jueves 28  de  marzo 2024
opinión

Exposición de motivos

La gran mayoría de los venezolanos desean que, en ese nuevo modelo de país, los ciudadanos y las familias sean colocados al centro de toda la acción del Estado y que este deje de competir contra ellos
Diario las Américas | JUAN IGNACIO RIQUEZES
Por JUAN IGNACIO RIQUEZES

(Válido para la modificación de las leyes que rigen la economía en Venezuela)

Desde la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta la de Nicolás Maduro, la economía ha estado controlada, en mayor o menor grado, por el Estado y por los gobernantes de turno.

El resultado es patético. Durante estos últimos 20 años, el régimen chavista-madurista recibió más dinero que todos los gobiernos venezolanos del siglo XX juntos; no se le conocen obras de importancia; el nivel de vida de los ciudadanos se ha deteriorado como nunca; somos el país con la mayor inflación del planeta; más de 5,5 millones de compatriotas han tenido que huir del país; la deuda externa se ha multiplicado por 10; nuestra producción petrolera ha caído a los mismos niveles que hace 70 años; la sociedad sufre de fuerte carestía de agua, electricidad, alimentos, medicinas y combustibles; y, por si fuera poco, todo el que se exprese en contra del régimen termina preso, exiliado o muerto.

Irónicamente, el colapso institucional que está ocurriendo en cámara lenta frente a nuestras narices, nos brinda la excepcional e irrepetible oportunidad de diseñar un nuevo modelo de país, con un nuevo sistema económico.

La gran mayoría de los ciudadanos desean que, en ese nuevo modelo de país, los ciudadanos y las familias sean colocados al centro de toda la acción del Estado, que este último se dedique exclusivamente al cumplimiento de sus funciones esenciales (Seguridad, Justicia, Salud, Educación e Infraestructura) y que deje de competir contra sus ciudadanos en lo referente a la producción de bienes y servicios.

De igual manera, en ese nuevo modelo de país los funcionarios públicos, incluyendo a los gobernantes, habrían de actuar como servidores públicos, empleados de los ciudadanos y sometidos al control efectivo de la sociedad civil, no a la inversa.

Comencemos a enderezar el grave entuerto de la politización de los ciudadanos y dirijámonos a la deseada civilización de los políticos.

En ese orden de ideas, sí los representantes del sector político que buscan el apoyo popular para lograr el cese de la usurpación y retomar el poder democráticamente, expresaren de manera nítida e inequívoca su compromiso de que al lograrse el cambio político dedicarán toda su atención al cumplimiento de las funciones esenciales del Estado y que, en consecuencia, procederán a transferir a los ciudadanos la propiedad y el control de todos los activos y derechos productivos que hoy son propiedad del Estado, nos señalarían una creíble intención de cambio real.

La transición política sólo ocurrirá, sólo se estabilizará y sólo se consolidará con un inmenso apoyo de la sociedad civil. Este apoyo no será un cheque en blanco, estará condicionado a la efectiva transición hacía un nuevo modelo de país.

El diseño de ese nuevo modelo de país ha de ser el resultado de un nuevo Pacto Social que satisfaga, motive y entusiasme a la gran mayoría de los ciudadanos. En esa negociación, los políticos han de actuar como el conducto a través del cual ese modelo de país deseado quede plasmado en leyes y políticas públicas.

Entre las muchas leyes que en materia económica han de ser modificadas o derogadas, urgen aquéllas necesarias para atraer inversión al país luego de verificado el cambio político, entre las que se pueden mencionar las siguientes:

  • Ley de promoción y protección de inversiones extranjeras;
  • Ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés social;
  • Ley de tierras

"El status quo es la única solución que no puede ser vetada" Clark Kerr

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@juanriquezes

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