Control cambiario establecido en Venezuela se usó para robar más de $60 mil millones

Según un informe presentado por el diputado Freddy Guevara, presidente la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, revela que el 81,34% de los delitos contra el patrimonio público corresponde a casos de “apropiación indebida” derivados de las irregularidades en la asignación de divisas a través del sistema cambiario bajo las figuras de Cadivi, Cencoex y Sitme.

El informe presentado el pasado 26 de mayo, según reseña el portal venezolano Runrun.es, enumera 93 casos trabajados, de los cuales 22 corresponden a expedientes nuevos y 71 a expedientes retomados de denuncias recibidas durante la legislatura anterior.

Asimismo, agrega que el monto afectado por los delitos asociados al control cambiario asciende a USD $60.000.558.342,90 e involucra a 20 funcionarios y exfuncionarios.

Las áreas objeto de investigación comprenden: control cambiario, Pdvsa, alimentación, empresas básicas, salud, electricidad, poder municipal y estadal, cementeras, educación, federaciones deportivas y Ministerio Penitenciario.

Los casos en torno a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atañen delitos como: malversación de fondos, sobreprecios, contrataciones mediante sobornos, lavado de dinero, evasión fiscal e irregularidades en contrataciones. 

En el área de alimentación figuran casos como el de Pdval-Bariven-Ministerio de Alimentación, cuyo delito asociado es la malversación de fondos. Con 26 denunciados, el área de alimentación es la que más funcionarios reúne.

El informe destaca que los funcionarios denunciados más prominentes son: Rafael Ramírez, Carlos Osorio, Rodolfo Marco Torres, Félix Osorio, Herbert García Plaza, Asdrúbal Chávez, Adán Chávez, Eugenia Sader, Manuel Barroso, José David Cabello, Carlos Malpica Flores, Iris Varela y Francisco Arias Cárdenas, quienes siguen siendo figuras de importante relevancia dentro de la política de Venezuela.

En ese sentido, a través del documento se indica que “la mayoría de la información recabada por la Comisión durante la gestión actual no ha provenido de fuentes gubernamentales formales, sino del producto de la investigación periodística y de ciudadanos colaboradores que laboran o tienen vínculos en entes u órganos del Estado, y que han querido apoyar la lucha anticorrupción de esta Comisión ha emprendido”.

Asimismo, explica que aunque la Comisión solicitó información a distintos órganos y entes del Estado con el objeto de esclarecer los hechos de corrupción denunciados, únicamente recibió respuesta en 5% de los casos.

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