La Asamblea Legislativa de Puerto Rico debate un proyecto que autorizaría al gobernador de la isla a decretar un estado de emergencia en el país y ordenar una moratoria en el pago de parte o la totalidad de la deuda pública.
La legislación fue aprobada en la madrugada de este martes por el Senado de Puerto Rico y será debatida también hoy por la Cámara de Representantes, donde se espera que se apruebe también, aunque con posibles enmiendas.
El proyecto fue sometido la noche del lunes a la Legislatura, luego de una reunión de más de tres horas que sostuvo el gobernador Alejandro García Padilla con los legisladores de su Partido Popular Democrático (PPD), que componen la mayoría parlamentaria.
En dicha reunión se discutió la difícil situación fiscal del país y particularmente la condición del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que podría ser declarado insolvente si no logra un arreglo que le permita posponer el pago de cerca de 400 millones de dólares que debe hacer el próximo mes de mayo.
Como medida cautelar, se informó, el gobierno ha estado depositando sus fondos en bancos privados para evitar que una sindicatura en el BGF provoque la congelación de esos fondos y le impida cubrir sus gastos.
La movida generó de inmediato una acción judicial de parte de un grupo de acreedores, que reclamó ante el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico que la acción afecta sus intereses y posibilidades de cobro.
Tras la aprobación de la legislación por parte del Senado, otro grupo de acreedores anunció que tiene una propuesta para el gobierno de Puerto Rico que, aseguran, evitarán el impago previsto para los próximos meses y permitirán que el gobierno siga operando.
La oferta, informó el diario "El Nuevo Día", sería presentada en las próximas horas y días a los representantes del gobierno. No se ofrecieron detalles, sin embargo, del contenido de la misma.
En declaraciones que hizo a la prensa local este martes, García Padilla afirmó que la legislación que viabilizaría la moratoria busca evitar la paralización de los servicios esenciales a los ciudadanos y reclamó el apoyo de los legisladores a la misma.
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