El informe también documenta la muerte de al menos tres prisioneros en agosto. Dos de ellos fallecieron a causa de enfermedades contraídas en prisión o por negligencia médica
La policía hace guardia cerca del Capitolio Nacional, sede de la Asamblea del Poder Popular, días después de que hubiera protestas en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2021.
ARCHIVO/APLA HABANA.- Al menos 22 asesinatos ocurrieron en Cuba durante el mes de agosto, distribuidos en 11 provincias, incluyendo un crimen múltiple en Ciego de Ávila y tres feminicidios. Estos datos, proporcionados por la organización Cubalex, destacan un preocupante aumento en homicidios, robos, asaltos, agresiones con armas blancas, ajustes de cuentas, peleas colectivas y consumo de drogas.
A pesar de esta escalada de violencia, las fuerzas de la Seguridad del Estado continúan destinando recursos al control y represión de los derechos civiles y políticos, como evidencian los 208 incidentes represivos documentados por Cubalex en el mismo periodo, reseña el portal web CubaNet.
Cubalex monitoreó un total de 208 hechos represivos en 46 municipios de todas las provincias, incluida la Isla de la Juventud. Las provincias más afectadas por estas violaciones fueron La Habana, con 68 incidentes, Villa Clara con 29, y Pinar del Río con 16. En cuanto a los municipios, Santa Clara registró 25 violaciones, Guanabacoa 17 y Camagüey 13.
Los 208 hechos represivos involucraron 423 incidentes de hostigamiento, divididos en 46 categorías de represión. Las más comunes fueron las violaciones a personas privadas de libertad (110 casos), la negación de asistencia médica, especialmente a reclusos (34), amenazas o coacción (28), traslados a centros de detención o dentro de centros penitenciarios (28), operativos policiales de vigilancia (24), uso de la violencia o acoso (23) y detenciones arbitrarias (20). “Este deterioro de la seguridad ciudadana va de la mano con el empeoramiento de la crisis económica“, señala Cubalex en su informe.
Un total de 177 personas (38 mujeres y 139 hombres) sufrieron estas violaciones en agosto. Entre las víctimas más reprimidas se encuentran los opositores José Elías González Agüero y Omar Suárez Campos, los expresos políticos Samuel Pupo Martínez y Carlos Michael Morales Rodríguez, y los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara, José Antonio Pompa López y Jorge Luis Rodríguez Valdés (Tangallo). Las organizaciones cuyos miembros sufrieron más represión fueron la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y Cuba Decide, aunque la mayoría de las víctimas no está afiliada a ninguna organización de la sociedad civil.
El informe también documenta la muerte de al menos tres prisioneros en agosto. Dos de ellos fallecieron a causa de enfermedades contraídas en prisión o por negligencia médica, mientras que el tercero, el preso político del 11J Yosandri Mulet Almarales, se suicidó durante un pase. Cubalex denuncia que todo esto expone una problemática denunciada sistemáticamente en sus informes “acerca del tratamiento inhumano a los reclusos, la falta de atención médica y medicamentos, incluido aquellos que requieren los pacientes de psiquiatría, así como los constantes abusos, amenazas y tratos denigrantes que llevan a los prisioneros a situaciones límites”.
El informe denuncia que las autoridades destinan recursos policiales y de la Seguridad del Estado para ejecutar operativos de vigilancia sobre reuniones de organizaciones, intimidar a personas que colocan carteles o intentan protestar pacíficamente, e impedir el acceso a juicios políticos a familiares de las víctimas que podrían testificar sobre las violaciones cometidas, mientras la delincuencia se expande.
Algunos de estos operativos culminaron en detenciones para restringir la libertad de movimiento, como sucedió con los opositores Eliobel Quevedo Valladares e Irenaldo Sosa Báez y la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería. A estas personas, la Seguridad del Estado les prohíbe arbitrariamente salir de sus municipios de residencia.
“La impunidad con que actúan los agentes estatales no tiene marcos restrictivos y puede llegar a extremos”, destaca Cubalex. El informe señala casos como el del activista Pedro Quiala Carmenate, a quien se le impidió usar tarjetas bancarias, o el de Amelia Sosa Puerto, una joven embarazada a quien se le prohibió comprar alimentos en una feria estatal por ser hija de opositores. Otro caso es el arresto de Daniel Boladeres Placencia por escuchar música contestataria en su propia casa.
Cubalex concluye que estas violaciones son parte de un esquema represivo de un régimen totalitario en el que no existe Estado de derecho. La organización monitorea diariamente la situación de derechos humanos en Cuba y recopila información sobre eventos que impactan en los derechos fundamentales de la ciudadanía, con especial atención a las violaciones de derechos humanos.
FUENTE: Redacción/ Con información de CubaNet
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