Cristina Fernández: "A mí no me van a intimidar, yo no les tengo miedo"

La presidenta argentina, Cristina Fernández, reapareció el lunes por cadena nacional una semana después de la muerte del fiscal Alberto Nisman y enfatizó que no la "van a extorsionar" ni "a intimidar" con denuncias.

Fernández denunció que se quiere "atacar o perseguir al Gobierno" y advirtió que "no se puede seguir manejando a la República Argentina de esta manera".

"A mí no me van a extorsionar, a mí no me van a intimidar", remarcó la mandataria y añadió: "Yo no les tengo miedo. Que digan lo que quieran, que hagan las denuncias que quieran, que los jueces me citen, que los fiscales me denuncien, pero no me van a hacer un milímetro de lo que siempre he pensado".

En su primer mensaje televisado al país tras la muerte del fiscal, grabado en su residencia de Olivos, en las afueras de Buenos Aires, la mandataria apareció vestida de blanco y postrada en silla de ruedas por la lesión de tobillo que sufrió en diciembre.

En el mensaje, que se prolongó durante casi una hora, la presidenta rechazó la denuncia que presentó el fiscal Nisman en su contra por presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado contra la AMIA y anunció la reforma de los servicios de Inteligencia del país.

Disuelve la Secretaría de Inteligencia

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció este lunes la remisión de un proyecto de ley al Parlamento para disolver la Secretaría de Inteligencia y crear una nueva Agencia Federal de Inteligencia.

La presidenta, en su primera aparición pública tras la muerte de Nisman, explicó que la reforma de los servicios de Inteligencia responde a la necesidad de "transparentar un sistema que no ha sido de diligencia y no ha servido a los intereses nacionales".

Fernández explicó también los motivos que la llevaron a renovar la cúpula de los servicios de inteligencia, a finales del pasado año, y a nombrar al frente a un hombre de su máxima confianza, Oscar Parrilli, con dos instrucciones: desplazar a agentes que venían de la dictadura y trabajar en un proyecto de reforma del sistema.

Involucra al grupo Clarín

El Gobierno argentino se trenzó nuevamente en una polémica con el Grupo Clarín, la mayor empresa multimedia del país, tras vincularlo con el único imputado por la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Al anunciar la disolución de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, Fernández se refirió a Diego Lagomarsino, colaborador de Nisman, como "el hermano de un importante ejecutivo vinculado al Grupo Clarín".

La mandataria relacionó así a Lagomarsino con la empresa de medios con la que mantiene hace años un conflicto a raíz de la sanción de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Lagomarsino, un informático contratado por Nisman que Fernández definió como un "feroz opositor al Gobierno", es el único imputado en la causa por la muerte de fiscal, por ser quien que le prestó el arma que terminó con su vida.

Sin embargo, a través de un comunicado, el Grupo Clarín desmintió a la presidenta y aseguró que el hermano del colaborador de Nisman "jamás trabajó ni tiene ninguna vinculación" con la compañía de medios.

Eliminar los servicios de inteligencia 

"Es una deuda pendiente de la democracia", agregó en un mensaje grabado transmitido en cadena nacional.

Según la mandataria, tras la firma del acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, en 2013, "se empezaron a observar que ciertos organismos, más concretamente la Secretaría de Inteligencia, comenzaron a bombardear el acuerdo".

"Se intensifican también con intensidad las denuncias contra la presidenta. Comienzan a sucederse con ritmo de vértigo con la complicidad de grupos de jueces, denunciantes anónimos y también de los periodistas amplificadores o los medios de desinformacion amplificadores", afirmó.

Se presentaron "todo tipo de denuncias contra la presidenta como nunca se vio en ninguna etapa de la democracia", insistió.

Nuevas asignaciones 

Entre sus competencias, la nueva Agencia tendrá la de investigar sobre terrorismo, tráfico de armas, ciberdelitos, trata de personas, narcotráfico y delitos contra el orden económico y financiero.

La Agencia abarcará a la unidad de Inteligencia criminal que ahora depende el ministerio de Seguridad.

Además, se transfiere el sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal.

Proyecto urgente 

Según el proyecto, "toda relación o actuación de funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos vinculadas a las actividades reguladas por la ley" deberán ser dirigidas solo al director o al subdirector de la agencia.

Elimina así el contacto entre jueces, ministros y cualquier funcionario con los agentes de inteligencia, una práctica cuestionada tras la muerte del fiscal Alberto Nisman por los vínculos destapados entre el sistema judicial y los servicios secretos.

"La única vía para conectarse va a ser precisamente la institucional", remarcó Fernández, que adelantó que enviará el proyecto al Parlamento con carácter urgente, antes de su viaje a China que iniciará el próximo fin de semana, y que marcará un plazo máximo de 90 días para su tramitación. 

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