Asamblea Nacional de Cuba define prioridades

La Habana celebra esta semana el V Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional. En días previos los ministros, dirigentes del partido comunista y diputados se han reunido en comisiones para fijar el rumbo del país en los próximos meses.  

Las palabras claves en estas reuniones han sido: reordenamiento, integración y semi-regionalización. Reordenamiento de los gobiernos provinciales y del sector privado para adaptarlos al objetivo social. Mayor integración de los usufructuarios o campesinos independientes bajo el control de las cooperativas estatales, con propuestas como la de pagar impuestos a estas últimas. Mayor integración de la población a los sindicatos, los cuales deben ser renovados para volver a desempeñar funciones como la defensa local y prevención de delitos e incluir a los comerciantes privados. Y semi-regionalización de la producción para huir de la aguda crisis del transporte.

¿El enemigo en esta serie de sesiones? La cultura neoliberal y la sed de lucro que han desembocado en el uso de drogas y abuso al consumidor. A continuación un análisis de los principales puntos que afectan a la población cubana tocados por las comisiones.

Cooperativas no estatales y cuentapropistas

Los miembros del Consejo de Estado y de Ministros y los diputados de la Asamblea Nacional se preparan para reducir los precios establecidos por cuentapropistas (como los servicios de taxis privados) y los nacientes pequeños negocios. Respondiendo a la preocupación del ‘enriquecimiento desmedido’ de esta parte de la población se propone instituir una lista de precios centralizados. Esta decisión llega después de semanas de denuncias en los medios nacionales sobre los precios impuestos por comerciantes privados.

La estrategia para controlar los precios, sujetos a la ley de la oferta y la demanda, ha sido precedida por un decreto que entró en vigor el 1 de junio de este año, el cual fijó los costos de las materias primas o insumos usados en la agricultura. El decreto restringe los precios de los productos agropecuarios que los mayoristas privados pueden vender a los campesinos. A pesar de que –bajo el presente sistema de oferta— hay una carencia de botas, cántaras de leche y alambres de púas en la agricultura; guantes y machetes para la industria azucarera; y hay Unidades Básicas (UBPC) que no han recibido reemplazos de neumáticos por 8 años.

 De esta rebaja en el costo de los precios mayoristas parte la racionalización del control centralizado de precios de los negocios minoristas. Es decir, el ministerio de Comercio Interior argumenta que si a sectores privados como el de servicio y alimentación se le venden suministros con un descuento del 20%, estos no deben tener la libertad de imponer precios independientes de aquellos determinados por el gobierno.

Para los pequeños negocios, la obligatoriedad de comprar insumos al gobierno pone indirectamente un límite a la ganancia del producto final, frenando las posibilidades de encarar futuras pérdidas. Además, los materiales proveídos por el estado son escasos, inconstantes, y de baja calidad; forzando a los comerciantes a esperar meses por productos básicos.

A esto se suma que la aprobación de licencias para las cooperativas no estatales se ha detenido en algunos sitios para decidir cuantos restaurantes familiares o establecimientos de servicio deben ser permitidos por cuadras (498 se encuentran en funcionamiento). Según la presidenta de la comisión de atención a servicios, “Hay un resurgir de los servicios en nuestro país y esto merece todo el tiempo del control popular”.

Finalmente, tomando en cuenta la prolongada crisis del transporte, es de extrañar que la Asamblea pida más control sobre el costo y obtención de licencias para transportistas particulares. Cuando dicho precio permitiría a más privados poder cubrir los gastos de la gasolina, los permisos y averías propias del oficio. Un caso ilustrativo es el del municipio de Mayarí en Holguín que no cuenta con transporte público desde hace más de dos décadas.

Vivienda y Materiales de la Construcción

La vivienda continúa siendo una de las áreas más deficientes. Por ejemplo, sólo en Santiago de Cuba (a pesar de contar con la colaboración de brigadas de construcción ecuatorianas y recursos del gobierno venezolano) el 85% de las 15, 689 familias que perdieron su casa por derrumbe total hace más de 2 años a raíz del huracán Sandy aún esperan por una solución habitacional.

En Artemisa, hay atraso de obras públicas en hospitales y parques; en Baracoa no se ha podido construir todavía el nuevo círculo infantil; y el plan de erradicación del Instituto de Planificación Física (IPF) ha determinado que en  la provincia de Camagüey hay más de 15 barrios y 37 asentamientos ilegales, por citar algunos casos.

A pesar de estas cifras, la tan anunciada descentralización de la producción estatal se topa con la renuencia del gobierno cubano de permitir a los productores de materiales de construcción la venta directa a la población. Aún cuando la estrategia del gobierno es de regionalizar la producción, incrementando la variedad de materiales para satisfacer las demandas locales, el estado obliga a los productores estatales a vender sus productos en las tiendas del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) bajo la supervisión del OSDE.

Algunos productores habían pedido vender directamente sus productos a los consumidores para poder eliminar los retrasos del transporte, que el gobierno aduce como la principal causa de la escasez de materiales en las tiendas del Mincin. Sin embargo, la Asamblea ha declarado que permitir a los productores la venta directa traería “descontrol”. La única solución aprobada ha sido aumentar para el año que viene la adquisición de nuevos vehículos, y usar ferrocarriles o la vía del mar. Esto deja a los materiales de construcción bajo el férreo control del gobierno.

El estado cubano ha enfocado su acercamiento con los Estados Unidos en la obtención de materiales más baratos que, por ejemplo, le han permitido el pasado mes comenzar la restauración de la casa de Hemingway con fines turísticos. Pero el gobierno no ha renunciado a su función de intermediario con los comerciantes autónomos a los que vende materiales y dicta precios; o fungir el mismo papel con las pequeñas empresas estatales a las que gradualmente ha autorizado a administrar su producción, pero que ha limitado a la hora de disponer del producto de su trabajo.

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