MIAMI.- Un informe conjunto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y de la clínica de derechos humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami (UM), muestra un panorama preocupante en relación con los derechos humanos y la pobreza en el sur de la Florida.

Dicho informe será presentado al relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y extrema pobreza.

De acuerdo con el reporte de ACLU y UM, en la actualidad hay 33.000 indigentes en Florida. De ellos, 18.000 viven el refugios y 15.000 permanecen en las calles.

En el condado Miami-Dade, según el reporte, hay 4.235 desamparados. Es la cifra más alta en todo el estado y su desglose es aún más preocupante. De esa suma, hay 447 indigentes crónicos, 1.963 en refugios de emergencia, 982 que viven en las calles sin residencia alguna, 337 que no pueden conseguir techo alguno y su condición es crónica, y 28.000 que se encuentran en la lista de espera para obtener el beneficio de una vivienda pública.

Derecho a votar

“En Florida, una persona condenada por un crimen grave pierde su derecho al voto, así como el derecho a ser jurado de conciencia, a tener un cargo público, portar un arma de fuego […]”, según lo expresado por el reporte de ACLU y UM.

El Estado del Sol ocupa el primer puesto en negarle el derecho al voto a quienes fueron condenados por un delito y cumplieron su pena. Hay 1.6 millones que no pueden ir a las urnas.

La comunidad afroamericana es la más impactada. El 7.4% de su población adulta tiene negado el derecho a elegir y ser elegido. En la Florida, de acuerdo con las cifras del informe, los negros contabilizan cerca de un tercio de quienes han perdido el derecho al voto, y esto es más impactante si se tiene en cuenta que esa comunidad forma el 16% del total de la población del estado.

El 12.4% de la población hispana tampoco puede votar. Eso en números significa 119.100 condenados que cumplieron su sentencia pero no pudieron recuperar, por leyes del estado, su derecho al sufragio.

El gobernador de la Florida estableció entre cinco y siete años para reestablecer el derecho del voto. Pero si un condenado o condenada, durante ese proceso de clemencia, comete la menor infracción, un delito menor, el proceso se suspende y esa persona es obligada a reiniciar el periodo de espera.

La población de bajos ingresos es también la más afectada. Recuperar el derecho al voto vale, en promedio, 8.000 dólares, de acuerdo con lo establecido por el reporte de ACLU y UM. Por lo tanto, quienes tienen más dinero pueden recuperar ese importante derecho mucho más rápido que quienes tienen serios problemas económicos.

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