezolanas, desde 2014 ninguna misión de la JIFE ha pisado Venezuela, tomando en cuenta que es el gobierno quien oficializa la invitación.

“El embajador Chacón habló sobre formalizar una visita de la JIFE a Venezuela, pero no hubo nada concreto. Es un asunto que queda a criterio de los estados”, se dijo en la reunión.

En el informe se afirma que, en 2018, se desmanteló un total de 33 laboratorios ilícitos de cocaína de tamaño mediano en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, al referirse a la política antidrogas que ejecutan las autoridades venezolanas.

Para Maduro, sin embargo, que Naciones Unidas y en concreto la JIFE reconozca en este nuevo reporte como una amenaza real al Cartel de los Soles en el tráfico de drogas, sienta un precedente que validaría las denuncias de los críticos a su régimen dentro y fuera de Venezuela.

Los militares se convirtieron en el principal sostén de Maduro en el poder tras la muerte de Hugo Chávez, y cuando en Venezuela se habla del “Cartel de los Soles” directamente la relación entre narcotráfico y fuerzas armadas sale a colación.

Efectos reales

Precisamente otro de los puntos clave del informe de 2019, en su paso por la situación de Suramérica, es la vulnerabilidad en materia jurídica en la lucha contra nuevos tipos de drogas que están surgiendo en la región.

“Los países de América del Sur no cuentan en la actualidad con ningún instrumento jurídico regional específico, como un instrumento de la OEA, que permita a los países de la región hacer frente común ante la amenaza de las nuevas sustancias psicoactivas potencialmente peligrosas”, critica el organismo.

En los últimos años, algunas organizaciones delictivas que trafican con estupefacientes han utilizado varias zonas de Guatemala y Honduras como zonas de tránsito, lo que ha contribuido al incremento del tráfico de drogas hacia América del Norte.

El reporte advierte que en el caso de “Honduras, esas actividades se concentran en el bosque pluvial de Mosquitia, donde aterrizan aeronaves cargadas de mercancías ilegales procedentes de Colombia y Venezuela”.

El informe correspondiente a 2019 se centrará en la mejora de los servicios de prevención y tratamiento para los jóvenes con adicción a las drogas, la crisis de opiáceos en América del Norte, sin dejar de alertar, nuevamente, que las recientes leyes que autorizan el consumo de cannabis con fines recreativos siguen siendo motivo de preocupación para este organismo.

Otro aspecto que revela el documento es su preocupación sobre Colombia que potencialmente afecta a Venezuela como ruta natural para el trasiego de droga.

“Pese a la insignificante disminución del 1,2 % del cultivo ilícito de arbusto de coca, que pasó de 171.000 hectáreas en 2017 a 169.000 en 2018, la fabricación potencial de clorhidrato de cocaína en Colombia aumentó en 5,9 %, de 1.058 toneladas en 2017 a 1.120 toneladas en 2018”, advierte la JIFE.

Presión externa

En menos de un año esta es la segunda ocasión en la que una entidad vinculada a Naciones Unidas critica la situación venezolana de forma directa.

En septiembre de 2019 la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos con duras críticas de la gestión de Maduro y su manejo de la crisis política y económica donde las ejecuciones extrajudiciales y la opresión a la disidencia coparon el reporte.

Los investigadores de las Naciones Unidas que visitaron Venezuela en 2019, advirtieron que los comandos de las fuerzas especiales venezolanas – creados para combatir el narcotráfico y la delincuencia- ejecutaron miles de asesinatos extrajudiciales en los últimos dieciocho meses, incluso, manipulado las escenas del crimen para que pareciera que las víctimas se resistieran al arresto y la autoridad.

Desde 2008 cuando el Departamento del Tesoro sancionó por primera vez a militares venezolanos por su implicación con el narcotráfico, el término “Cartel de los Soles” comenzó a sonar en los pasillos de las cortes y fiscalías de Estados Unidos, por las implicaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el tráfico de cocaína.

El caudal de información sobre los vínculos de funcionarios venezolanos con traficantes, que las cortes de Florida y Nueva York conocen, ha servido para armar al menos 40 expedientes en los cuales aparecen implicados, sobre todo, militares y policías que abrieron las puertas al tráfico de cocaína desde Venezuela, reveló una investigación del DIARIO LAS AMÉRICAS.

En la acusación por narcotráfico del Departamento de Justicia contra el general venezolano Hugo Carvajal, exjefe de los servicios de contrainteligencia de Venezuela, la DEA acusa al oficial y otros militares de pertenecer al Cartel de los Soles con operaciones que datan de 1999.

“Alguno de los miembros del Cartel de los Soles también ejercieron en los más altos niveles del gobierno de Venezuela, incluidos el expresidente venezolano Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami, y el exvicepresidente Diosdado Cabello”, advierte un documento del Departamento de Justicia en la acusación contra Carvajal, al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS.

La JIFE es un órgano independiente de vigilancia para la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de la ONU. Está formada por 13 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social que prestan servicios a título personal, y no como representantes de los gobiernos.

Este reporte es de DIARIO LAS AMÉRICAS en alianza con el proyecto de periodismo ITEMP (Investigación de Temas Periodísticos)

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