Luego de doscientos años de independencia, la historia de casi todos los países latinoamericanos ha demostrado claramente que cada vez que un grupo político exalta principios ideológicos para acceder al poder, luego de lograrlo dedica todos sus esfuerzos a cooptar las instituciones y modificar las leyes con el único propósito de mantenerse en el poder, con pésimas experiencias para nuestros pueblos.

La Real Academia de la Lengua Española define “Ideología” como el “Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Cuando se le apellida como ideología política, se refiere a las ideas propugnadas por un grupo o movimiento político que actúa bajo la pretensión de ser el único capaz de explicar cómo es que la sociedad debería funcionar.

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Dicha pretensión encuentra generalmente su justificación en la incapacidad de los débiles ciudadanos para lograr por ellos mismos el bienestar individual y colectivo. Lo que diferencia a las distintas ideologías políticas es que no todas definen igual al bienestar ni proponen el mismo camino para lograrlo. Las más radicales, casi que invariablemente todas las de izquierda, sostienen que para el logro del único bienestar necesario, el colectivo, se requiere limitar, expropiar o confiscar bienes, propiedades y derechos individuales a una parte de la colectividad para ser distribuidos entre los menos favorecidos.

La utilidad que para las naciones han tenido las ideologías políticas es inversamente proporcional a las carencias educativas de sus pueblos. Irónicamente, los pueblos más ignorantes han sido presas fáciles de las ideologías más perversas y perniciosas, derivando casi siempre en dictaduras tiránicas y sanguinarias, como las que hoy agobian a Cuba y Venezuela.

La carga ideológica es sólo una llave que abre las puertas al poder a estos tiranos, quienes ya posesionados se olvidan de los nobles objetivos que pregonaron y se dedican a bloquear todas las salidas democráticas, para mantener por el mayor tiempo posible su usurpación.

En la acera opuesta, encontramos el pragmatismo, una corriente filosófica surgida en los Estados Unidos a finales del Siglo XIX caracterizada por la búsqueda de los efectos prácticos del pensamiento. Entre sus principales impulsores se señalan a Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James.

Cuando advertimos que luego de un período de dieciocho años en los que Venezuela recibió ingresos mayores a todos los que obtuvo durante todo el siglo XX, el pueblo venezolano carece hoy de la satisfacción de las más básicas necesidades para la vida, que en términos de la pirámide de Maslow, corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad, no queda sino llegar a la diáfana conclusión de que las ideologías no fueron capaces de lograr el tan anhelado bienestar y de que a mayor precariedad en la cobertura de necesidades básicas de la población, mayor pragmatismo ha de utilizar el Estado y sus gobernantes para lograr su satisfacción.

Incluso luego de cubiertas las necesidades básicas y avanzando hacia la cúspide en la referida pirámide, las tendencias mundiales apuntan a un mayor y más sostenido crecimiento de las sociedades cuyos gobiernos siguen la corriente del pragmatismo, como muy bien lo refleja el pensamiento de Andrés Oppenheimer al sostener que “Mientras los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado”.

Nuestra propuesta para Venezuela se inscribe dentro de la corriente del Pragmatismo, recomendando que todos los funcionarios públicos dirijan prácticamente toda su atención a resolver los ingentes problemas concretos y actuales que afectan a los ciudadanos, mientras que simultáneamente y bajo un esquema de financiamiento exento del control político, todos los venezolanos, sin excepción, dispongan de la oportunidad de obtener una educación de calidad que los convierta en ciudadanos propietarios de sus propios futuros.

A tal efecto, Control Civil ha propuesto varias líneas de acción muy pragmáticas tendentes a lograr esos objetivos.

Por una parte, se ha propuesto sustraer del ámbito de administración de los funcionarios públicos todos los activos del Estado con capacidad productiva y constituir un Fideicomiso, que sería propiedad de todos los ciudadanos venezolanos, para administrar tales activos bajo normas corporativas y estándares internacionales. Con ello se lograría evitar que los funcionarios públicos desvíen la atención de sus principales funciones, al tiempo de generar los recursos que permitan dedicar los mayores esfuerzos de los próximos 50 años a la educación de los venezolanos.

Por otra parte, también se ha propuesto aprovechar los procesos electorales y el desarrollo de la tecnología de la información para que los ciudadanos no sólo elijan candidatos, sino que también seleccionen democráticamente las instrucciones precisas a ser impartidas a los gobernantes, sobre las necesidades a las que deben dedicar sus mayores esfuerzos mientras duren sus mandatos. Ello se implantaría mediante un esquema que permita al Poder Civil medir los resultados de la gestión gubernamental de cada funcionario electo y confrontar esos resultados con las instrucciones giradas por los electores, derivándose de ello bonificaciones económicas para los buenos gobernantes que logren objetivos o referendos revocatorios automáticos para los que no lo hagan.

Con propuestas pragmáticas como éstas que buscan ubicar al ciudadano, como nunca antes, al centro de la acción del Estado, no dudamos en aseverar que al cabo de un par de generaciones, los venezolanos seríamos ciudadanos robustamente formados, conscientes de la necesidad de lograr la armonía entre el crecimiento individual y colectivo de la sociedad y suficientemente capacitados para elegir a los gobernantes o ser electos como tales.

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@juanriquezes

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