WASHINGTON.- dpa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró este miércoles preocupada ante la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela.

La Comisión expresó su preocupación por que el decreto pueda "comprometer el respeto del Estado de Derecho y la separación de los poderes estatales".

"La CIDH observa que este decreto dota al Poder Ejecutivo de poderes discrecionales; y que a través de un lenguaje amplio y ambiguo establece conceptos como el de 'acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional' para posibilitar la adopción de medidas de seguridad pública y 'planes especiales", señaló la Comisión a través de comunicado.

La Comisión recordó que, en el contexto de desabastecimiento que afecta al país y la violencia que éste conlleva, el decreto atribuye funciones de control ciudadano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La CIDH advirtió que este decreto "podría constituir restricciones severas para la libertad de expresar ideas políticas, el debate público, el derecho de la población a recibir información de una diversidad de fuentes y el ejercicio del derecho a manifestar, todo lo cual afecta el pluralismo político que es un principio fundamental de toda sociedad democrática".

La Comisión consideró que el decreto en cuestión "vulnera el artículo 222 de la Constitución de Venezuela al atribuir a la Presidencia la potestad de decidir la suspensión temporal de la ejecución de 'sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público', función de control propia de la Asamblea Nacional".

La CIDH, que vela por los derechos humanos en la región, también se mostró preocupada por "el desconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional mediante el control político gubernamental del Tribunal Supremo de Justicia".

La Comisión recordó al Estado venezolano "su obligación de garantizar los derechos humanos de la población" y reiteró su llamado a "garantizar un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país, como parte de su derecho a vivir en una democracia respetuosa del Estado de Derecho, la separación de los Poderes del Estado y con plena vigencia de los derechos humanos".

El pasado 13 de mayo, el Gobierno de Nicolás Maduro declaró "el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica por 60 días, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional", tras el vencimiento del Decreto de Emergencia Económica dictado en enero pasado.

Dicho decreto fue rechazado el 17 de mayo por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición tras las elecciones legislativas de diciembre. El Tribunal Supremo de Justicia declaró el 19 de mayo su constitucionalidad.

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