CARACAS.- Los venezolanos están invitados a acudir el domingo a las urnas para elegir una nueva Asamblea Nacional en unos comicios que han sido catalogados como un fraude, no solo por la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó, sino también por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de la región, que han advertido que las "elecciones" no ayudarán a resolver la compleja crisis que golpea a la nación sudamericana.

La denuncia principal es que el régimen ha creado un escenario favorable para obtener la mayoría en el Parlamento, ya que en 2015 éste quedó en manos de partidos de oposición. Analistas aseguran que la dictadura solo busca consolidar así el control de todos los poderes del Estado y fortalecer su modelo hegemónico.

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A continuación un vistazo a las acciones de las instituciones controladas por el régimen de Nicolás Maduro en los meses previos a la votación, los cuestionamientos de la oposición y de la comunidad internacional y las implicaciones que traerá el proceso electoral.

¿Quiénes son las partes?

Nicolás Maduro: Meses previos a su muerte, Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro como sucesor de su mandato. Éste fue el candidato oficialista en unas elecciones en las que se observó la caída de popularidad no sólo de la "revolución bolivariana" sino del propio pupilo de Chávez. Henrique Capriles, candidato de la oposición quedó a dos puntos por debajo del oficialista Maduro. Comenzó así su primero gobierno marcado por la fuerte represión desatada contra las protestas de opositores que salían a las calles a manifestar en su contra. Más de 40 muertes dejaron los enfrentamientos entre el gobierno (que usaba las Fuerzas Armadas Nacional y los grupo armados) y una oposición que reclamaba justicia y transparencia. Muchos aseguraban que ya la revolución mostraba su verdadera cara de dictadura. En 2018 se convoca a unas elecciones presidenciales, pero al no haber las condiciones de transparencia, la oposición no participa. Este proceso electoral ha sido señalado como un fraude ya que el Consejo Nacional Electoral (en manos del régimen) utilizó métodos para la votación automatizada que han sido cuestionados. En ese proceso no hubo observadores internacionales imparciales, y los líderes de la oposición con verdadera posibilidad electoral fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo también en manos del chavismo. Las elecciones no fueron reconocidas, por lo que al asumir el inicio de su segundo periodo (10 enero de 2019) Nicolás Maduro fue acusado de usurpador, ya que nunca se realizaron elecciones justas, imparciales, ni transparentes.

Asamblea Nacional: En diciembre de 2015 la oposición venezolana obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional. (En la anterior elección parlamentaria no participó como medida de presión, por lo que el chavismo tenía mayoría absoluta). El 11 de enero de 2016 la Asamblea Nacional entrante fue acusada de desacato al aceptar la participación de los diputados electos en el estado Amazonas Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que el régimen aseguraba que habían manipulado las elecciones para obtener su triunfo. En enero de 2019, Juan Guaidó asume la presidencia de la Asamblea Nacional.

Tribunal Supremo de Justicia: El órgano rector de la justicia en Venezuela es nombrado por ley por la Asamblea Nacional. Para optar a un cargo en el TSJ se requieren una serie de méritos, tanto académicos como laborales para participar en el proceso de selección. En 2015 cuando la Asamblea Nacional queda en manos de la oposición, los miembros del parlamento saliente decidieron nombrar al nuevo TSJ con personas claves y afectas al régimen, sin cumplir con las normas que establece la Constitución. Así que cuando en 2016 los nuevos diputados toman el control de sus curules ya había un nuevo TSJ, aliado al régimen.

Juan Guaidó: Juan Gerardo Guaidó es un diputado a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular. En 2019 asumió como presidente de la Asamblea Nacional. El 10 de enero de 2019 cuando Nicolás Maduro jura para un segundo mandato tras una elecciones que han sido consideradas como un fraude, se crea un vacío de poder al considerarse que Maduro no es presidente legítimamente electo. Ante el vacío de poder, Juan Guaidó frente a una multitud convocada en un Cabildo Abierto se juramentó como presidente interino de Venezuela haciendo uso de varios artículos de la Constitución Nacional. De inmediato fue reconocido por Estados Unidos, los países del Grupo de Lima y hasta el momento suma más de 60 países que lo reconocen como presidente encargado.

Oposición en favor de la dictadura

Existe un grupo de parlamentarios que fueron electos con los partidos de oposición en 2015, pero que han decidido apoyar al régimen de Nicolás Maduro. No de manera abierta, pero sí con acciones que han sido denunciadas por los propios partidos políticos y en muchos casos estas figuras han sido expulsadas del seno de sus agrupaciones. Esta oposición es la que intentó limpiar el rostro de los testaferros de Nicolás Maduro en una insólita gira clandestina por Estados Unidos y Europa, que luego fue descubierta y expuesta a la opinión pública.

¿Cómo se llegó a esta votación?

