MIAMI.- A mediados del verano pasado, cuando el país contemplaba asombrado los asaltos a locales comerciales e instituciones gubernamentales durante las protestas masivas por la muerte de George Floyd, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que propondría una ley que protegiera “la propiedad pública y privada” ante una situación similar y ahora el Congreso estatal se apresta a evaluarla ante la mirada de quienes la aplauden y la repelan.

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En efecto, la violencia, que actuó en paralelo a legítimas manifestaciones que clamaban por el fin de lo que consideran ‘abuso policial y racismo’, causó cerca de 2.000 millones de dólares en daños materiales a cientos de negocios en el país. Incluso hubo laceración y destrucción de monumentos, asaltos a instituciones gubernamentales y más de 20 muertos confirmados.

La mayoría de esas manifestaciones en Florida fueron pacíficas, salvo los asaltos registrados mayormente en Miami, donde hubo saqueo a locales comerciales en Bayside Marketplace y calles colindantes, pero DeSantis quiere prevenir cualquier situación similar a lo que sucedió en otras ciudades de la nación.

De hecho, hay leyes que castigan los actos de violencia, asaltos a locales comerciales y daños a monumentos, pero el gobernador aboga por una ley específica que tenga nombre y penalidades propias.

"Si formas alboroto, irás a la cárcel y tendrás que pasar tiempo en ella", señaló el gobernador durante una conferencia de prensa hace apenas una semana.

“Si atacas a la policía, definitivamente irás a la cárcel. Si asaltas o quemas el negocio de alguien, las sanciones van a ser severas”, anticipó.

Propuesta

Acorde a la propuesta de ley SB 484: Combating Public Disorder, las penalidades serían reforzadas. En otras palabras, si los actos están asociados a “una revuelta” estarían sujetos a castigos más severos.

“Por ejemplo, un robo cometido por un manifestante violento se elevaría de delito grave de tercer grado a otro de segundo grado punible con hasta 15 años de prisión”, explicó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

Asimismo, el asalto y el robo asociados con una manifestación violenta también tendrían penalidades mayores y la agresión a un oficial de policía conllevaría a una sentencia mínima obligatoria de seis meses en la cárcel.

La propuesta de ley “define el concepto disturbio público cuando al menos tres personas, con la ‘intención común de ayudarse mutuamente en conductas violentas y desordenadas’, causan daños o asaltan policías”, especificó el letrado.

Y si la manifestación en cuestión cuenta con nueve o más personas y resulta en daños a la propiedad por más de 5.000 dólares o bloquea el tráfico en una arteria urbana, se consideraría “disturbio agravado”, lo que sería clasificado de delito grave de segundo grado y conllevaría a una pena carcelaria mayor.

Quienes se oponen a ello argumentan que “nadie que vaya a una manifestación sabe de antemano si la protesta será violenta” y que por lo tanto “cualquier manifestante, aún pacífico, pudiera estar sujeto a una detención” y que inclusive “podría afectar más a minorías, como los afroamericanos, por estar a menudo en la mirilla de policías”.

De hecho, la exfiscal Melba V. Pearson, quien optó por el puesto de fiscalía estatal para Miami-Dade el pasado año, opina que la propuesta de ley “no plantea una definición concisa de lo que es un motín, y eso conducirá a una aplicación selectiva por parte de la ley. Y esto resultará en más injusticia”, opinó la exfiscal Melba V. Pearson, que optó por el puesto de fiscalía estatal para Miami-Dade el pasado año.

Y añadió: “Es un proyecto de ley que atenta contra la libertad de expresión” porque “disuade a las personas de asistir a las protestas por temor a ser apresados”.

Pero DeSantis y el senador estatal Danny Burgess, de la zona de Zephyrhills; creen lo contrario. Que solo “trata de detener la violencia sin importar la raza o los motivos políticos”, y ahora, tras el asalto al Capitolio de la nación, el pasado 6 de enero, la propuesta es regenerada contra todo tipo de manifestación violenta.

Apéndices

Si es aprobada, la nueva ley prohibiría además el uso de las redes sociales para publicar juicios particulares sobre individuos u organizaciones que conlleven a intenciones maliciosas, como pudieran ser acusaciones infundadas que tengan la intensión de amenazar, acosar o incitar a la violencia.

“Ése es el único aspecto positivo de la ley. Hay que tomar medidas enérgicas contra la intimidación cibernética: la publicación de juicios personales, con el propósito de que la gente acose o lastime. Eso debería ser un proyecto de ley independiente, y el resto del proyecto de ley debería ir a la basura”, subrayó la exfiscal Pearson

El abogado Luis Martínez también apoya el apartado sobre redes sociales: “Es necesario parar el acoso y la desinformación. Si tuviéramos una ley así tal vez hubiéramos evitado lo que sucedió en Washington”, el pasado 6 de enero cuando una turba, incitada pro presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales, asaltó el Capitolio nacional.

Respecto a demandas, la propuesta plantea facilitar reclamaciones a gobiernos municipales por daños y perjuicios si la policía no brinda la protección esperada durante los disturbios.

“Eso es peligroso porque enfrentaría a víctimas y autoridades ante una situación que tal vez las autoridades policíacas no pudieran evitar y pondría los fondos del ayuntamiento, de la misma policía, en peligro”, señaló el abogado.

Respecto a fianzas, sería más difícil ser liberado antes del juicio. En otras palabras, no podrían salir en libertad condicionada con el pago de una garantía de cumplimiento antes de acudir al inicio de un juicio.

“Eso me parece muy bien. Aunque igual podría ser un alma de doble filo para quienes sean detenidos sin haber causado daños o violencia”, añadió el abogado.

De cualquier manera, la propuesta de ley apenas comienza a ser analizada y podría sufrir cambios.

“Nuestro país ha podido cambiar y evolucionar gracias a quienes protestaron para crear conciencia sobre injusticias. Eliminar eso sería suprimir los que hace a Estados Unidos tan especial y diferente”, concluyó la exfiscal Pearson.

jhernandez@diariolasamericas.com

@JesusHdezHquez

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.18%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 31.5%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.31%
20715 votos

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