MIAMI.- Enfrascado en un proceso judicial que cuestiona la solicitud de iniciar un proceso revocatorio contra el comisionado Joe Carollo, el juez Alan Fine falló que el grupo en cuestión no cumplió con la fecha estipulada para entregar las firmas necesarias.

Según el fallo, el grupo Take Back Our City, o recuperemos la ciudad, que quiere destituir al comisionado Carollo, tenía 30 días para entregar las firmas, acorde a la ley de Florida.

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El proceso de recogida de firmas comenzó el 1 de febrero y el grupo comunitario alegó que febrero tuvo 29 días y el 1 de marzo fue domingo, correspondería hacer la entrega el lunes 2.

De cualquier manera, los datos correspondientes a las firmas recaudadas fueron enviados por email el sábado 29 de febrero, pero el juez determinó que “sólo las peticiones originales podían ser examinadas para la verificación de firmas”.

No obstante, el grupo comunitario alegó que entregó la documentación requerida el lunes 2, 1.916 firmas, o sea 318 más de las requeridas por la ley en este caso, porque, como se mencionó antes, el día 1 la oficina del ayuntamiento estaba cerrada.

"Me siento honrado de que el fallo del juez Fine me permita continuar trabajando para promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los miamenses", declaró Carollo, quien además alegó que "intereses especiales intentan destituir a un comisionado que actuó para servir a la comunidad y sus ciudadanos, y no para realizar acuerdos secretos que solo benefician a poderosos".

Más tarde, el abogado Juan Carlos Planas, que representa al grupo Take Back Our City, declaró que “la decisión es incorrecta” y que “apelará el fallo” ante una instancia superior porque “se ha subestimado el derecho de los votantes”.

Hace apenas seis meses, Planas alegó haber descubierto “una serie de correos electrónicos entre la abogada del ayuntamiento, Victoria Méndez, y tres asistentes que denotan conspiración”, en los que “expresan claramente cómo parar un proceso revocatorio” y si “la defensa de un comisionado en cuestión puede ser pagada por el ayuntamiento”, entre otros asuntos.

Entretanto, Carollo declaró “los abogados de la ciudad tienen derecho, bajo la ley, a comunicarse entre ellos, investigar y preguntar sobre los pormenores del proceso legal”.

Aparecen en esta nota:

 

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