El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió la decisión del Concejo Municipal de la localidad de Guasdualito (oeste) por la que su alcaldesa, la opositora Lumay Barreto, fue destituida en febrero pasado por "abandono de su cargo", decisión que ésta calificó de "bochornosa".
En una decisión conocida hoy y firmada por la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, este organismo acordó como "medida cautelar" la aplicación del acuerdo al que se llegó el 26 de febrero en el Concejo Municipal de esta ciudad para que Víctor Blanco, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rija como "alcalde encargado".
En ese acuerdo municipal se denunció que Barreto se ausentó de su cargo "sin el debido trámite", decisión que "habría conducido a la desatención de las competencias ejecutivas municipales", recoge la decisión tomada por el TSJ ayer pero dada a conocer hoy.
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La exburgomaestre, integrante del partido opositor Voluntad Popular (VP), declaró en una entrevista en la emisora Circuito Éxitos que la decisión del TSJ carece de "asidero político" y calificó esta situación de "bochornosa".
"Prácticamente me están dando a mí un golpe de Estado el Gobierno nacional, la presidenta del TSJ", afirmó.
Barreto sostuvo que la Ley del poder público municipal "establece que para decretar abandono de cargo se necesita una ausencia de 90 días injustificada".
"Yo lo que estuve fue seis días y puedo comprobar donde estaba (...) estuve tres días en Caracas y tres en Barquisimeto (oeste), porque operaron a un hijo mío, y después regrese a Guasdualito", aseguró.
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Agregó que su estancia en la capital se debió a una reunión de alcaldes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la que su partido forma parte por lo que cumplía con funciones de su cargo.
La Asociación de alcaldes de Venezuela, integrada por alcaldes de oposición, expresó hoy en un comunicado su "más contundente rechazo" a la "pretensión ilegal de destituir" a Barreto.
Esta organización "exige" al TSJ que revoque la "inconstitucional e ilegal medida cautelar" contra la exalcaladesa ya que "adolece de errores inexcusables en derecho y convierte a la Sala Constitucional en un juez ejecutor".
"Igualmente debe revocarse la admisión de semejante acción que, disfrazada de supuesto amparo para la protección de intereses difusos y colectivos, esconde lo que en realidad es un conflicto entre poderes municipales", señaló.
Tuits de rechazo
