WASHINGTON.- La decisión de un juez federal de California de bloquear temporalmente la terminación de la protección migratoria conocida como TPS de más de 300.000 personas, la mayoría originarias de Centroamérica, supone un importante revés para Donald Trump, que ha hecho de la política migratoria restrictiva un pilar de su acción de gobierno

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal, conocido popularmente como TPS (por sus siglas en inglés), funciona como un programa de protección humanitaria. Permite obtener refugio en Estados Unidos a ciudadanos de países con circunstancias que dificultan la vida, como un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia.

Tras ser sometidos a una exhaustiva investigación para comprobar, entre otras cosas, que carecen de antecedentes penales, reciben permiso de estancia y de trabajo en Estados Unidos. Hasta ahora, la Administración fue renovando esas protecciones regularmente.

¿Cuál era la situación antes del pronunciamiento del juez?

La Administración Trump canceló en el último año el TPS de Haití, Sudán, Honduras, Nicaragua y El Salvador, dando a los ciudadanos acogidos a él un plazo para regularizar su situación migratoria por otras vías o para abandonar el país. Si no lo hacen, advirtió, serán deportados.

Los hay que llevan más de 20 años en Estados Unidos, tiene hijos estadounidenses, viviendas compradas o negocios fundados.

El Gobierno de Trump argumentó que las situaciones en sus países que llevaron a la concesión del TPS han mejorado y ya no se justifica que estén en Estados Unidos bajo esa protección porque su vida no corre peligro en sus lugares de origen.

¿Qué ha dicho el juez?

El juez Edward M. Chen, de San Francisco, considera que el Gobierno de Trump carece de explicación o justificación para poner fin al TPS y que surgen serias dudas sobre la posibilidad de que detrás de la decisión haya un factor discriminatorio contra inmigrantes no blancos y no europeos, lo que en ese caso sería una violación del principio constitucional de protección igualitaria.

El juez Chen citó declaraciones de Trump, como aquella en la que llamó "países de mierda" a las naciones africanas, otras en las que manifestó que todos los haitianos tienen sida, así como su llamada a prohibir la entrada de musulmanes en el país.

También citó los insultos a los mexicanos -Trump los llamó violadores y narcotraficantes- el día que lanzó su carrera hacia la Casa Blanca.

"Estos asuntos son lo suficientemente serios como para preservar el statu quo", indicó el magistrado. El daño que causaría a los inmigrantes protegidos hasta ahora con el TPS el hecho de ser devueltos a su países de origen -sería "irreparable", dijo el juez- supera todo daño que pueda sufrir el Gobierno, argumentó.

¿Qué supone la decisión de juez?

No es la primera vez que un juez federal toma las palabras de Trump como argumento para frenar decisiones restrictivas en política migratoria de su Gobierno.

El juez federal de San Francisco se pronunció en el marco de una denuncia contra la Administración presentada en mayo por organizaciones laborales y de defensa de los derechos civiles en nombre de los afectados por la cancelación de los TPS.

El bloqueo a esa medida es temporal, mientas que se dirime la demanda contra la Administración.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Trump?

El Departamento de Justicia rechazó que el de Seguridad Nacional -que fue el que canceló formalmente los TPS- o la Casa Blanca haya hecho algo "incorrecto" y acusó al juez de "usurpar el papel del poder ejecutivo".

¿Cuáles son las cifras de beneficiarios?

Unos 5.300 nicaragüenses acogidos al TPS tienen de plazo, según la orden de la Administración ahora bloqueada, hasta enero de 2019 para regularizar su situación o abandonar el país.

Unos 57.000 haitianos pueden permanecer con el TPS hasta julio de 2019. Los salvadoreños, unos 195.000, tienen de plazo hasta septiembre de 2019. El plazo para los sudaneses, unos 1.000, es noviembre de 2019. Los hondureños son unos 57.000 y tienen de plazo hasta enero de 2020.

FUENTE: dpa

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