Los gobiernos europeos han dado 'luz verde' este miércoles a la base jurídica para poder imponer sanciones a personas individuales en Nicaragua por la represión con la que el régimen de Daniel Ortega ha respondido a las protestas en caso de que no mejore la situación en el país centroamericano.

Según ha informado a Europa Press una fuente diplomática, por ahora se trata de "una lista vacía", pero es el primer paso de cara a la imposición de sanciones, un proceso que ya se siguió en su momento con Venezuela. La decisión la deberá formalizar el Consejo, previsiblemente en su próxima reunión.

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Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintiocho ya amenazaron en enero al régimen de Daniel Ortega con explorar sanciones en caso de que la situación en Nicaragua no mejorara para tratar de resolver la crisis en el país.

En marzo, el pleno de la Eurocámara reclamó igualmente a la UE la imposición de sanciones contra el régimen de Ortega y los responsables de las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua por la represión contra manifestantes.

Los eurodiputados pidieron "un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el régimen de Nicaragua y los responsables de violaciones de los Derechos Humanos" hasta que se respeten plenamente los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en el país, así como suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación y de libre comercio entre la UE y Centroamérica, activando para ello su cláusula democrática.

En su resolución, justificaron las sanciones por el aumento de la represión y las restricciones a las libertades fundamentales en el país, como el derecho a la libre expresión, de reunión y manifestación, la ilegalización de las ONG y la expulsión de las organizaciones internacionales del país, así como el cierre de medios y el acoso a periodistas, la expulsión de los estudiantes universitarios y el empeoramiento de las situación en las cárceles para los presos políticos.

La crisis estalló en el país en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno y a lo que el presidente respondió con una dura represión.

El líder 'sandinista' ofreció finalmente un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo el diálogo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

La opositora Alianza Cívica --ahora integrada en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)-- había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El régimen ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 han muerto y otras 2.000 han resultado heridas, mientras que 700 más han sido detenidas y enjuiciadas. Además, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua desde entonces, de las que 55.500 han solicitado protección internacional en Costa Rica.

FUENTE: EUROPA PRESS

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