No permitir que el “tema Venezuela” decaiga en los foros internacionales es el propósito actual del Departamento de Estado de EEUU. “Queremos asegurarnos de que el tema de una transición en Venezuela siga siendo muy importante en la agenda internacional” afirmó un “alto funcionario” del Departamento de Estado en una rueda de prensa el 23SEP19 en Nueva York en el contexto de la primera semana del segmento “de alto nivel” de la Asamblea General de la ONU de este año.

Si bien los periodistas que participaron en esa rueda de prensa se comprometieron a no divulgar el nombre del “alto funcionario”, sus respuestas dejan ver que muy probablemente se trataba del Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela Elliot Abrams.

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El “gobierno Guaidó” no ha recibido ninguna propuesta externa para una acción militar sobre Venezuela. Esa afirmación fue reiteradamente hecha por la académica María Teresa Romero durante un foro sobre el destino de Venezuela realizado en Miami el 18SEP19 organizado por el Interamerican Institute for Democracy. Romero, quien ejerce como Embajadora representante de Guaidó ante el gobierno de Guatemala, afirmó que los “socios internacionales nos han dicho no vamos a usar las armas”.

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La hipótesis de una acción militar de EEUU o de una coalición internacional ha sido recurrentemente utilizada de forma propagandística por el chavismo durante las últimas dos décadas. El anuncio de Donald Trump de mediados del 2017 sobre tener “todas las opciones sobre la mesa” sirvió para dar ánimo a interpretaciones tanto del chavismo como de los sectores democráticos sobre la inminencia de una operación de guerra externa sobre Venezuela. Hasta la fecha ninguna autoridad de los EEUU, de Colombia o de Brasil se ha comprometido con una operación de dicho tipo.

El 18SEP17 Trump fue el anfitrión de una cena en Nueva York a la cual convidó a mandatarios latinoamericanos para conversar abiertamente sobre la opción militar. Estaban presentes Juan Manuel Santos de Colombia, Michel Temer de Brasil, Juan Carlos Varela de Panamá y la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti. El propio Trump ha comentado que esa noche comprendió que no habría apoyo latinoamericano a una acción militar de EEUU sobre Venezuela. Por cierto, Trump repitió este año su iniciativa de congregar en Nueva York a mandatarios latinoamericanos para, aprovechando su presencia con motivo de la Asamblea General de la ONU, pasar revista sobre la situación en Venezuela.

En la reunión celebrada en la mañana del 25SEP19 participaron los mandatarios de Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Panamá así como ministros de otros once países. El argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro no asistieron al encuentro ya que ambos, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU el día anterior, partieron raudos a sus respectivas capitales por razones electorales el argentino y por recomendaciones médicas el segundo. En esta ocasión estaban en la mesa dos venezolanos representantes del “gobierno Guaidó”, el “canciller” Julio Borges y el representante diplomático ante la Casa Blanca Carlos Vecchio. Trump se hizo acompañar por tres Secretarios: el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario del Tesoro Steve Mnuchin y el secretario de Comercio Wilbur Ross, los dos primeros son los responsables de administrar las sanciones sobre el régimen chavista y Ross es el encargado de diseñar el programa para el “día siguiente” en una Venezuela postchavista. Coordinar sanciones internacionales sobre el régimen chavista era el propósito de esta reunión. El tema militar no fue mencionado por Trump salvo para denunciar el apoyo de Cuba (e implícitamente de Rusia) al régimen chavista.

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En la rueda de prensa del 23SEP19, Abrams afirmó que “la política que usted ve es nuestra política; es decir, de presión política económica, financiera y diplomática sobre el régimen [de Maduro]. El alto vocero estadounidense afirmó que la activación del “Tratado de Río” o “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” que ese mismo día se reuniría en Nueva York, era visto por Washington como un “mecanismo de coordinación muy útil para las presiones económicas y diplomáticas” y descartó que se destinara a una acción militar.

“Hay una serie de países en el hemisferio que no tienen una base legal en su legislación nacional para la imposición del tipo de sanciones de las que estamos hablando. Se supone que el Tratado de Río es obligatorio para las personas que lo integran. Entonces, si la reunión de ministros adopta, digamos, una propuesta para restringir los viajes según los regímenes del régimen, entonces tendrían la base legal para implementar eso en cada uno de los países firmantes del tratado. Lo mismo con las sanciones económicas”.

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A media tarde del 23SEP19 se produjo en Nueva York la prevista reunión de cancilleres de los países miembros del Tiar. El gobierno de EEUU estuvo representado por el Subsecretario de Estado de EEUU, John J. Sullivan. La resolución aprobada contó con los votos favorables de Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, EEUU, Guatemala, Honduras, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y por el enviado de Guaidó en representación de Venezuela, mientras Trinidad y Tobago optó por abstenerse. El vicecanciller de Uruguay Ariel Bergamino votó en contra y su gobierno anunció que procedería a denunciar el Tratado de Río para abandonar el mecanismo. La delegación uruguaya exigió la inclusión de un “píe de página” en el texto de la resolución en el cual afirma que “en virtud de que Uruguay no reconoce como representantes de Venezuela ante la OEA a los designados por el Presidente de la Asamblea Nacional de dicho país, la convocatoria al Órgano de Consulta del TIAR en este caso se considera carente de validez jurídica”.

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La resolución aprobada por el Tiar no incluyó acciones de tipo militar sobre Venezuela. “Identificar o designar personas” del régimen de Nicolás Maduro asociadas a “actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional” o que “hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos” fue el epicentro de la decisión adoptada por el Tiar. Las conclusiones del Tiar, según el gobierno de EEUU, facilitarán a los permitirá implementar sanciones ya aprobadas en contextos como el del Grupo de Lima pero que carecían de base legal en cada país.

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Además de Latinoamérica, la diplomacia de EEUU se mueve sobre la Unión Europea para incrementar las sanciones al régimen chavista. Las negociaciones Guaidó-Maduro auspiciadas por el gobierno de Noruega, mantenían suspendida la aprobación de nuevas sanciones europeas. Tras el anuncio de Maduro del 07AGO19 sobre su decisión de levantarse de las conversaciones seguidas en Barbados, la Unión Europea habría garantizado a EEUU que en breve retomaría la vía de sanciones al régimen chavista. Un alto funcionario del Departamento de Estado habría viajado a Bruselas a principios del mes de septiembre para tratar ese tema. El 23SEP19 Abram afirmó en Nueva York que “hay un conjunto de sanciones que están directamente relacionadas con la tortura y el asesinato del Capitán Acosta. Creo que será el primer conjunto de sanciones europeas. Y luego nos gustaría ver lo que creemos que prometieron, que son las sanciones que afectan a objetivos más amplios en el régimen”. Cuatro días después, el 27SEP19, la Unión Europea publicó un listado de siete funcionarios de organismos de seguridad venezolanos a los cuales impuso sanciones alegando “la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela” que “constituye un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos”.

El 01NOV19 debería producirse el cambio de mando en la conducción de la política exterior de la UE. Hasta ahora se da como un hecho la escogencia del español Josep Borrell como nuevo Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Borrell, en su condición de Ministro de Exteriores del gobierno socialista español ha mantenido una línea de apoyo moderado a la aplicación de sanciones al gobierno Maduro y de promoción de esquemas internacionales de negociación política en Venezuela. Según fuentes en Madrid y Washington, ya el Departamento de Estado ha sostenido conversaciones con Borrell sobre el “tema Venezuela” y la ampliación de sanciones.

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