domingo 17  de  marzo 2024
ESPAÑA

¿Cómo sigue la situación de Carles Puigdemont en Bélgica? 

Según la Justicia europea, el país ejecutor tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la extradición. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días

BRUSELAS.- Tras dejar en libertad condicional a Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, la Justicia belga marcó una nueva fecha en el calendario del líder independentista catalán. El 17 de noviembre la Cámara del Consejo estudiará si deben ser entregados a España, donde son investigados por presuntos delitos en relación con el desafío independentista de la región.

¿Cuáles son los plazos?

La Justicia de Bélgica tiene 15 días para decidir en primera instancia sobre la entrega a España. La cita en el tribunal es el 17 de noviembre pero no se sabe si ese día habrá una decisión.

Según la Justicia europea, el país ejecutor tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final sobre la extradición. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90.

Sin embargo, los plazos de la Justicia belga son más cortos. Incluidas las posibles apelaciones, según la Fiscalía hay sólo un plazo total de 45 días para el procedimiento.

Si la decisión final es entregar a los dirigentes catalanes destituidos por el Gobierno de España, Bélgica tiene 10 días para hacerlo.

¿Tienen libertad de decisión los jueces belgas?

Sí, pueden decidir libremente, ateniéndose a la legislación de la Unión Europea (UE) y de Bélgica. Los Estados de la UE acordaron en su momento reconocer mutuamente decisiones en causas penales y entregar a las personas buscadas sin poner problemas. Sólo hay excepciones en unos pocos casos.

¿Cuáles son esos casos?

La ley incluye 32 categorías de delitos graves en las que no se exige que el motivo por el que se ordenó la detención sea considerado delito en ambos países. Si no aparece en esa lista, la entrega puede depender de que el delito también lo sea para la legislación del país ejecutor (Bélgica, en este caso). La rebelión y la sedición, dos de los delitos por los que se investiga a Puigdemont, no aparecen en la lista ni como tal en el derecho belga. Pero en la lista sí figuran el fraude y la corrupción, categorías en las que podría encuadrarse la "malversación" de la que también son sospechosos Puigdemont y sus ex consejeros.

¿Hay otras posibilidades?

La Justicia belga podría negarse a entregar a Puigdemont y los suyos si se constatase que debido a las "condiciones generales de detención" en España existe "un peligro real de recibir un tratamiento inhumano y humillante".

En el pasado, los jueces belgas denegaron la entrega a España de una presunta integrante del grupo separatista armado vasco ETA. Sus abogados argumentaron que España fue condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar la Convención Europea de Derechos Humanos. Dichas condenas estaban relacionadas con las acusaciones de tortura presentadas por parte de presos de ETA.

¿Qué tribunales belgas intervendrán en el procedimiento?

La Cámara del consejo (un tribunal de instrucción) decidirá si se ejecuta la orden de detención, es decir, si los políticos españoles deben ser entregados a España. Si Puigdemont y los suyos apelasen la decisión intervendría la corte de apelaciones. Tras ese paso, sólo se podría apelar ante la Corte de Casación, el mayor tribunal ordinario belga. Si también ésta confirma la decisión, en Bélgica se habría agotado la vía legal. Si no lo hace, debería volver a decidir una instancia inferior.

¿Puede haber influencia política?

No. La directiva de la UE sobre la orden de detenció europea lo dice claramente: "Las decisiones deben tomarlas únicamente las autoridades judiciales, sin tener en cuenta consideraciones políticas".

FUENTE: dpa

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