El socialismo del siglo XXI o castrochavismo ha demostrado que una parte fundamental de su metodología es la judicialización de la persecución política.

Procesos judiciales, para amedrentar, neutralizar, asesinar la reputación, apresar, condenar y tratar de eliminar a quienes consideran sus enemigos, es práctica común y repetida en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el Ecuador de Correa. La información difundida indica que esta despreciable, pero efectiva acción, se aplica ahora contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia por la Corte Suprema del país sudamericano.

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Los jueces deben ser imparciales, independientes e idóneos para actuar al margen de intereses, presiones o influencias, que les impidan obrar según la justicia y la razón. Es tanta la importancia de jueces con probidad y autonomía que la división e independencia de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia y una característica fundamental de la República de Colombia.

La judicialización de la persecución y la represión política es una de las practicas criminales aplicada por los regímenes del socialismo del siglo XXI, como aporte de la dictadura de Cuba al movimiento financiado por Hugo Chávez asociado con Fidel Castro, a quienes debe su nombre el neologismo “castrochavismo”, que hoy describe al “sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia -amenaza a toda la región- que debe ser tratado como estructura de delincuencia organizada y no como proceso político”.

El castrochavismo ha hecho múltiples intentos de controlar Colombia y tiene gran penetración política y criminal. Las FARC y el ELN son sus organizaciones operativas en crimen, terrorismo, narcotráfico, guerrilla y desestabilización.

Las FARC, desde su fundación, ha sido un brazo de la dictadura castrista de Cuba, que se ha sostenido con la logística y el apoyo internacional de Cuba y Venezuela en el siglo XXI, fundamentales en la construcción de Venezuela como “narcoestado eje del castrochavismo” y con la maniobra Castro/Santos tienen hoy la doble cara de partido político y grupo criminal.

El presidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido el rol más destacado en la denuncia abierta y la lucha efectiva contra el castrochavismo y sus operaciones de narcotráfico, guerrilla, terrorismo e intervención.

Uribe no solo ha defendido a Colombia, defendió a las Américas. Ha asestado duros golpes como el bombardeo en Angostura, cuando Rafael Correa había convertido a Ecuador en narcoestado parte del sistema liderado por Castro y Chávez.

Uribe Vélez es uno de los principales objetivos del castrochavismo y no extraña que hayan elegido la vía de la “metida de mano en la justicia”. Nada nuevo, repiten otro proceso judicial escandaloso plagado de falsedades y supuestas pruebas en las que los criminales achacan sus delitos a su víctima, un gran despliegue de medias verdades para asesinar la reputación del infamado con jueces comprometidos, amenazados, ávidos de figuración, “jueces infames” de cualquier forma controlados.

Este modo criminal del castrochavismo está probado. En Cuba, desde el encarcelamiento de Armando Valladares, por más de 22 años, hasta la reciente condena de Ariel Alonso Pérez, el juicio a José Daniel Ferrer y miles más; en Venezuela, los enjuiciamientos y condenas como la de “Leopoldo López”, el caso del capitán Rafael Acosta, decenas de militares y cientos más; en Bolivia la persecución contra el presidente Sánchez de Lozada y su gobierno, los fraguados casos de terrorismo contra líderes cívicos, el encarcelamiento y prisión del gobernador Fernández de Pando y cientos más; en Nicaragua el enjuiciamiento y prisión de dirigentes, periodistas, estudiantes, líderes y decenas más; en Ecuador de Correa casos como de Fernando Balda, de “los diez de Luluncoto”; la condena contra Francisco Daniel Endara, la prisión preventiva contra los indígenas en el caso conocido como “los 29 de Saraguro”, el caso de los “estudiantes del Colegio Central Técnico” y más.

Ahora aplican el método castrochavista a Álvaro Uribe Vélez, con la Corte Suprema de Colombia que ordenó su detención preventiva, cuando en el caso de Alias Jesús Santrich dieron libertad a ese líder de las FARC con prueba plena de trafico de 10 toneladas de cocaína, con “solicitud de extradición en curso” y permitieron su fuga.

Jueces que actúan con doble estándar simplemente cometen delito de prevaricato, pero, además, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, convierten la justicia de Colombia en instrumento del castrochavismo para la persecución judicializada y el asesinato de la reputación de su víctima.

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