MIAMI.-El distrito escolar del condado Miami-Dade se unió a la demanda colectiva contra la polémica ley de educación HB7069, aprobada por el gobernador de la Florida Rick Scott el pasado 15 de junio.
Pero, al mismo tiempo, explorará otras opciones con el fin de afrontar los problemas que podría generar esa ley vigente desde el pasado primero de julio. Por ejemplo: el superintendente del distrito escolar de Miami-Dade pedirá una sesión especial del Congreso estatal para discutir el tema de la educación y los efectos de esa ley.
De acuerdo con Luís García, de la oficina del abogado del distrito escolar, la demanda tiene una base legal muy sólida pero es difícil predecir el resultado de la misma o cuánto se tomará la corte en fallar a favor o en contra.
Por el momento, hay dos conceptos básicos que guía la querella legal: la HB7069 le quita facultades legales a los distritos escolares para controlar las escuelas chárter, financiadas con dineros públicos pero administradas por empresas privadas; y precisamente esa ley desvía importantes fondos públicos, necesarios para el sostenimiento de la infraestructura pública de educación, hacia ese sistema de colegios por concesión, cuyos edificios serían construidos y mantenidos con dineros delos contribuyentes.
La manera como será financiado este pleito legal, por parte del distrito escolar de Miami-Dade, será a través de fondos no obtenidos de los contribuyentes, como los provenientes por el acuerdo legal que hubo con la empresa petrolera BP.
Los recursos para esa demanda no podrán superar los $30.000. Si sobrepasa esa suma, deberá tener aprobación de la junta escolar.
Jubilo y críticas
De entrada, la HB7069 fue aprobada en medio de un gran debate porque, según sus críticos, se hizo a espaldas no sólo del público sino de los mismos legisladores estatales, a puerta cerrada, y a favor de intereses creados provenientes de las empresas y organizaciones que apoyan las escuelas chárter.
En un primer momento, el gobernador Scott vetó esa ley, buscaba más fondos para el sistema público, pero al final el Congreso estatal aceptó sus objeciones, y la máxima autoridad de la Florida firmó la ley.
El presidente de la Cámara estatal, Richard Corcoran, calificó esa ley como la más transformadora de la historia de la Florida, a favor de los padres de familia, de los estudiantes, de los profesores y del sistema de educación público. Termina con la fábrica de fracasos”. En el mismo comunicado en el que señaló lo anterior, enumeró la cantidad de temas que abarca esa ley de educación lo que, precisamente, también es materia de la demanda.
De acuerdo con Corcoran, la ley “premia a los mejores profesores y directores de colegios. Les da bonos a los profesores más efectivos. Regresa el foco en la educación cívica y les enseña a nuestros estudiantes que hace a nuestro país maravilloso. Les da becas a los alumnos minusválidos. Ordena recesos en las escuelas. Reduce los exámenes. Y por último, aporta más dinero al salón de clases al hacer que esos recursos sigan a los estudiantes. En otras palabras, les da esperanza y dignidad”.
Un memorando del distrito escolar del condado Broward, cita a la constitución de la Florida que prohíbe que una ley abarque materias que van más allá de su título. De acuerdo con el documento de ese distrito escolar, “el título con la introducción consume 19 páginas y la ley hace cambios en diferentes normas relacionadas con la educación”.
Otro punto de la ley que es considerado sensible por los demandantes, es que al compartir los dineros públicos con las escuelas chárter, podría vulnerar la calificación de riesgo de los bonos de deuda de los distritos escolares.
Según un análisis de Moody´s -una de las agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo- sobre ese tema, sólo 3 de los 46 distritos escolares comparten su presupuesto del valor de la propiedad con las escuelas chárter.
“El mandato [de la ley HB7069] es crédito negativo para un distrito escolar con un número significativo de estudiantes inscritos en los colegios chárter porque tendrán que transferir recursos que fueron con anterioridad destinados para proyectos de infraestructura en los colegios tradicionales, a los chárter localizados dentro dicho distrito”, indicó Moody´s.
De acuerdo con esa agencia calificadora de riesgo, más recursos para los colegios chárter significa “una gran presión en los presupuestos públicos para infraestructura [construcción de nuevos edificios escolares y mantenimiento de los existentes]. Desde esa perspectivas, a los distritos escolares se les reducirá su capacidad de cortar el gasto ante el envejecimiento de sus instalaciones educativas [y la necesidad de repararlas] y la necesidad de retener a los estudiantes”.
El distrito escolar de Miami-Dade llega al año escolar 2017-2018 sin escuelas calificadas como F. Ninguna será cerrada por bajo rendimiento. Sin embargo, a juzgar por los críticos de la ley y por la misma demanda que ya está en las cortes, el sistema público de educación de la Florida, con la HB6970, estaría al borde de incumplir su mandato constitucional: darles a los niños del Estado los recursos y los medios para una educación gratuita de calidad.
