Jorge Enrique Rodríguez
ESPECIAL

MIAMI.- El martes 27 de agosto, a las seis de la mañana, oficiales de la Seguridad del Estado en conjunto con fuerzas de la policía asaltaron la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en Santiago de Cuba y arrestaron al líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, y a cinco de sus activistas. Durante el operativo, los elementos policiales utilizaron armas largas con las que apuntaron a los detenidos y efectuaron el decomiso de un sinnúmero de objetos, herramientas de trabajos y propiedades personales.

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Miembros de decenas de organizaciones opositoras sufren constantemente actos similares al cometido contra la UNPACU, esas acciones suelen incluir los llamados actos de repudio, operativos policiales con empleo de la violencia, allanamientos de moradas, decomiso u ocupación ilegal de propiedades, encarcelamientos y procesos judiciales arbitrarios que incumplen las leyes establecidas para el debido proceso.

Hechos que se han incrementado bajo la administración del actual mandatario del régimen de La Habana, Miguel Díaz-Canel. Con el traspaso de poder, ocurrido el 19 de abril de 2018, aumentaron en la isla no solo los actos represivos violentos contra grupos opositores, sino también las medidas de hostigamiento contra periodistas y artistas independientes, activistas por los derechos humanos y miembros de la sociedad civil, esencialmente al sector emprendedor.

José Daniel Ferrer
José Daniel Ferrer.
José Daniel Ferrer.

Aquellos artistas, escritores e intelectuales que se opusieron pacíficamente al Decreto 349 sufrieron un sinnúmero de actos de represión, chantaje y asedio por protestar contra un conjunto de contravenciones y regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos, con la finalidad de desarticular el movimiento artístico independiente o al margen de las instituciones.

El mencionado decreto que constituye una actualización del decreto 226, de 1997, regula la política cultural y la prestación de servicios artísticos, exige la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público y establece la existencia de un inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto, si determina que estos no se coresponden con la política cultural de la Revolución.

Como consecuencia de denunciar que el Decreto 349 no solo intentaba controlar y amedrentar a los artistas y creadores de las múltiples ramas de la cultura nacional, sino también al sector empresarial privado para impedir una relación natural y orgánica dentro de las diferentes esferas de la sociedad cubana, la totalidad de quienes se agruparon en contra de tal medida fueron víctimas de acoso, amenazas, golpizas y arrestos.

El precio más alto fueron las condenas de cárcel a los raperos Maikel Castillo Pérez y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt.

El hostigamiento a los defensores del derecho a los animales; la represión a la marcha de la comunidad LGTBI; la expulsión de la Universidad a la profesora Omara Isabel Ruiz Urquiola; la represión y hostigamiento a los manifestantes a favor de la SNet [red privada de conectividad a internet], y los últimos paquetes de restricciones encaminados a asfixiar el florecimiento del sector privado, se han destacado como los hechos más relevantes cometidos contra la sociedad civil en los últimos meses.

Omara Ruiz Urquiola
La profesora cubana Omara Ruiz Urquiola.
La profesora cubana Omara Ruiz Urquiola.

El retorno de la Ley Mordaza

La Ley 88 ‒sobre la protección de la independencia nacional y la economía‒, que fue sancionada el 16 de febrero de 1999, es contentiva de apartados destinados a reprimir a toda acción ciudadana que, “en concordancia con los intereses imperialistas persiguen subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social”.

Durante la primavera de 2003 ‒ la llamada “Primavera Negra”‒ el régimen cubano utilizó esta Ley como uno de los argumentos para enviar a prisión a 75 opositores, de ellos, 27 ejercían el periodismo independiente.

El pasado mes de mayo Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, amenazó con aplicar con severidad la también conocida Ley Mordaza que en su primer artículo expresa que su finalidad es “tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton”.

Amenaza que se tradujo en una oleada de operativos represivos y de coacción contra miembros y grupos de la sociedad civil que han estado denunciado, públicamente, el paquete de legislaciones que van en dirección a restringir, cada vez más, libertades civiles, laborables, artísticas y políticas.

El caso de Ariel Ruiz Urquiola se prefigura como un ejemplo emblemático.

Biólogo de profesión, Ruiz Urquiola reveló públicamente durante un congreso internacional sobre tortugas marinas celebrado en México, “la depredación que sufre esta especie a manos de las entidades pesqueras cubanas”. Una revelación que le costó, como represalia, su inmediata expulsión de la Universidad de La Habana, donde acumulaba diez años de trabajo con el Instituto de Investigaciones Marinas.

Años después, Ariel estableció “un proyecto de conservación para la biodiversidad en el Valle de Viñales”, occidental provincia Pinar del Río, y reanudó sus investigaciones sobre patrones evolutivos. El acoso y hostigamiento a su proyecto y persona, tras denunciar la corrupción de funcionarios forestales, desencadenó en un proceso penal donde sería condenado a un año de cárcel, en junio de 2018, por un presunto delito de “desacato”.

