SANTIAGO DE CHILE.- El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, ha presentado este sábado una ofensiva para frenar el tráfico ilegal de personas en la que pretende implicar a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y que afectaría principalmente a los migrantes venezolanos.

"Estamos trabajando para lanzar una verdadera ofensiva que frene este tráfico internacional e ilegal de inmigrantes", ha afirmado Allamand, que ha comparecido junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. "El tráfico internacional ilegal de migrantes es un delito que afecta los derechos humanos de las personas. Quienes son parte de este proceso de tráfico, se encuentran permanentemente en una situación expuesta y de alta indefensión", ha apuntado Galli.

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Por ello Chile plantea "colaborar en el plano judicial, policial y diplomático, para frenar este fenómeno que, en parte muy importante, se ve gatillado por la compleja situación humanitaria, de derechos humanos y de crisis política que existe en Venezuela".

"El tráfico internacional e ilegal de personas, hay que frenarlo en los puntos en que se origina. Cuando se intenta frenar hacerlo en el punto de destino, habitualmente es tarde", ha argumentado Galli.

Los tres ejes de la iniciativa son Fiscalía, Policía y diplomacia. Así, ha emplazado al Fiscal Nacional chileno, Jorge Abbott, a contactar con las fiscalías de los otros países afectados para que en cada uno de ellos se investiguen, se juzguen y sancionen estos delitos transnacionales.

Además se ha instado al director General de la Policía De Investigaciones chilena (PDI), Héctor Espinosa, que su institución inicie un trabajo de coordinación y cooperación con las policías de las naciones mencionadas, a fin de iniciar la persecución de las bandas criminales.

Por último, en el plano diplomático, el ministro de Relaciones Exteriores ha contactado con sus pares de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia para establecer una mesa de trabajo a nivel de Cancillerías que permita adoptar acuerdos operacionales urgentes para combatir este crimen organizado, de conformidad con el Convenio de Palermo, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Según la Secretaría General de la OEA en su Informe de Situación a diciembre de 2020 sobre la crisis migratoria venezolana el pasado año se contabilizó un total de 5.4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, se estima que entre 500 y 700 personas huyen diariamente por trochas o rutas marítimas peligrosas, por lo que creen que la cifra de desterrados venezolanos podría ascender a 7 millones en 2021.

La aguda crisis en la que está sumergida Venezuela desde hace más de cinco años ha obligado a los venezolanos a huir, por lo que caminar hasta Colombia ha sido una opción que los coloca en desventaja, ya que en el difícil trayecto se quedan sin dinero y pueden ser víctimas de los que trafican personas en América Latina.

FUENTE: Con información de Europa Press

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