MANAGUA - El ministro de Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, reaccionó a la medida de la Unión Europea que dio luz verde a la base jurídica para designar sanciones individuales a funcionarios del régimen sandinista, expresando su rechazo a "cualquier medida económica para tratar de doblegar a gobiernos independientes".

Las declaraciones del funcionario sandinista se da un día después que la Unión Europea dio el primer paso para sancionar a los responsables de la represión con la que el régimen de Daniel Ortega respondió a las protestas en el país centroamericano iniciadas el 18 de abril de 2018, que ha dejado un saldo superior a los 328 personas asesinadas con disparos en órganos vitales, más de 2 mil heridos, centenares de presos políticos y desaparecidos, y el éxodo de más de 70 mil nicaragüenses que huyen de la persecución de la dictadura, hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, según investigaciones preliminares de organismos de derechos humanos internacionales que fueron expulsados por Ortega tras la publicación de esos informes preliminares.

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"Nicaragua rechaza cualquier medida económica para tratar de doblegar a pueblos y gobiernos independientes", dijo Moncada en la reunión de ministros de Exteriores del Movimiento de Países No Alineados que se celebró este jueves en el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, según informa la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Moncada ha esgrimido que "estas medidas coercitivas socavan el Derecho Internacional y el multilateralismo". Aunque no se ha referido expresamente al caso nicaragüense sí ha denunciado "el bloqueo a Cuba" y ha ratificado el "apoyo incondicional" del régimen de Ortega a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "ante los ataques desestabilizadores que recibe la revolución bolivariana".

En concreto, ha dado la voz de alarma por "la imposición de Estados Unidos de imponer un presidente en Venezuela", en alusión al presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido por la administración de Donald Trump, por la mayoría de países latinoamericanos y numerosos europeos, entre ellos España.

Moncada también ha expresado la oposición de Nicaragua "al uso de la fuerza en los países". "Condenamos las políticas antidemocráticas y en contra de la paz, no solo en América sino en el mundo entero. Rechazamos la injerencia y la acción de derrocar gobiernos. Debe prevalecer el diálogo ante la guerra", declaró.

OLA DE SANCIONES

Los gobiernos europeos dieron el miércoles 'luz verde' a la base jurídica para poder imponer sanciones individuales por la represión en Nicaragua. La Unión Europea ya amenazó en enero al régimen de Ortega con dar este paso si la situación interna no mejoraba.

Estados Unidos ya ha sancionado 12 funcionarios del régimen sandinista, entre ellos, la esposa de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, al hijo de ambos Laureano Ortega Murillo, a su consuegro Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, entre otros altos cargos y empresas como el Bancorp, el banco de Ortega y Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Canadá también ha dictado medidas punitivas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha reforzado las sanciones contra Venezuela y Cuba, aliados clave de Nicaragua, mientras que la Unión Europea también ha impuesto sanciones por las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

CRISIS EN NICARAGUA

La crisis política en Nicaragua estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" del país, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus doce años de Gobierno, dos se sus mandatos logró reelegirse violentando la Constitución y a través de fraudes electorales documentados por organismos nacionales y la oposición.

El líder 'sandinista' accedió a celebrar un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. Tras varias idas y venidas, las conversaciones se suspendieron por acusaciones cruzadas de incumplimiento.

La opositora Alianza Cívica -ahora integrada en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)- exigió al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del pasado 18 de junio. El Ejecutivo ha excarcelado a cuentagotas a más de 400 presos de conciencia, pero aún quedan más de 130 reos políticos

FUENTE: Con información de Europa Press y REDACCIÓN

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