Como acto de protesta, Ruiz Urquiola protagonizó una huelga de hambre y sed durante diecisiete días. Declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue liberado bajo licencia extrapenal al ser diagnosticado, por las autoridades carcelarias, con “síndrome afectivo ansioso depresivo”.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos en la ONU impugnaría al régimen cubano para “conceder una compensación adecuada al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, incluida su liberación incondicional inmediata”.

Los regulados

La “regulación migratoria” es un instrumento común que utiliza el aparato represivo cubano para castigar a opositores políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas y artistas independientes. De esta manera el régimen convierte a la Isla en una especie de cárcel al aire libre donde los prisioneros no saben cuándo serán liberados.

En una carta enviada a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sra. Michelle Bachelet, miembros de la sociedad civil denunciaban “la sistemática violación del Artículo 52 de la Constitución cubana”, que respalda y garantiza la libertad de movimiento de los cubanos dentro, hacia y fuera de Cuba.

“En el momento en el que le estamos enviando esta carta, a muchos de nuestros compatriotas les están negando la salida o la entrada en algún aeropuerto del país, están siendo obligados a regresar a sus provincias de origen o detenidos por transitar a lo largo de la isla”; reseñaba la misiva.

“Usted no puede viajar, tiene una prohibición de salida, nosotros no sabemos por qué”; es la explicación que, invariablemente, las autoridades de inmigración en el aeropuerto internacional José Martí ofrecen a los ciudadanos “regulados” por la policía política.

En un solo día, el pasado 18 de agosto, impidieron salir de la isla a los periodistas independientes Manuel Alejandro León Velázquez (Diario de Cuba), Luz Escobar (14yMedio), y a Javier Valdés, miembro de la revista Convivencia.

Con más de dos años con prohibición de viajar al extranjero, Osmel Ramírez Álvarez, también de Diario de Cuba, es uno de los casos más graves que afecta esta “regulación migratoria” por lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó en su Resolución 19/2019 de abril pasado, una medida cautelar al considerar que el comunicador se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia”.

Las cifras de “regulados” o con “limitaciones” para abandonar, entre opositores, activistas, periodistas y artistas independientes, sobrepasan las quinientas personas en al menos el último año y medio.

Periodistas independientes

Los periodistas independientes son sometidos a sistemáticos interrogatorios donde son amenazados, chantajeados y coaccionados para que desistan de su labor periodística e informadora. El pasado mes de julio, varios fueron el testimonio de la obsesión del régimen por aplicar la Ley Mordaza.

A principios de julio la periodista independiente Iliana Hernández, quien reporta para el sitio Ciber Cuba fue secuestrada por oficiales de la policía política mientras esperaba un ómnibus en las cercanías de su domicilio en Cojímar, al este de La Habana. Veinticuatro horas más tarde sería liberada, no sin antes haber sido sometida a un arduo interrogatorio donde fue amenazada y coaccionada a abandonar su labor periodística y activismo cívico.

En esa semana también sería interrogado y amonestado Luis Cino, periodista independiente de Cubanet, por agentes de la policía política quienes le amenazaron con que “la ley les va a caer encima porque no vamos a dejar que en Cuba pase lo que en Venezuela”; denunciaría Cino, a quien los agentes le “conminaron” dedicarse a la literatura, la enfermedad de su esposa y los problemas de sus hijos.

El 31 de julio Jesús Jank Curbelo y una fotorreportera, ambos del medio digital Periodismo de Barrio, fueron expulsados de la oriental provincia de Holguín donde se encontraban realizando un trabajo periodístico, según habría denunciado Elaine Díaz Rodríguez, directora de este medio.

Después de siete horas de detención por elementos policiales, de un interrogatorio, y un registro a sus pertenencias, fueron obligados a borrar los archivos de su laptop y cámara fotográfica, a firmar un “acta de advertencia” y a abandonar la provincia.

Bajo falsos cargos de “resistencia y desobediencia a la autoridad”, el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de trabajo correccional con internamiento.

Quiñones Haces habría sido detenido y golpeado el pasado 22 de abril por oficiales de la policía política mientras se disponía a reportar sobre el juicio al matrimonio de pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, procesados por querer educar a sus hijos en casa.

Mientras sucedían estos hechos, la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet, conductora del programa televisivo Mesa Redonda, declaraba que no conocía “a ningún periodista encarcelado en Cuba” y también manifestó, “creo seriamente que pocos países pueden presumir de mayor libertad de expresión”.

El Premio Internacional de Periodismo Rey de España, Julio Batista Rodríguez, comentó sobre estos sucesos que “las detenciones arbitrarias contra periodistas independientes en Cuba siguen siendo el coto privado del MININT [Ministerio del Interior], que campea por su impunidad”.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) había señalado, hace exactamente un año atrás, su preocupación porque en Cuba hayan aumentado las detenciones arbitrarias y la intimidación desde que en abril de 2018 fuera designado Miguel Díaz-Canel.

La SIP hizo mención, en aquel entonces, a la documentación hecha por la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP), con sede en La Habana, de decenas de casos de represión contra periodistas y sus familiares que son coaccionados y atemorizados por su labor informadora.

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