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MIAMI.- Desde la conformación de un ‘nuevo’ Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que controla Nicolás Maduro, sin tener en cuenta a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, hasta el ‘secuestro’ de los partidos políticos para garantizar el éxito en los amañados comicios fabricados por el régimen venezolano que tendrán lugar en diciembre próximo, figuran los temas que aborda el jurista venezolano Allan Brewer-Carías, en entrevista exclusiva concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.

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En consideración del académico, una serie de vicios constitucionales y legales convierten esos comicios parlamentarios en “una farsa” o “un circo”, con partidos políticos “amaestrados”, y un TSJ del régimen que ha violado diferentes normas para satisfacer los intereses de la cúpula gobernante.

Sobre el tema de la inconstitucionalidad e ilegalidad de las elecciones parlamentarias en Venezuela, ha sido publicado un libro en el que usted participa. ¿Cuáles son los principales esbozos de esa obra?

En efecto, ese libro se titula Estudios sobre la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las elecciones parlamentarias de 2020, que recoge cuatro trabajos de sendos académicos, y lo ha publicado la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. En conjunto, yo he calificado estas elecciones como un circo electoral que pretende montar el gobierno, violando todas las normas posibles de la Constitución, además de toda la estructura de la justicia constitucional. Aquí tenemos una situación en la que un grupo de ciudadanos intentó un recurso por omisión legislativa recurriendo a un subterfugio que ya está en curso desde el año 2004, a través del cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha asumido inconstitucionalmente la competencia de nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Como no ha sido fácil obtener la votación suficiente de los integrantes de la Asamblea Nacional, que es una mayoría calificada, se ha alegado que hay omisión cuando lo que no hay es acuerdo. Esto no se trata de nombramientos, sino de una elección en segundo grado como el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo, entre otros, a través de los diputados. Por eso, es una elección de segundo grado, de manera que es una elección popular que está usurpando la Sala Constitucional. Esta es una elección popular muy peculiar que sólo puede hacer la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de votos, además con la participación de la sociedad civil a través de unos comités de postulaciones.

¿Cuáles son las otras irregularidades que tendrían viciadas esas elecciones promovidas por el régimen?

La Sala Constitucional nombró a estos funcionarios [en el Consejo Nacional Electoral], y la Asamblea Nacional no ha omitido nada. La Sala Constitucional ha interpretado que las regulaciones en la ley, dictadas por la Asamblea Nacional, no estaban acordes con los principios constitucionales y no se le ocurre otra cosa sino suspender la aplicación de 12 normas de la ley que regulan esos aspectos. Esto es un disparate porque la Sala originó un vacío legislativo, borró unas normas, no las anuló; se origina un vacío legislativo y éste tiene que ser llenado por el legislador, que es el único con competencia para legislar. Pero no. A la Sala Constitucional se le ocurrió otra cosa más disparatada todavía, que fue delegar en el Consejo Nacional Electoral, que iba a nombrar, para que por vía del reglamento dictara normas que modificaran la ley orgánica de los procesos electorales. Todo el mundo sabe que un reglamento no puede modificar una ley, que las leyes se modifican por otras leyes. Para delegar el poder de legislar hay que ser titular de ese poder. Aquí no. Simplemente lo delegó en el Consejo Nacional Electoral y todo eso en cinco días en un juicio donde no hubo participación ni citación de nadie, no hubo garantía del debido proceso, no hubo garantía del derecho a la defensa y tampoco se cita a la Asamblea supuestamente omisa. Simplemente, barrieron con el principio del debido proceso. El Consejo Nacional Electoral cumplió el cometido y dictó un reglamento modificando la ley orgánica de los procesos electorales e incluso la Constitución, y aumentó el número de diputados de 167 que existen hasta ahora a 277, y modificó como le vino en gana el porcentaje de elección por lista a través del principio de representación proporcional. Además, dictó otro reglamento modificando también la ley orgánica de los procesos electorales en materia de elección de diputados indígenas.

En este hilo de violaciones constitucionales y legales que usted plantea, ¿cómo encaja la participación de los partidos en las elecciones próximas?

Todo esto es un circo, una gran farsa para buscar la participación de los partidos políticos en esa elección fraudulenta. ¿Y cómo se garantizó esto? Pues secuestrando a los partidos políticos [de oposición]. La misma Sala Constitucional, utilizando la vía de las acciones de amparo, ha intervenido a estos partidos. Un día cualquiera se dijo que estos partidos no cumplieron con sus obligaciones y deberes, que no habían elegido a las autoridades del partido o a las autoridades regionales, y adopta medidas cautelares que consisten en la suspensión de las directivas de los partidos y obedientemente en cada caso, en cuestión de un día, suspende y nombra en las directivas de esos partidos a las personas que denunciaron que no se estaban cumpliendo los deberes en esos partidos. Ahora tenemos unos partidos de oposición o incluso que eran partidos de gobierno, en ese gran circo, amaestrados, para que participen en este proceso electoral totalmente fraudulento y que no tiene ninguna base constitucional.

dcastrope@diariolasamericas.com
@danielcastrope

 

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