MIAMI.- La Comisión Justicia Cuba, una asociación integrada por juristas de 10 nacionalidades que busca enjuiciar a las principales figuras del régimen cubano, anunció este jueves una “ofensiva legal y global contra la dictadura cubana”, que incluye por primera vez la posibilidad de llevar a un estrado judicial al gobernante Miguel Díaz-Canel.

Durante una rueda de prensa en el ayuntamiento de la ciudad de Doral, el presidente de esa organización, René Bolio, sostuvo que Díaz-Canel no aparecía en la lista de responsables de delitos de lesa humanidad que ha elaborado la comisión desde su creación en marzo de 2017, pero teniendo en cuenta los hechos recientes asociados con el Movimiento San Isidro, se iniciarán gestiones para el encauzamiento del gobernante cubano.

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Según Bolio, Díaz-Canel es parte de la “cadena de mando” del régimen castrista y por ende tiene “responsabilidad” en los actos de represión que la Seguridad del Estado cubano ha acometido en contra de los artistas y activistas del colectivo de San Isidro, quienes reclaman la liberación del rapero Denis Solis, condenado a ocho meses de prisión por ‘desacato’.

La policía política de Cuba desató una ola represiva contra los integrantes del Movimiento San Isidro, activistas independientes y otros jóvenes que han intentado manifestarse de forma pacífica. Las acciones del régimen contemplan arrestos, agresiones físicas y verbales y una campaña de descrédito en medios digitales.

La ‘lista negra’ de la Comisión Justicia Cuba, compuesta por 42 miembros del régimen de La Habana, acusados de delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra el general Raúl Castro, fue presentada en 2018 al Departamento de Estado de EEUU para propiciar sanciones en su contra.

En cuanto a la “ofensiva legal y global” planteada por la Comisión Justicia Cuba, Bolio explicó que se presentará formalmente ante el Gobierno de Estados Unidos una solicitud para que Cuba vuelva a ser incluida en el listado de países que patrocinan el terrorismo.

Además, de acuerdo con Bolio, se invocará la aplicación de la Ley Magnitsky sobre los militares y funcionarios cubanos que aparecen en el listado de ese comité multinacional, como una forma de “sanción” por los abusos cometidos contra el pueblo de la isla.

La Magnitsky Global Act confiere facultades al presidente de los EEUU para imponer sanciones económicas, congelación de activos y prohibición de visas a ciudadanos de cualquier parte del mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países.

Bolio señaló que también se presentará una solicitud similar a Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, en donde existen normas similares a la Ley Magnitsky. Esa tarea fue encomendada al jurista español Manuel Zalba, quien ejerce el derecho en España y Estados Unidos.

En el marco de las nuevas acciones anticipadas por la Comisión Justicia Cuba también destaca una petición ante el Parlamento Europeo para que se cree un tribunal "ad hoc", en el que se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba, como se hizo en Ruanda o en la antigua Yugoslavia.

Asimismo, se interpondrán denuncias ante los estamentos que velan por los derechos humanos en la ONU y la OEA, al tiempo que promoverá una campaña para designar al régimen comunista de Cuba como “empresa criminal conjunta”, según Bolio.

Intervención militar

Por su parte, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, esbozó la posibilidad de que organizaciones que aglutinan al exilio cubano y a la oposición interna pidan la intervención de fuerzas militares extranjeras frente al aumento de la represión en Cuba.

El activista indicó que “si hay una represión con muertos, utilizando la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, es legítimo pedir una intervención internacional encabezada por Estados Unidos, para derribar ese régimen y ponerle fin”.

Gutiérrez-Boronat cuestionó las acciones ejecutadas por la dictadura cubana en contra del Movimiento San Isidro y dijo que si aumenta “la violencia y hay derramamiento de sangre” se justificaría una acción militar foránea en territorio insular.

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