MIAMI.-El recorrido a pie durante ocho horas que emprendieron este jueves 28 de julio manifestantes pacíficos en Panamá rumbo a la Presidencia de la República es la secuela de varias semanas de protestas sociales valoradas ya como las mayores en las últimas décadas en ese país. La llama que las prendió, según la prensa local e internacional, fue el creciente aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos.

Sin embargo, a medida que han transcurrido, el descontento ha crecido al punto de incorporar, sobre la marcha, reclamos subyacentes como los altos costos de los medicamentos y los bajos salarios en un país con alta desigualdad, aun cuando el PIB creció un 13,6 % en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo lapso de 2021, impulsado por el comercio, la construcción y el transporte, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). Parece, no obstante, que el crecimiento del PIB es directamente proporcional al impulso de la crisis inflacionaria en la nación. De hecho, entre los puntos de diálogo entre el Gobierno y las agrupaciones que impulsan las protestas, mediado por la Iglesia católica, se encuentran el costo de la canasta básica y el precio del combustible subsidiado. Las agrupaciones populares luchan por fijar en 3,25 dólares el galón de la gasolina de 95 octanos; 3,18 el de 91 y 3,10 el diésel.

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8 demandas fundamentales

El consenso en relación con el combustible todavía está por lograrse, pero se debate como parte de los ocho pedidos de los manifestantes a su gobierno. TantoAlianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y grupos organizados de la Comarca Ngäbe-Buglé, que constituyen los tres grandes bloques que impulsaron marchas en todo el país, acordaron un pliego de ocho reclamos fundamentales.

En primer lugar, piden rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional. Le siguen las demandas de reducción y congelamiento del precio del combustible; disminución de precios y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, sin privatizar; asignación del 6% del Producto Interno Bruto (PBI) para la educación; disminución del precio de la energía; revisión de la Caja de Seguro Social; tratamiento de la corrupción y transparencia en el país y garantías de que se dará un seguimiento a las medidas.

La marcha de 8 horas

Ocho horas, que es lo que debe durar una jornada laboral en términos justos, los manifestantes decidieron dedicarlas a una extensa caminata atravesando las principales vías de la Ciudad de Panamá. Partían desde Pacora y eran, sobre todo, grupos indígenas y docentes.

En tanto, el arzobispo de la nación istmeña, José Domingo Ulloa, tras reunirse el miércoles 27 en Penonomé con el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó que habrá una segunda fase en la mesa del diálogo, donde no se excluirá a nadie.

Así reseña La Estrella de Panamá el encuentro que tenía como objetivo plantear la inclusión en el diálogo de sectores empresariales, productores y sectores de la agroindustria. Estos tampoco estarían a salvo de la crisis nacional si se toma en cuenta un estudio divulgado el miércoles según el cual “entre el 24,3% y el 33,7% de los microempresarios panameños viven en un hogar en situación de pobreza multidimensional, donde el seguro de salud, los años de escolarización, sanidad y acceso a internet son las principales carencias que enfrenta este sector de la economía panameña”.

Diseñado por la Fundación Microfinanzas BBVA, Microserfin y basado en el de SOPHIA Oxford, el estudio se basa en más de 9.000 encuestas a microempresarios en cinco países de América Latina, entre ellos Panamá y tomó como referencia nueve indicadores de tres dimensiones de pobreza: educación, salud y vivienda.

Educación

En la dimensión de educación, una de las fundamentales en el actual contexto panameño se analizó: la asistencia a la escuela, años de escolarización y rezago escolar; en salud: seguro de salud, acceso al agua, saneamiento; y en vivienda: hacinamiento, materiales de vivienda y acceso a internet.

El sector, según reconocen el presidente Cortizo y el arzobispo Ulloa, ha sido afectado particularmente por la pandemia.

