MIAMI.- El departamento de prisiones del condado Miami-Dade dio a conocer la cifra de detenidos que tiene en su poder por pedido de ICE (la Agencia de Inmigración y Aduanas) desde el 27 de enero hasta el 3 de agosto.
En total son 463 los detenidos por requerimientos de la autoridad migratoria federal. Como se sabe, después de emitida la orden ejecutiva del presidente Donald Trump (26 de enero de 2017) sobre la prohibición de que las llamadas “ciudades santuario” que no cooperaran con las autoridades centrales pudieran recibir fondos federales, el alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez, produjo una directiva en la que ordenaba al sistema de prisiones del Condado que hiciera efectivo el requerimiento de ICE para que la autoridad de cárceles retuviera a un prisionero por más del tiempo debido, sin cargo a la administración federal.
De esos 463 detenidos, 319 tenían antecedentes penales. De acuerdo con las estadísticas publicadas por el departamento de prisiones, 329 finalmente fueron dejados en libertad. 134 aún están en custodia de las autoridades carcelarias, 65 ya no son requeridos por ICE y 174 quedaron a disposición de esa agencia migratoria.
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Según ICE, las noticias del aumento de puntos de control y redadas son "falsas, peligrosas e irresponsables".
(CORTESÍA: Prensa Libre)
Llama la atención que sea tan alta la cifra de quienes han sido liberados y los que, efectivamente, pasan a jurisdicción de las autoridades migratorias federales. De acuerdo con el asesor de Comunicaciones del Condado, Mike Hernández, “lo que querían [las autoridades federales] era la cooperación del Condado para estudiar un caso migratorio y si querían arrestar a esa persona”.
Demandas
Tanto la directiva de Giménez, como la decisión del Condado que la ratificó, han sido demandadas en dos casos distintos.
En el pasado mes de marzo un juez de una corte estatal del condado Miami Dade, Milton Hirsch, determinó ante la demanda interpuesta por un ciudadano haitiano en proceso de deportación, que la política migratoria del condado, destinada a evitar represalias del gobierno central, violaba la Décima Enmienda la cual limita el alcance de la autoridad federal sobre los estados.
Si bien la demanda no evitó que el demandante, James Lacroix, quedara en poder de las autoridades migratorias federales, sí planteó un primer cuestionamiento legal no sólo para la política migratoria condal, sino para la del gobierno de Trump.
De acuerdo con Hernández, el próximo viernes, 11 de julio, los abogados del condado tendrán que presentar el resumen de la apelación ante esa demanda. “Tendrá que ser decidida por la corte de apelaciones estatal del Condado Miami-Dade. La decisión del juez puede tomar semanas e incluso meses”.
La segunda demanda corrió por cuenta de un ciudadano estadounidense, de origen hondureño, quien de manera equivocada fue objeto de deportación.
Un equipo de abogados compuesto, entre otros, por la Unión de libertades civiles de América (ACLU), la clínica legal de la Universidad de Miami, demandó tanto al Condado Miami-Dade como a su alcalde, por arrestar a una persona sin orden de captura y mantenerla detenida de manera ilegal.
Según Hernández esta es una demanda federal, los abogados del condado deben responder en dos semanas. “Este es un caso que apenas está en sus inicios”, precisó.
Añadió, sin embargo, que sigue en pie la ratificación de la Comisión del Condado Miami-Dade sobre la política migratoria del alcalde Giménez y, por lo tanto, del departamento de prisiones.
Eso quiere decir, por lo tanto, que continúan las detenciones por pedido de ICE y la posibilidad de que los arrestados terminen en un proceso de deportación.
