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Venezuela está sumergida en un estado de emergencia humanitaria. Los severos recortes que alcanzaron 60% en la importación de medicinas y alimentos en 2015, afectaron dramáticamente la dinámica de la vida de la población que carece de alternativas locales para mitigar esas carencias.

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La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) traduce las emergencias complejas como “una crisis humanitaria grave que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y pueden hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades, sobre todo cuando se ven agravadas por peligros naturales y enfermedades como el VIH/SIDA, los cuales menoscaban los medios de vida y acentúan la pobreza”.

Para responder a una emergencia humanitaria compleja como la venezolana, es necesario utilizar los mecanismos de protección internacional en forma conjunta, explica Jo D’elia, activista de derechos humanos y especialista en el derecho a la salud.

Emergencia en Salud

La denegación de medicinas y de atención médica en los servicios de salud públicos unido a una extrema pobreza e inseguridad alimentaria, han incrementado y cambiado los patrones de enfermedad, así como la discapacidad y la mortalidad en Venezuela, de acuerdo con el Reporte Nacional del Derecho a la Salud realizado por 11 organizaciones no gubernamentales: Acción Solidaria, Asociación Venezolana para la Hemofilia (AVH), CEPAZ (Centro de Justicia), CODEVIDA (Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida ), CONVITE, Defiende Venezuela, Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Observatorio Venezolano de la Salud (OVS), Prepara Familia, PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos; ), y Senos Ayuda.

Desde hace tres años, 18,7 millones de personas no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a sus tratamientos. Entre ellas, 7,4 millones de hipertensos y 2,4 millones con diabéticos; 6 millones con infecciones respiratorias agudas (42% menores de 5 años) y 2,2 millones que sufren de diarreas (39% menores de 5 años) de acuerdo con los reportes el Ministerio de la Salud hasta 2016.

Malaria, tuberculosis y difteria

Venezuela forma parte de los 41 países con alto número de casos de malaria. En 2017 se presentó una epidemia con la detección de 406.000 enfermos, que generaron la muerte de 280 personas en 2016, y 1.500 en 2018. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la emergencia y ha dispuesto apoyar al país suramericano junto a Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, con situación similar.

En 2018, la OMS alertó que Venezuela presentaba el mayor incremento de casos del mundo debido a la drástica reducción de las campañas antipalúdicas. Los registros hasta abril de 2018 muestran la extensión de la epidemia a todo el territorio nacional, pasando a concentrar 60% de los casos de América Latina.

Pero ésta no fue la única enfermedad que proliferó en el país, también hubo brotes de tuberculosis, difteria y sarampión.

Hubo al menos 10.952 casos de tuberculosis, intensificándose en las cárceles debido a las condiciones de hacinamiento y desnutrición de la población penal. El reporte de salud advierte que “el repunte de esta enfermedad es reflejo del empeoramiento de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la población, siendo más vulnerables las personas con VIH, los reclusos y los pueblos indígenas. De acuerdo con la OMS, 60% de los casos en 2017 correspondía a personas con VIH; pero, entre 2011 y 2015, se intensificaron en la población carcelaria, aumentando 833%”.

Entre la difteria y el sarampión suman 9.362 hasta 2018, con 230 muertes. Estas epidemias se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación.

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Los hospitales venezolanos sufren una grave crisis.
Los hospitales venezolanos sufren una grave crisis.

El personal de salud y las sociedades científicas denunciaron la reaparición de la difteria durante 2016, luego de dos décadas de erradicación, causando la muerte de 17 infantes en abril de ese año, que fueron desestimadas por las autoridades nacionales y regionales.

De septiembre de 2016 hasta agosto de 2018, la difteria se transformó en epidemia, subiendo de 320 a 1.217 casos confirmados, de 1.992 sospechosos y se extendió a 20 estados del país con 168 personas fallecidas, en su mayoría niños y niñas. Mientras que, el primer caso de sarampión se confirmó en 2017. A partir de ese año hasta septiembre de 2018, los casos aumentaron de 727 a 5.332 confirmados, sobre 7.370 sospechosos en total, presentes en todos los estados del país con 64 defunciones y una mayor incidencia en los estados Delta Amacuro, Distrito Capital y Amazonas. Las bajas coberturas de vacunación son su principal causa. De acuerdo con el estudio de ENCOVI en 2017, 54% de los niños no había recibido la primera dosis contra el sarampión y a 30% le faltaba las vacunas contra la difteria.

