MIAMI.- Quienes cometieron delitos de índole sexual y supuestamente no encuentran un lugar dónde vivir en Miami-Dade, vuelven a saltar a la palestra, a medida que se acerca el 20 de junio, fecha dada por el Gobierno del Condado para abandonar los predios de la calle 48 del noroeste de Miami, donde pernoctan prácticamente a la intemperie, en casas de campaña.

Una ordenanza adoptada por la Comisión de Miami-Dade, en 2005, establece que las personas convictas por delitos relacionados con abuso sexual a menores, aún después de cumplir las sentencias, no pueden residir a 2.500 pies de una escuela, jardín infantil y parque o a 1.000 pies de una parada de bus escolar.

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De hecho, la calle antes mencionada, entre las avenidas 36 y 37, se encuentra en la circunscripción del Condado y esta vez, además de aludir a la prohibición de pernoctar en dominio condal, se menciona que las personas allí afincadas “no cumplen con las normas de sanidad” establecidas por el estado de la Florida bajo el código 386.

El aviso colocado en la zona menciona que “quienes ocupan la calle están violando” una serie de leyes condales, que van desde colocar sin permiso objetos en la vía pública y establecer estructuras inseguras hasta el incumplimiento de medidas sanitarias y el uso ilegal del lugar para residir.

Y si no abandonan el lugar, antes del día 20 de junio, “el Condado se verá obligado a tomar las medidas apropiadas, incluidas, entre otras, sanciones civiles y / o arrestos de cualquier persona que permanezca en el lugar”.

Antecedentes

Esta situación no es nueva. El Condado aplica la necesaria ordenanza de los 2.500 pies que protege a los menores, pero crea un problema humanitario de vivienda que no ha sido capaz de resolver.

“Cada 10 o 12 meses tenemos que movernos de un lugar a otro”, declaró Greg a DIARIO LAS AMÉRICAS, un hombre oriundo de Texas, donde cumplió condena carcelaria por abuso sexual infantil.

“Me arrepiento de lo que hice pero eso ya no se puede cambiar. Y ahora estoy obligado a vivir donde me dejen”, aseguró el hombre tejano, mientras escuchaba música de un pequeño radio que alimentaba con un generador, sentado frente a su tienda de campaña y rodeado de trastos.

A unos pasos de él, Mario, de apenas 35 años, con su grillete electrónico en el tobillo izquierdo, para estar localizable, se cepillaba los dientes a la luz del Sol.

“Aquí dormimos. Aquí comemos y aquí hacemos nuestras necesidades”, donde puedan, aseveró el hombre hispano, que a pesar de todo se siente afortunado por haber encontrado un empleo, luego de varios intentos.

“Es muy difícil conseguir un trabajo. También tiene que ser a más de 2.500 pies de una escuela, y si hacen un chequeo de antecedentes penales te dejan fuera. Pero un amigo me deja limpiar el parqueo y los alrededores de un almacén y me paga algo”, aseveró.

Por otra parte, el vicealcalde Maurice Kemp declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS, por medio de un comunicado, que “como ha documentado el Departamento de Salud de la Florida, el campamento de la calle 48 y la avenida 36 del noroeste del Condado de Miami-Dade ha creado una situación insostenible, con riesgos de salud y de seguridad para los desamparados y la comunidad vecina”.

“El Condado tiene que aplicar y hacer cumplir la ley para la protección de nuestros niños y nuestras comunidades. Seguiremos abordando el problema con compasión para ayudar a los agresores sexuales convictos a encontrar un domicilio legal”, añadió.

Luego aseguró que la autoridad condal para atender las necesidades de desamparados en Miami-Dade “continuará ofreciendo los servicios disponibles para ayudar a las personas en este campamento a encontrar un lugar adecuado para vivir”.

Sin embargo, la casa de acogida Camillus House, que es supervisada por esta autoridad condal que atiende a las personas sin techo, estima que estos individuos no cumplen con los requisitos del albergue condal para ser aceptados, lo que hace la situación aún más complicada.

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DLA Clasificados

 

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