WASHINGTON — La Organización de los Estados Americanos (OEA) conformó el miércoles una comisión que adelantará gestiones diplomáticas para resolver la crisis política en Nicaragua, como parte de un proceso que podría culminar eventualmente con la suspensión de la nación centroamericana.

La comisión, que tendrá 75 días de plazo para presentar un informe, quedó conformada dos meses después de que su creación fuera aprobada por la OEA durante la Asamblea General que se celebró en Medellín.

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En enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, invocó una sección de la Carta de la Organización que podría ocasionar que su Consejo Permanente tome medidas diplomáticas para restaurar la democracia en Nicaragua. Si esas medidas no logran poner fin al conflicto, el proceso podría conllevar a la suspensión del país de la OEA si 24 naciones están de acuerdo.

El miércoles 21 países votaron a favor de una resolución que designa como miembros de la comisión al subsecretario argentino para Asuntos Americanos, Leopoldo Sahores, a los representantes ante la OEA Elisa Ruiz de Paraguay y Carlos Trujillo de Estados Unidos, y a funcionarios no identificados de Canadá y Jamaica. Tres países votaron en contra, ocho se abstuvieron y dos se ausentaron.

El embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, rechazó el nombramiento de la comisión por considerar que equivale a una intromisión en asuntos internos que no fue solicitada por el Estado nicaragüense.

Trujillo dijo a reporteros tras la sesión que planea solicitar una reunión de consultas de cancilleres para exponerles el informe elaborado por la comisión que él integra.

Apenas días después de que la OEA celebrase su Asamblea General, el gobierno de Daniel Ortega dio por concluido el proceso de diálogo con la oposición que tuvo lugar entre febrero y mayo luego de que la oposición se retiró para presionar por la liberación de 700 personas a las que considera presos políticos. El último fue liberado el 11 de junio.

La oposición quiere que el gobierno restablezca las libertades civiles restringidas tras las protestas callejeras de 2018, permita una reforma electoral y adelante las elecciones previstas para 2021.

Ortega ha descartado salir del poder y ha dicho que su movimiento sandinista está “listo” para ganar los comicios en 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano adscrito a la OEA, no ha podido ingresar a Nicaragua desde que el gobierno de Ortega la expulsó en diciembre de 2018 acusándola de injerencia en asuntos internos.

La crisis en Nicaragua se inició con protestas sociales en abril de 2018 y dejó más de 300 muertos, más de 2.000 heridos, unos 700 detenidos y decenas de miles de exiliados, según datos de la CIDH.

FUENTE: AP

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