LA HABANA.- Apenas unas horas después de que la Comisión Europea propusiera formalmente a los países miembros, respaldar un acuerdo de cooperación y diálogo con el Gobierno de Raúl Castro, y que sustituiría la posición común hacia Cuba, vigente desde 1996, una espectacular redada planificada por la Seguridad del Estado, saltándose olímpicamente los propios estatutos de su Código Penal, irrumpió ilegalmente en la sede de CUBALEX (Centro Independiente de Información Legal), ubicada en la localidad pobre y marginal de El Calvario, en el sur de La Habana.
“Ya vecinos del barrio nos habían puesto en alerta sobre un operativo que la Seguridad venía gestando. Se presentaron como veinte agentes y funcionarios en la oficina. Traían una orden de registro que no cumplía los requerimientos establecidos por la Ley. Cuando se lo hicimos saber, recurrieron a la fuerza y violentaron la entrada de la sede, que a su vez es mi propia casa”, cuenta Laritza Diversent Cambara, 36 años, directora de CUBALEX.
Entre los participantes en el registro y posterior decomiso había oficiales de la Seguridad del Estado, policías de orden interior, especialistas informáticos, funcionarios de la Fiscalía, Ministerio de Justicia, Instituto de Planificación Física e inspectores de la ONAT (Oficina Nacional de la Administración Tributaria).
“Al frente del registro estaba el teniente coronel Juan Carlos Delgado Casanova y la fiscal Beatriz Peña de la Hoz. Nos ocuparon cinco computadoras, un servidor, cámaras de seguridad, documentación, la mayoría de los expedientes que tramitábamos y otros equipos informáticos”, explica Laritza, y agrega:
“Se nos efectuó un arbitrario y degradante cacheo desnudándonos como si fuéramos vulgares delincuentes o terroristas. Tememos que vayan a tomar represalia con las personas a las cuales estábamos asesorando jurídicamente, pues la mayoría de los casos estaban archivados en los dispositivos digitales decomisados”.
A los miembros de CUBALEX también les preocupa las acciones legales que puedan emprender contra Jorge Amado Iglesias, colaborador de la oficina, “pues tiene licencia de trabajador por cuenta propia y pudieran imponerle una multa”, apunta la jurista y disidente cubana.
Diversent sospecha que el gubernamental departamento de Planificación Física pudiera iniciar un proceso para confiscar la sede que es su propia vivienda. El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, y el activista Dayán Alfredo Pérez fueron detenidos durante la redada.
Tras doce horas de encierro, Pérez fue liberado. Pero hasta el momento de redactar esta nota, según informaciones de familiares, Ferrer Tamayo se encontraba detenido en la unidad policial de Zanja y Dragones, en el municipio Centro Habana.
El operativo contra CUBALEX alarma a la incipiente sociedad civil que puja por abrirse un hueco legal en Cuba al margen del Estado. Precisamente, la oficina que preside Laritza Diversent ha logrado tender puentes con los cubanos de a pie, por lo general indefensos ante la maquinaria legal y con un atroz analfabetismo jurídico.
“En 2015 trabajamos en más de 170 expedientes. La mayoría son ciudadanos que no son opositores y que muchas veces se encuentran desamparados frente a la justicia”, subraya Laritza.
Por su parte, Julio Ferrer Tamayo, prestigioso abogado, ha emprendido una batalla legal contra diversos funcionarios de instituciones oficiales, acusándolos, prueba en mano, de corrupción, nepotismo y abuso del poder.
Ferrer tenía una sentencia de tres años de cárcel, por una supuesta 'falsificación de documentos', situación a la que se une una turbia investigación, que desde el 31 de julio de 2012 mantiene ilegalmente en la prisión de mujeres Manto Negro, al oeste de la capital, a su esposa, la también abogada Marienys Pavó Oñate.
"Y todo parece indicar, nos dice, Laritza, que han aprovechado esta detención para enviar a Ferrer a prisión, pues hemos sabido que lo van a presentar a juicio en la Sala Segunda de lo Penal".
En los dos últimos meses, los servicios especiales del régimen han cambiado su modus operandi. Todavía se efectúan cientos de detenciones breves todos los meses y se golpea cada domingo en la vía pública a integrantes de las Damas de Blanco. Pero después de la visita de Barack Obama a Cuba, la autocracia verde olivo y sus escribidores amaestrados, han extendido su habitual campaña difamatoria contra la oposición, a los periodistas oficiales que colaboran en medios extranjeros o alternativos.
Es una guerra a tres bandas. Palos y bofetones para los disidentes de barricada, acoso de la Seguridad del Estado a reporteros estatales que escriben en la prensa alternativa y decomiso de laptops, cámaras de fotos o video y dinero a periodistas independientes que hacen trabajo de calle.
Augusto César San Martín, colaborador de Cubanet, una página digital anticastrista que desde hace más de dos décadas se edita en Miami, fue detenido hace un par de meses junto a la corresponsal Ana León, mientras viajaban rumbo a Cienfuegos, a realizar una investigación periodística y le ocuparon su laptop y equipos audiovisuales.
“La Seguridad del Estado me ha ido devolviendo algunas cosas. Pero la cámara y la laptop aún no me la han entregado, a pesar de tener su propiedad. El cargo por el cual me acusaron, receptación, es una incongruencia jurídica”, expresó Augusto, durante un evento sobre periodismo recientemente celebrado en Miami.
La nueva ola de restricciones y acoso a disidentes y reporteros sin mordaza, los obliga a no viajar a provincias o fuera de la isla con sus medios de trabajo, para impedir que las autoridades se los confisquen.
“Luego del discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, la policía política ha retomado el decomiso y las detenciones. Cuando viajo fuera de Cuba no llevo mi laptop. Se han dado varios casos de periodistas independiente a los cuales les han incautado sus pertenencias al regresar al país”, dice Luis Cino, columnista y editor de Primavera Digital, una publicación ferozmente antigubernamental que se realiza en la isla sin un centavo de financiamiento externo.
Parece que ha pasado mucho tiempo desde aquella ola represiva conocida como la Primavera Negra, orquestada personalmente por Fidel Castro y que en 2003 sancionó con largos años de cárcel a 75 opositores, entre ellos 29 periodistas libres.
En 2016, a las puertas del otoño, las líneas maestras del Departamento de Seguridad del Estado parecen encaminadas a repetir las gastadas estrategias que combinan el miedo, asesinato de la reputación, violencia física y amenazas veladas.
Raúl Castro sabe lo que se juega con esa apuesta represiva a los que piensan diferente. Hace trece años la presión interna de las Damas de Blanco y de instituciones internacionales le obligó a cambiar de táctica.
Con este remake represivo, el régimen reivindica su esencia autoritaria.
Un árbol de aguacate no pare mangos. Una autocracia militar jamás confiaría en la democracia. Lo que vemos ahora es simplemente su propia naturaleza. Ni más ni menos.