“Hemos tenido dos años de pandemia, sin recibir la calidad de educación que se requiere. Nuestros niños, nuestros jóvenes requieren estar en el salón de clases, estar estudiando, estar viendo a sus compañeros, y estar aprendiendo, porque al final la competencia no es solamente aquí en Panamá, sino internacional, y hay que preparar a nuestros estudiantes”, reconoció Cortizo y pidió a los docentes retornar a clases, luego de tres semanas de huelga.

El arzobispo Ulloa hizo el mismo llamado, respaldado por la Defensoría del Pueblo y la ministra de Educación, en vistas de las consecuencias irreversibles que provoca en los niños y adolescentes la privación del derecho a la educación.

“Definitivamente hay que hacer un ajuste del año lectivo y sé que hay una propuesta de parte de la dirigencia docente para la recuperación de los días como ha ocurrido en otro momento”, indicó la ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos, quien no descartó extender el calendario escolar.

Daños a la economía doméstica

Como describen medios de prensa con presencia en el país que une América Central y América del Sur, las semanas de protestas han provocado desabastos de alimentos, combustible e insumos médicos y agropecuarios y de servicios. Los cierres de vías en la nación que opera el único canal interoceánico en Las Américas no han dejado impoluta a la carretera internacional Panamericana. Sus efectos han alcanzado además la empresa de electricidad a racionar el suministro de energía en Darién, provincia fronteriza con Colombia.

Según AP, el servicio se ha limitado a 11 horas diarias y afecta a unas 7.000 familias de la apartada y angosta provincia debido a que los camiones con gas para operar las plantas generadoras quedan atorados en los cierres. Durante esta semana se han dado momentos de tensión e incluso de represión por parte de la Policía Nacional, quienes reabrieron de forma violenta la vía luego de que un grupo de personas que rechaza los cierres.

“La situación se tornó tensa luego que los residentes, que estaban en desacuerdo con el cierre, comenzaron a quitar los escombros que se mantenían sobre la vía junto con miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático, mientras que los manifestantes eran dispersaron con gases lacrimógenes por la Policía”, detalló AP. En el principal mercado agrícola del país, en la capital donde se alzan modernos rascacielos, casinos y discotecas, y desde donde se surten directamente supermercados, empresas y la población, se ha reportado baja afluencia de personas en tanto el abastecimiento no estaba a tope como de costumbre. Víctor Palacios, un vendedor del mercado explicó a AP que los rubros que él vende proceden de las tierras altas de la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica y “lo poco que ha llegado de allá está caro y dañado”, destacó.

Más que un canal

Cualquier afectación que alcance a Panamá y en particular al Canal –no solo proeza de la ingeniería humana sino una ruta de navegación esencial en el mundo- puede ser interpretada como un golpe a toda la región de América. Aunque en la web de la misión diplomática estadounidense en Panamá no aparecen declaraciones sobre la crisis interna del país centroamericano que visitó en mayo la primera dama de EEUU, por estos días trascendió que el Cuerpo de Paz Panamá dio la bienvenida a 16 voluntarios del Cuerpo de Paz Estados Unidos, quienes trabajarán junto a líderes comunitarios panameños para desarrollar proyectos sociales en diferentes comunidades.

“Atendiendo a la solicitud del gobierno de Panamá, los voluntarios participarán en actividades comunitarias de conservación del medio ambiente, liderazgo y desarrollo juvenil, agricultura sostenible, y salud y bienestar de los jóvenes. Realizarán actividades como facilitar la adopción de nuevas técnicas agrícolas; coordinar clubes y campamentos juveniles para fortalecer las habilidades para la vida de los jóvenes; y coordinar campañas de reforestación”.

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¿La emigración interna en EEUU ha impulsado el aumento de precios? 30.81%
¿Los gobiernos locales deben ofrecer alternativas asequibles ante el alza de precios de alquileres? 35.65%
¿Las personas jubiladas deben recibir algún tipo de asistencia para poder enfrentar esos precios? 33.54%
27402 votos

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