MIAMI.- Una juez federal ordenó el 1ro. de mayo pasado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la liberación de inmigrantes recluidos en centros de detención del sur de la Florida, como una medida para hacerle frente al impacto del coronavirus.

A su turno, ICE ha realizado traslados de algunas de esas personas a prisiones en otras zonas del estado, según la abogada de inmigración Kristy Figueroa-Contreras, para propiciar un mayor distanciamiento social durante la pandemia, circunstancia que motivó la sentencia de la jueza federal de distrito Marcia Cooke.

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Mientras tanto, un primer caso de muerte de un inmigrante ya se registró en una prisión de San Diego, como víctima del COVID-19, hecho que prendió las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos de los indocumentados en este país.

La situación de miles de personas “sin papeles” que esperan ser procesadas en instalaciones de ICE no deja de ser preocupante por causa del impacto de esa enfermedad. Por ejemplo, en el Centro de Detención de Krome, en Miami-Dade, se reportaban hasta el 12 de mayo un total de 11 casos positivos del nuevo coronavirus.

Para la abogada de asuntos migratorios, “ICE está buscando la forma de evadir el fallo” y “aceleró” los traslados a fin de “mostrar que los tres centros que menciona la sentencia no tienen problemas de hacinamiento”. También, según la letrada, “quieren hacer ver que todo marcha sin problemas dentro de estos centros”.

Las cárceles en cuestión son el Centro de Detención Krome, en el suroeste de Miami-Dade; el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach, y el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven.

Entretanto, Néstor Yglesias, vocero de ICE en el sur de la Florida, dijo que “no podemos hablar sobre la demanda [fallo]”. Sin embargo, el portavoz afirmó que los casos positivos reportados en el establecimiento de Krome “no son activos” y señaló que “al menos la mitad son personas que ya están recuperadas”.

El fallo

Grupos de derechos civiles presentaron a mediados del pasado mes de abril una demanda colectiva contra ICE para lograr la “liberación inmediata” de unos 1.700 detenidos en esos tres centros de Florida, tras considerarlos “en riesgo de contraer el COVID-19” por falta de “condiciones de distanciamiento e higiene”.

Uno de los demandantes explicó, en su momento, que ese recurso legal fue interpuesto a nombre de una treintena de inmigrantes que se venían quejando por la aparición de casos de la enfermedad en esas instalaciones. Incluso, en lo que respecta al Centro de Detención de Krome, se reportó un altercado entre oficiales y reos a principios de abril.

La jueza que falló a favor de los inmigrantes dijo que encontró “violaciones a las Quinta y Octava Enmiendas” y “fallas” que “han puesto a los demandantes en un riesgo intensificado no sólo de contraer el COVID-19, sino también de sucumbir ante los efectos fatales del virus, ya que algunos demandantes tienen serios padecimientos médicos subyacentes”.

Agregó que el distanciamiento social en Krome “no solo es prácticamente imposible”, sino que “las condiciones empeoran cada día”, y en cuanto a la cárcel de Glades explicó que “las literas están separadas por 30 centímetros”.

Señalamientos

Por su parte, la abogada Figueroa-Contreras añadió que tiene conocimiento de que los encargados de los centros de detención de Miami-Dade, Broward y Glades “están vaciando” esos lugares para “tratar de mostrar que cumplen con la orden de la juez”.

La letrada anotó que “ICE no ha dado cifras” de personas trasladas a otros establecimientos, “ni tampoco ha dicho a cuáles”, y que toda la información “se sabe por los abogados de los detenidos”

En su opinión, se trata de “un traslado estratégico para evadir una orden”, cuando ya “muchos estaban celebrando por la salida de sus familiares”.

Acotó que un “punto significativo” del fallo es que no “especifica cómo se debe evaluar la liberación de un detenido”, lo que, de acuerdo con la abogada, “permite que ICE niegue la salida a detenidos que no representan peligro a la sociedad ni peligro de fuga”.

¿Qué dice ICE?

Entretanto, el vocero de ICE afirmó que las personas en proceso de deportación en el centro de Krome, cuatro de las cuales hablaron con DIARIO LAS AMÉRICAS para denunciar una supuesta “sobreexposición” al contagio del virus en ese lugar, “cuentan con un centro médico” en el que reciben la atención necesaria.

“ICE contacta a hospitales locales cuando son casos que no se pueden atender en los centros médicos”, subrayó.

Además, Yglesias envió a este medio de comunicación una declaración de la agencia federal en la que se afirma que “desde el estallido de COVID-19, hemos estado tomando medidas importantes para proteger a todos los detenidos, el personal y los contratistas”.

Entre esas medidas se menciona “reducir el número de detenidos con alternativas a los programas de detención, suspender las visitas, incorporar prácticas de distanciamiento social con comidas escalonadas y tiempos de recreación, y el aislamiento de nuevas admisiones en la red de detención durante 14 días antes de ubicarlas en la población general”.

Asimismo, advierte ICE, “los detenidos están siendo monitoreados y examinados para detectar COVID-19 de acuerdo con la guía de los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y en conjunto con las recomendaciones de los socios de salud estatales y locales”.

Agrega que “ICE ha evaluado a su población detenida en base a la guía de CDC para las personas que podrían estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del COVID-19 para determinar si la detención continua era apropiada”.

De esa población en riesgo médico, ICE asevera que ha liberado “a más de 900 personas” en todo el país después de evaluar su historial de inmigración, antecedentes penales, amenaza potencial para la seguridad pública, riesgo de vuelo y preocupaciones de seguridad nacional.

Sin embargo, una querella enviada al Departamento de Seguridad Nacional versa sobre las experiencias de 17 personas que afirman que se les negó la posibilidad de quedar en libertad a pesar de que, en algunos casos, según plantean, sufren de padecimientos que aumentan el riesgo de contagio del coronavirus.

El primer inmigrante en custodia migratoria que ha muerto en un centro de detención en San Diego fue identificado como Carlos Ernesto Escobar, un salvadoreño de 57 años, quien había perdido previamente un pie como consecuencia de sus quebrantos por diabetes.

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