Enfermedades crónicas

  • Más de 300.000 personas con distintas patologías: trasplantadas, hemofilia, cáncer, párkinson, esclerosis, hipertensión pulmonar, y otras fueron privadas de medicamentos desde 2016.
  • Hasta el año 2018, 3.000 trasplantados dejaron de recibir inmunosupresores y, como consecuencia, 96 sufrieron rechazo de sus órganos y más de 20 han fallecido
  • A 5.000 personas con hemofilia se les negaron factores de coagulación para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica y, por esta razón, murieron 43 con esta patología, y 270 se encuentran en riesgo de morir.
  • 33.000 personas con párkinson no cuentan con sus medicamentos, lo que puede generales complicaciones, e incluso la muerte.
  • 8.000 mujeres con cáncer de mama, 13.000 con linfoma, 2.700 con esclerosis múltiple, 200 con hipertensión pulmonar, entre otras, han sufrido daños a su salud y corren peligro de perder la vida, sentencia el informe.
  • Las posibilidades de sobrevivir para las 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han sido reducidas por la ausencia de diagnósticos, tratamientos y cirugías.
  • De las 25 unidades de radioterapia existentes en el país, solo operan cuatro y las cirugías disminuyeron 50%, según la Alianza Venezolana para la Salud.
  • Para las más de 300.000 personas con condiciones cardíacas severas, la situación no es más alentadora, 78% de los centros públicos de referencia no están en capacidad de atender una emergencia.
  • La Sociedad Venezolana de Cardiología ha advertido que 39% de los centros de salud pública no pueden hacer un electrocardiograma, ninguno realiza exámenes en caso de infarto y 88% no práctica exámenes sanguíneos de ningún tipo; 68% no cuentan con las medicinas indicadas ni efectúa cateterismos; 93% no hace angioplastias y 92% carece de aspirinas.

Emergencia en alimentación

Los efectos de la emergencia humanitaria se traducen en hambre, inseguridad alimentaria, malnutrición, vulnerabilidad y riesgo, de acuerdo con el más reciente Reporte sobre el Derecho a la Alimentación (diciembre 2018) elaborado por Fundación Bengoa, Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) y la Red Agroalimentaria de Venezuela.

Aunque la emergencia humanitaria en alimentación compromete severamente este derecho humano para los 31.8 millones de habitantes del país, existen poblaciones y comunidades en extrema pobreza por los efectos del hambre y la desnutrición. Por esta razón, Venezuela actualmente se encuentra entre los países del mundo con grave inseguridad alimentaria.

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Vista de un mercado en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela.
Vista de un mercado en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela.

“La falta de nutrientes, calorías y proteínas entre la concepción y el final de los 2 años de vida, representa una amenaza para el crecimiento y desarrollo físico, mental y social de las nuevas generación. Es una situación irreversible”, afirma el documento de la sociedad civil.

Entre las consecuencias directas en el ámbito alimentación, el reporte destaca:

  • 94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos por las extremas condiciones de privación económica.
  • 80% de los hogares venezolanos vive en inseguridad alimentaria por el cierre de establecimientos, la escasez y costos de los alimentos y las dificultades para cocinar por falta de agua, gas y electricidad.

  • 64% de los venezolanos había perdido unos 11 kg de peso entre 2016 y 2017, por el acelerado deterioro de la ingesta de alimentos en la cantidad y calidad necesaria, siendo más afectados los niños y las mujeres.

  • De 5% a 11,5% subió el porcentaje de población subalimentada en Venezuela entre 2016 y 2018, y la desnutrición aguda global alcanzó porcentajes de emergencia en niños menores de 5 años y embarazadas de parroquias pobres.

  • 25.000 embarazadas no reciben control prenatal y 7.500 se controlan tardíamente en el octavo y noveno mes de embarazo, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
  • 33% de los niños entre 0-2 años de edad de sectores pobres tiene retardo de crecimiento según el indicador talla/edad; exponiéndolos a irremediables trastornos del desarrollo y enfermedades a futuro.
  • Ante las políticas de privación y dependencia, que incluye la negativa a reconocer la emergencia y no publicar cifras oficiales, las familias se han visto forzadas a adoptar estrategias de sobrevivencia, incluyendo emigrar.

De acuerdo con ambos informes sobre el derecho a la salud y a la alimentación “la combinación de estas emergencias disminuye las probabilidades de que los niños más pequeños y las embarazadas que sufren de desnutrición severa tengan oportunidad de sobrevivir“.

"No es lo mismo morir por una condición de salud que por una acción deliberada de un Estado como lo que está ocurriendo en Venezuela", señala Francisco Valencia, director de CODEVIDA, quien advierte que mientras haya un régimen que usurpe el poder (Nicolás Maduro) no podrán establecerse los mecanismos de cooperación internacional para que ingrese la ayuda humanitaria en las dimensiones que necesita la población.

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