BOGOTÁ.-El presidente del Tribunal Supremo de Colombia, Álvaro García, ha pedido este martes que se lleve a cabo una investigación "especial" sobre el escándalo de espionaje a periodistas, políticos, jueces y militares por parte de las Fuerzas Armadas y ha instado a llegar a la "verdad del delicado episodio", según informaciones del diario local El Espectador.

En este sentido, ha instado al "uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de Derecho del país" y ha señalado que las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación "especial, integral y oportuna (...) para frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables".

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La revista colombiana Semana reveló el fin de semana que "algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles, generales y comandantes".

"La corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo", ha señalado García.

Las denuncias de la revista indican que en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Colombia ya se vio inmersa en un escándalo de espionaje hace casi una década por las escuchas telefónicas realizadas por el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe a rivales políticos de todo tipo. La que fuera jefa del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel.

El fiscal general del país, Fabio Espitia, ha destacado que es vital establecer qué equipos y softwares fueron utilizados para realizar estas acciones, determinar la licitud de estos actos y ver quiénes dieron la orden para, posteriormente, llevarlos antes la Justicia.

Así, ha expresado durante una rueda de prensa que ya ha contactado con el senador Barreras, una de las supuestas víctimas, y ha indicado que se reunirá en los próximos días con él para hablar de las acciones que tomará la Fiscalía en el marco de este nuevo escándalo.

FUENTE: EUROPA PRESS

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