La Justicia argentina procesó a nueve empleados y directivos de la empresa Barrick en la causa que investiga el derrame de una solución cianurada en septiembre último en la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, informó la prensa local.
El juez Pablo Oritja los responsabiliza por la contaminación derivada del derrame, y les trabó a cada uno un embargo de 100.000 pesos (unos 6.400 dólares), según informó el "Diario de Cuyo" en base a un fallo que aún no fue difundido públicamente. El Juzgado Letrado de Jachal no confirmó a dpa la resolución.
De acuerdo al periódico, el magistrado procesó al ex gerente general Antonio Adames, quien fue apartado del cargo tras el derrame, el gerente de Minas Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Ángel Escudero; el gerente de Procesos, Walter Pizarro; el jefe de Procesos, Leandro Poblete, y su empleado en el sector Segundo Álvarez; y los supervisores de Servicios Técnicos, Osvaldo Brocca; Mantenimiento, David Sánchez; y Medio Ambiente, Ricardo Cortez.
El derrame de cerca de un millón de litros de una solución con cianuro ocurrió el 12 de septiembre pasado a raíz de la rotura de una válvula de la tubería que conduce la solución por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. Además, se detectó que una compuerta que debía estar cerrada quedó abierta y en lugar de que el compuesto fuera al canal de contención, llegó al río, informó "Diario de Cuyo".
La mina de oro Veladero se encuentra a más de 4.000 metros de altura, en la cordillera de los Andes.
Un peritaje oficial informó que el derrame contaminó cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", señala el informe elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) publicado en febrero por el diario "La Nación".
La compañía minera emitió hoy un comunicado en el que indicó que "sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito".
"Barrick entiende que esta decisión será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas", agregó la compañía.
"Es importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina", señala.
Barrick subrayó que "en forma inmediata, se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca". "Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente", sostuvo.