Luego de meses de conversaciones entre el régimen y la oposición para definir por consenso los candidatos para el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) -que sería electo en la Asamblea Nacional como lo prevé la Constitución- el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, sorprendió en junio al declarar que el Congreso, de mayoría opositora, incurrió en una omisión legislativa y nombró a la dirección del Poder Electoral, que quedó integrada por exjueces, funcionarios vinculados al oficialismo y personas cercanas a grupos disidentes de la oposición. Este CNE es señalado de cumplir órdenes del régimen, por lo que las dudas sobre la transparencia del proceso se inician en esta instancia.

Entre sus primeras medidas el nuevo CNE convocó las elecciones legislativas para el 6 de diciembre.

¿Qué acciones y cambios electorales se dieron?

El Tribunal Supremo de Justicia (nombrado por el chavismo de manera inconstitucional) intervino a mediados de año Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, tres de las cuatro principales fuerzas opositoras, y pasó el control de esas organizaciones a disidentes opositores que han sido señalados de tener vínculos con el régimen. Los nuevos titulares de los partidos inscribieron candidatos con las tarjetas, logos y colores de los tres partidos, lo que fue considerado una maniobra para confundir al electorado opositor.

Asimismo, el nuevo CNE aumentó de 167 a 277 la cantidad de diputados y modificó el proceso de selección de los diputados indígenas que a partir de ahora serán elegidos a mano alzada en asambleas en las comunidades aborígenes, lo que según juristas y activistas vulnera el principio constitucional del voto libre, universal, directo y secreto. Cabe recordar que el régimen de Nicolás Maduro presiona a los venezolanos con la entrega de alimentos en las conocidas cajas CLAP. Por lo que cualquier votación pública expondría ilegalmente a los disidentes del régimen.

¿Por qué el régimen defiende la elección?

Pese a las exhortaciones de la Unión Europea y actores políticos locales que pidieron posponer las elecciones ante el riesgo de mayores contagios de COVID-19 y para lograr un consenso nacional sobre condiciones electorales confiables y la preparación de una misión de observadores internacionales, el dictador Nicolás Maduro descartó esa posibilidad alegando que la constitución establece que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero luego de culminar el período de cinco años del anterior Congreso.

Maduro y otras figuras de la dictaudra también desestimaron las advertencias de Estados Unidos y otros países que adelantaron que no reconocerán la elección del nuevo Congreso.

¿Por qué la oposición sostiene que esta votación es un fraude electoral?

Las principales fuerzas opositoras, junto a una veintena de organizaciones, anunciaron en agosto que no participarían en los comicios legislativos y llamaron a no respaldar el proceso de “fraude” porque no ofrece garantías democráticas.

Al respecto el diputado opositor Freddy Guevara dijo a The Associated Press que los comicios del domingo tienen “muchas irregularidades” que van desde la falta de independencia del CNE, la no realización de auditorías a los sistemas electrónicos de votación y la censura a los medios locales sobre las denuncias de fraude.

En respuesta al evento electoral la oposición y organizaciones civiles convocaron a una Consulta Popular entre el 7 y 12 de diciembre. En la consulta, se les preguntará a los venezolanos si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro, el rechazo a los comicios legislativos y hacer gestiones en la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria.

Las organizaciones opositoras inscritas en la elección están lideradas por las piezas disidentes que han sido expulsadas de los partidos y que han sido señalados de estar vinculados con el régimen. Para esta votación se han postulado 14.400 candidatos del oficialismo y de esta oposición afecta al régimen.

¿Por qué la comunidad internacional cuestiona la elección?

Estados Unidos, estrecho aliado del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional saliente Juan Guaidó, ha advertido que no reconocerá los comicios legislativos a los que considera “otro fraude electoral” y ha llamado a la comunidad internacional a insistir para lograr “condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas”.

El presidente de Diálogo Interamericano en Washington, Michael Shifter, descartó que el mandatario electo por confirmar Joe Biden vaya a cambiar la postura de Estados Unidos hacia el régimen de Maduro y dijo a la AP que el demócrata mantendrá una posición “bastante firme, bastante dura” hacia la dictadura chavista.

La Unión Europea descartó en agosto el envío de una misión de observadores a Venezuela alegando que “no se cumplen” las condiciones para un “proceso electoral transparente, incluyente, libre y justo”.

¿Cuáles podrían ser las implicaciones?

Los analistas estiman que si el oficialismo logra retomar el control de la Asamblea Nacional, que perdió en las elecciones de 2015 luego de más de una década, Maduro tendrá el camino abierto para consolidar su modelo hegemónico.

El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que estas elecciones no representarán mayores cambios en Venezuela porque el régimen desde hace tiempo “controlaba completamente las instituciones de poder” y había logrado anular todas las decisiones y acciones del Congreso a través del Tribunal Supremo de Justicia.

En tanto la oposición, debilitada por las fracturas internas y la pérdida de respaldo popular, se quedará sin su único bastión y corre el riesgo de enfrentar una mayor persecución política.

FUENTE: Con información de AP/EUROPA PRESS/REDACCIÓN

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