Defensor del Pueblo venezolano no descarta existencia de otras fosas comunes

El defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo que no descartan que haya más fosas comunes cerca de Tumeremo, localidad en el estado Bolívar (sureste) en la que fueron hallados 17 cadáveres, que corresponden a los de los mineros desaparecidos hace casi dos semanas, según se confirmó este miércoles.

"No se descarta que pudieran existir otras fosas comunes", dijo Saab a los periodistas luego de que las autoridades confirmaran que los 17 cadáveres hallados en una fosa el pasado lunes correspondían al grupo de mineros desaparecidos el pasado día 4.

En este sentido, el funcionario aseguró que tras recibir las denuncias de los mineros desaparecidos, "no ha dejado de rastrearse", una zona cercada a donde fue hallada la fosa, conocida como la mina 'Hoja Lata' porque, dijo, "podría allí haber el hallazgo de otra fosa común o en otro lugar".

Las declaraciones del defensor se dieron en la misma jornada en la que la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, aseguró tener certeza de que no hay otras víctimas además de los 17 cuerpos que ya fueron exhumados, de los cuales 14 ya fueron plenamente identificados y entregados a sus familiares.

Ortega explicó que aunque no se ha establecido la identidad plena de tres de los cuerpos, se ha logrado determinar que corresponden al total de las víctimas.

"Hay una perfecta coincidencia entre la cantidad de personas denunciadas como desaparecidas formalmente y las personas que fueron halladas", dijo en la misma rueda de prensa en la que habló Ortega el director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Pese a que la fiscal dijo desconocer que se estén realizando investigaciones en lugares distintos a donde fueron encontrados los cuerpos y descartó que haya más víctimas, Saab indicó hoy que una delegación de la Defensoría del Pueblo ha ido a otras poblaciones aledañas para proseguir con las investigaciones.

"No podemos decir que todo está concluido y que se cerró la investigación cuando hay denuncias por delante", dijo el defensor, que ya se ha referido antes a reportes de otros familiares que han denunciado la presunta desaparición de ocho personas en las localidades de Guasipati y El Callao, cercanas a Tumeremo.

"Nosotros aspiramos que los familiares de (...) ocho presuntas víctimas desaparecidas que narra un testigo presencial puedan ser halladas", señaló Saab sin precisar es qué circunstancias pudieron haber desaparecido estas presuntas víctimas y si guarda relación con el grupo con el que se inició la denuncia.

Asimismo se refirió a Jamilton Ulloa Suárez, alias "El Topo", un ecuatoriano residente en Venezuela, identificado como el líder de la banda responsable de los hechos, quien "durante la acción criminal que dirigió iba dando parte de su serie de acciones criminales a alguien que identificaba como El Patrón", reveló.

A su juicio, el accionar del grupo criminal corresponde con prácticas "paramilitares (...) por la forma como actúan, la logística, la manera como colocaron las alcabalas", dijo.

El titular de la Defensoría abordó también la situación de los familiares de las víctimas del suceso, quienes aseguró "es necesario que sean indemnizados" por el Estado venezolano.

Hasta el momento, las autoridades han emitido tres órdenes de captura para los presuntos autores del hecho, entre ellos el de Ulloa Suárez.

En custodia de las autoridades se encuentra Rosa Saida Gil Salazar, una mujer que según las investigaciones figura como "lugarteniente" de Ulloa Suárez.

Gobernador dice que masacre se ha utilizado para "show" político

El gobernador del estado venezolano de Bolívar, Francisco Rangel, dijo este miércoles que la "masacre" de 17 mineros en la región que dirige ha sido utilizada por la bancada opositora del Parlamento para hacer un "show" político con fines "desestabilizadores". 

Durante una entrevista que ofreció al canal privado Globovisión, Rangel salió al paso a las críticas que le ha hecho el diputado opositor Américo De Grazia quien pidió su interpelación en el Parlamento después de que el gobernador declarara que eran falsas las denuncias de la desaparición de un grupo de mineros. 

"Por supuesto, ocurrió un hecho, ocurrió una masacre incluso, son 17 vidas que se perdieron, lo triste aquí y lo extremadamente irresponsable del diputado es haber montado un show político en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", dijo el gobernador. 

Señaló que "todo esto va dirigido a desestabilizar" y aunque aclaró que no cree que la muerte de los mineros tenga que ver con un "plan político" apuntó que "el tratamiento irresponsable que se le dio (...) sí tiene que ver con un plan desestabilizador", apuntó. 

Defendió su postura inicial de negar la desaparición de los mineros cuando a principios de marzo De Grazia denunció este hecho en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y se excusó diciendo que como funcionario no podía aseverar "que hubo una masacre". 

Dijo que "todo lo que ha venido diciendo" De Grazia sobre el caso de los mineros es falso "excepto que verdaderamente sí hubo una masacre de 17, y no de 28 personas como él también lo dijo, y no en el sitio donde el también había anunciado, o sea no hay nada, en absoluto". 

De Grazia denunció hoy que recibió amenazas de muerte por hacer estas investigaciones sobre el caso de la desaparición y asesinato del grupo de mineros. 

El gobernador negó conocer a Jamilton Ulloa Suárez, alias "El Topo", el criminal que lidera la banda que supuestamente comandó el asesinato de los 17 mineros que fueron hallados el pasado lunes en una fosa de la población de Tumeremo en Bolívar y del que familiares y sobrevivientes del hecho tenían referencia. 

Rangel, que es gobernador del Bolívar desde hace 12 años, dijo que sí es posible acabar con esas bandas criminales y que "se está trabajando en eso" aunque "no es posible acabarlo de un día para otro y ese es un tema que tiene decenas y decenas de años". 

Los cuerpos de 17 personas fueron hallados el pasado lunes en una fosa de cinco metros de profundidad en una mina de Bolívar con impactos de balas, 14 de los cuales ya fueron identificados y reclamados por los familiares que denunciaron su desaparición a principios de marzo. 

Por estos hechos ha sido detenida una persona y hay orden de captura contra otros tres individuos. 

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