SERGIO OTÁLORA
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@sergiootalora

Roberto y William Isaías Dassum son dos empresarios que desde el año 2000 están en una disputa legal con el Estado ecuatoriano, y que acaba de ser en parte saldada a favor de los hermanos Isaías por una instancia internacional: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH).

Ambos, ecuatorianos, de origen libanés, viven hoy en Miami, pero desde hace más de 45 años han tenido negocios financieros en Estados Unidos. Roberto Isaías y su abogado, el doctor Jorge Zavala Egas, visitaron la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS con el fin de explicar por qué debieron acudir a dicho comité pero, sobre todo, por qué, ese organismo internacional les dio la razón.

Isaías sabe navegar muy bien por el mundo de los negocios. Es algo que lleva en la sangre, desde los tiempos en que su familia, en 1949, empezó la importación de textiles, una actividad tan lucrativa que Isaías considera que las telas eran “el oro negro de la época”. Ahí empezó la fortuna de la familia y en 1954 montaron la primera fábrica textil.

Antes de que sus propiedades les fueran confiscadas en el Ecuador, tenían en total cinco canales de televisión, tres periódicos, cinco revistas, cinco emisoras de radio y tuvieron una de las instituciones financieras más grandes de ese país, Filanbanco.

Mediante resolución del 8 de julio de 2008, la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) ordenó, mediante un proceso civil, la incautación de esos activos, “en contra de los ex accionistas y ex administradores de Filanbanco, con el alegado fin de garantizar el pago de la acreencia de los depositantes del banco en el momento de su intervención”, como quedó consignado en los hechos expuestos por los demandantes en el CDH. Sin embargo, esa incautación no se limitó al banco sino que se extendió a “200 empresas y otros bienes propiedad de los autores y otros integrantes del grupo Isaías”, añadió el documento.

Al mismo tiempo, estuvo la acción penal por parte del Estado ecuatoriano, que también fue demandada ante el CDH. En este complejo escenario, los hermanos Isaías fueron acusados por delitos financieros, “declaraciones falsas y autorización de operaciones ilegales”, como reza la demanda, y en este punto del derecho penal ecuatoriano el CDH declaró no tener jurisdicción  para cuestionar las decisiones tomadas por los diferentes jueces que surtieron las demandas contra los empresarios.

-¿Cómo empezó el conflicto de ustedes con el presidente Rafael Correa?

- El interés de Correa era seguir los pasos de su amigo Chávez: adueñarse de los medios.

-¿Y en esa apropiación qué papel jugó Filanbanco?

-Fue la excusa de ellos para adueñarse de todos estos medios de comunicación. Hay un problema: sacaron una ley posterior en la que se decía que si hubiera pérdida en el sistema bancario, los accionistas eran responsables de las pérdidas. Pero no se habían determinado las pérdidas. [En este punto el abogado Zavala aclaró que “en el proceso penal  aparece que los hermanos Isaías entregaron el banco con un superávit de 10 millones de dólares. Cuando el banco ya estaba en manos del Estado y se fusiona con el banco La Previsora, cae por el pasivo que le enrostran, pero ahí ya no estaban los hermanos Isaías. Y después sacan una ley con efecto retroactivo hablando de las pérdidas, y ahí montan las confiscaciones]

-Este caso ha estado en litigio 14 años y 54 jueces lo han visto. ¿Ustedes han creído en la institucionalidad ecuatoriana o era una manera de salvar sus bienes?

-Son dos cosas diferentes. La parte judicial y el patrimonio. El patrimonio fue algo absurdo del presidente actual que quería actuar al estilo Chávez. No tenía ninguna razón para hacerlo. En la parte judicial, es algo que se volvió político y cada vez que un juez fallaba, lo botaban. [Isaías se refiere al nombramiento de jueces especiales que fueron nombrados –afirma- de manera ilegal].

-El Gobierno de Correa, desde el punto de vista económico, no parece ser un calco de procesos como el de Venezuela o el de Bolivia. Algunos aseguran que no es tan radical.  ¿Cómo lo ven ustedes?

-Ese Gobierno es peor porque en Venezuela no han hecho un Mandato 13 [ver recuadro].  Ni siquiera  en Cuba se prohibiría que nosotros fuéramos a los tribunales a reclamar y amenazar con meter preso a cualquier juez que reciba nuestra causa. Eso no existe en ninguna parte del mundo.

-¿Con el boom que hubo de las materias primas y de  inversión en Ecuador, no cree que hay un clima favorable para el futuro si en un momento gana la oposición?

-Es exactamente lo que pasó en Venezuela. Con todo el gasto público que hacía Chávez,  los empresarios allá estaban felices. Vendían más que nunca. Era un auge impresionante. Lo mismo sucedió en Ecuador. El problema es que ahora se les acabo el precio [alto] del petróleo. El señor [Correa] se ha endeudado en cifras astronómicas, ya no hay gasto público, ha tenido que sacar gente de los organismo oficiales, y las empresas han bajado sus ventas 30 o 40%.  Además, en Ecuador la seguridad jurídica no existe y eso ha sido probado en varios casos. Por ejemplo: en el caso del diario El Universo, el fallo [adverso por sus críticas al Gobierno] vino redactado de la presidencia y lo firmaron los jueces.

-¿Usted ve posible la devolución de sus bienes?

