Caracas.- Dirigente opositor Leopoldo López. (Foto AP)
Un tribunal decidió posponer para el 11 de noviembre la audiencia del dirigente opositor Leopoldo López ya que el juzgado se encontraba sin despacho, informó la defensa del detenido, que volvió a criticar la actuación del poder judicial.
El abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, detalló a la prensa que "el acto previsto para el día de hoy fue diferido, no se produjo el traslado del señor Leopoldo López y la continuación del juicio es para el próximo martes 11 de noviembre".
La audiencia fue diferida ante la imposibilidad de celebrarla sin despacho, explicó el abogado, quien aprovechó para criticar nuevamente que la jueza Susana Barreiros se haya negado a pronunciarse sobre la solicitud del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de liberar al opositor por considerar que en el proceso se han violado sus derechos.
"Evidentemente un tribunal sin despacho y sin pronunciamiento con respecto al tema de la ONU indiscutiblemente no puede celebrar el juicio", disparó Gutiérrez, quien recriminó la manera como Barreiros ha ido "corriendo la arruga" para evitar responder al pronunciamiento de la ONU.
López, líder del partido liberal Voluntad Popular (VP), permanece detenido desde febrero por encabezar una manifestación opositora que derivó en hechos de violencia y dos muertos, por lo que la Fiscalía acusó a López de los delitos de "instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir".
Sin embargo, los dos homicidas fueron detenidos posteriormente y se pudo demostrar que carecían de vínculos con López, mientras la defensa alega que los otros actos de violencia ocurrieron una hora después de que el opositor se retirara de la manifestación.
A raíz de estos argumentos, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU solicitó al gobierno venezolano la "inmediata liberación" de López tras considerar que "al dirigente opositor se le violaron sus derechos constitucionales, políticos y civiles".
Por su parte, el gobierno venezolano rechazó estas peticiones por considerarlas "injerencistas, falsas e infundadas", al tiempo que defendió la independencia del poder judicial ante "actuaciones delictivas en perjuicio de la paz y la estabilidad de la república" en las que López habría incurrido.
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