Por JUAN IGNACIO RIQUEZES*
Ha quedado claro que un Estado omnipresente, todopoderoso y presidencialista al extremo como el que teníamos, termina conduciendo a la desnaturalización de la política, mutando su objeto de servir al público a servirse de lo público, en detrimento de la sociedad a la que dice servir.
Hemos aprendido una muy costosa lección cuando el Estado le atribuye a sus gobernantes la administración de activos productivos. Por una parte, el gobierno compite deslealmente con los ciudadanos, para luego corromperse; y, por la otra, descuida y abandona la atención de las funciones esenciales de Estado: Seguridad, Justicia, Salud, Educación e Infraestructura.
También hemos aprendido lo pernicioso de permitir que los políticos violen la autonomía que la carta magna dispone para una variedad de entes e instituciones, como el Poder Judicial, el Poder Electoral, el Poder Moral Republicano, el Banco Central de Venezuela, las Empresas del Estado, el Instituto Nacional de Estadística, Seniat, Saime, Conatel, entre otros, en los que la política debe mantenerse alejada, por muy buenas razones.
En el próximo capítulo republicano de Venezuela, al sector empresarial le corresponderán importantes desafíos, en cuanto a la producción de bienes y servicios de calidad y en cantidades suficientes y la generación de empleos dignos, en un ambiente de libre mercado que exigirá de una gerencia eficiente para el manejo de riesgos, una disposición a competir agresivamente con bajos márgenes y una vocación exportadora.
Para ello, será indispensable lograr atraer a inversionistas, tanto locales como extranjeros, en momentos en que la debilidad de nuestras instituciones es un obstáculo en todas las decisiones de inversión. Por tal razón, hemos de implantar mecanismos que contrarresten tales obstáculos, de manera nítida y expedita.
Desde Venamérica hemos hecho llegar al equipo del Presidente Encargado, Juan Guaidó, una serie de recomendaciones para encaminar al País hacia una economía verdaderamente libre y saludable, de entre las que caben destacar:
- Modificar la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, incorporando la figura de contratos de estabilidad jurídica y fiscal con los inversionistas, hasta por 30 años, con cláusulas de arbitraje internacional;
- Elaborar un prospecto de reestructuración de la deuda pública;
- Conformar un equipo legal para defender los intereses del País en el exterior;
- Crear equipos profesionales multidisciplinarios para elaborar proyectos de:
- reforma tributaria,
- desregulación,
- reordenamiento del gasto público,
- retrocesión o indemnización por todos los activos confiscados durante la dictadura.
- Planificar la liberación de precios, tasa de cambio y tasas de interés, sujetándolas a las fuerzas del mercado y supervisando la libre competencia, sin intervención previa del Estado;
- Lanzar, sin complejos, un agresivo plan de privatizaciones; regresar la autonomía al Banco Central de Venezuela, mediante la designación de los más brillantes profesionales de la economía, sin afiliación partidista; y,
- Recuperar el dinero robado al país por los corruptos, favoreciendo esquemas de incentivos a los informantes (Ley de delación premiada)
Todos los venezolanos de bien estamos apostando, no sólo al cese de la usurpación, sino a la más rápida estabilización y éxito del Gobierno de Transición y al renacimiento de la sociedad venezolana.
*Coordinador de Venamérica