La mayor parte de ellos los han destrozado, muchos los han cerrado, los llevaron a la quiebra… Las empresas más grandes las vendieron, porque si no también las habrían destruido. Espero que nos devuelvan todos los bienes que se llevaron. Es verdad que los activos más importantes se han vendido. No vamos a reclamar esos bienes, sino estrictamente el valor de la venta de esas empresas.

-¿Qué perspectivas tienen ustedes de volver a Ecuador?

-Cuando logremos arreglar el problema judicial.

-¿Y qué perspectivas ven desde el punto de vista político?

-Esperemos que el nuevo presidente no sea seguidor de Correa. Cualquier persona que actúe en su sano juicio -porque no se puede tener sano juicio cuando están acabando con la empresa privada y con los jueces independientes- sabe que podremos lograr algo.

Qué es el Mandato 13

Durante la Asamblea Constituyente de Ecuador, establecida para cambiar la Constitución de 1998, se creó este mandato que tuvo nombre propio, es decir, los hermanos Isaías. La Asamblea sesionó entre el 30 de noviembre de 2007 y el 25 de octubre de 2008.

Se trataba de ratificar la resolución tomada por la Agencia de Garantías de Depósitos, de julio 8 de 2008, en la que se confiscaban las propiedades de los exaccionistas y exadministradores de Filanbanco S.A.

Este instrumento legal se creó para devolver “los dineros al Estado y a todos los ecuatorianos que aún siguen perjudicados por la quiebra de dicho banco”, indica el articulado.

Declaraba además que la resolución no estaba sujeta a ninguna protección constitucional y si se presentaba alguna demanda debía ser descartada por completo, sin que se le permitiera suspender o impedir el cumplimiento de dicha norma. Además establecía que cualquier juez o magistrado que estudiara una demanda contra el mandato debería descartarla por completo so pena de incurrir en el castigo de destitución sin prejuicio de imponer responsabilidades criminales contra dichos jueces.

En la denuncia hecha al Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH), los abogados de los hermanos Isaías dijeron que esa norma “viola el derecho al debido proceso al no respetar el derecho a interponer un recurso efectivo y el derecho de los autores a la igualdad ante  los tribunales”.

El Gobierno, por su parte, defendió el Mandato 13 con el argumento de que la Asamblea Constituyente dictó medidas de protección a los derechos de los trabajadores de las empresas intervenidas, y alegó que esa medida había nacido no del Estado sino de una asamblea cuyo mandato derivaba directamente de la voluntad popular, y esa “voluntad es de naturaleza distinta y claramente superior al Estado”, como afirmó el Gobierno de Correa en el proceso seguido en el CDH.

Las declaraciones de Jorge Zavala Egas, abogado de los hermanos Isaías

-Hay dos partes en el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno que los favorece a ustedes y otro que favorece al Estado ecuatoriano. ¿Cómo es esa situación aparentemente contradictoria?

-Qué dijo  el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra: que el CDH  no es competente para conocer y cuestionar las decisiones del tribunal penal ecuatoriano. Por lo tanto,  no dice que está bien o que está mal. Lo que sí afirma es que será competente cuando le demostremos que hubo una interpretación y aplicación arbitraria de la ley penal. Dejó abierta la posibilidad de demostrar eso y lo vamos a hacer de acuerdo con el código orgánico integral penal de Ecuador.

En cuanto al proceso de incautaciones estuvo 100%o a favor de los hermanos Isaías. Fue un indebido proceso de incautaciones e indebido mandato constituyente que blindó ese proceso al declararlo  legal y prohibió que los hermanos Isaías pudieran ejercer recursos contra las incautaciones como mandato de una Asamblea Constituyente. Las dos cosas las declara violatorias del debido proceso y condena al Estado del Ecuador a reparaciones  en lo económico, jurídico y moral. Eso significa: restituir toda la situación patrimonial de los hermanos Isaías al 7 de julio de 2008; nulidad del mandato y del procedimiento de incautaciones; que se publique el fallo y disculpas a los hermanos Isaías.

-¿Qué pasa si el Gobierno ecuatoriano hace caso omiso de la declaraciones de la ONU a favor de los hermanos Isaías?

-La ONU designa un relator especial, un juez ejecutor, de Ginebra, que vigila el cumplimiento [de lo fallado] durante un lapso máximo de 180 días, en el que se supone que Ecuador tiene que haber cumplido. Ya cumplió la primera parte del fallo, es decir, que se difunda. Ahora estamos esperando la segunda y tercera parte del mismo.

-¿El fallo podría llevar a la devolución de un porcentaje de los bienes de la familia Isaías?

-Esto pasa ahora a manos del procurador del Estado y parece que el presidente decidió clausurar su discurso político. Ahora lo pasa al discurso jurídico. Han comenzado a cumplir con el fallo, el siguiente paso es el informe del procurador sobre cómo debe repararse. Hay un capítulo sobre las devoluciones económicas.

Tengo con el procurador un dialogo abierto, público. Apelando a la lógica y a las instrucciones de mi cliente, debe de haber un convenio para las reparaciones.  Eso es lo que demanda la razón  y el derecho, considerando la situación del Estado ecuatoriano en sus  falencias económicas y las decisiones que tome Roberto Isaías, que es el dueño del patrimonio.

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