MIAMI.- JOSÉ PERNALETE
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El Gobierno de Maduro invierte millones en sistema de vigilancia
Con la instalación de 30.000 cámaras de seguridad a un costo de $1.000 millones, buscan monitorear la vida en las principales ciudades
Proyecto VEN 991, es el nombre con el que se identifica la nueva estrategia de espionaje ideada por el Gobierno de Nicolás Maduro, con el que pretenden, mediante la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en todo el país, controlar la vida de los venezolanos.
El pretexto es velar por la seguridad de la población, severamente afectada por el incremento de la delincuencia.
Pero lo más notorio del plan, además de significar un sistema de control, es el precio al que se ha cotizado la instalación del sistema para lo cual el Ministerio de Interior y Justicia de la nación sudamericana ha tenido que aprobar el uso de 1.000 millones de dólares para la adquisición de los equipos de vigilancia de fabricación china.
De acuerdo con una fuente confidencial, cercana al proyecto operado por militares de la Fuerza Armada Bolivariana y quien pidió permanecer en anonimato, con sólo 10% de este monto se podrían adecuar en la nación las necesidades de servicio en CANTV, operadora de telecomunicaciones del estado, para optimizar la transmisión de datos en todos los niveles requeridos.
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“Este ministerio dispone de 1.000 millones de dólares sólo para colocar camaritas y construir las sedes de monitoreo porque la interconexión será establecida con la operadora CANTV, que no se da abasto actualmente”, reveló la fuente en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Por orden del Ministerio de Interior y Justicia, los equipos se están instalando por toda Venezuela. Son cámaras marca Huawei, de fabricación china.
Además de esta concesión, el Gobierno de Venezuela concedió el permiso a una empresa operadora de servicios telefónicos en la nación asiática para encargarse de la instalación, sin consultar la posibilidad de requerir operadores venezolanos
Son 30.000 mil cámaras que se conectarán a centros de monitoreo municipales, regionales y nacionales. El principal, el Centro Nacional de Monitoreo, está localizado en la urbanización caraqueña de Macaracuay, al lado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
“Este proyecto ya ha pasado por las manos de tres ministros y comenzó durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres […] Son redes de vigilancia a nivel nacional, incluso en lugares donde ya hay servicios parecidos como el municipio Chacao que cuenta con monitoreo de calles, avenidas y semáforos”, reveló.
Durante la jefatura de Miguel Rodríguez Torres en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), antes de fallecer el entonces presidente Hugo Chávez, se estableció fotografiar a los pasajeros que viajaban en transporte público para contar con registros y bases de datos en rutas populares.
La orden fue criticada por algunas organizaciones al calificarla de invasiva y de trasgresora de la privacidad. Esta medida se aplicó por recomendación de Rodríguez Torres en el estado Miranda después de 2005, cuando Diosdado Cabello era gobernador de la localidad.
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En la administración de Maduro, Rodríguez Torres fue designado como ministro de Interior y Justicia y asumió el arranque del proyecto VEN 911 cuyas estimaciones de costo ya contaban con “sobre precio”.
Por otra parte, no existe ninguna orden ministerial sobre el entrenamiento de oficiales para la documentación del monitoreo digital. Tampoco se ha instruido a los cuerpos policiales sobre los procedimientos que podrían ejecutar en el momento ante la observación de hechos criminales, para garantizar el arresto de los antisociales que capte el sistema de vigilancia.
Otra fuente consultada, especializada en asuntos de contrainteligencia del Gobierno venezolano, confirmó que las intenciones de este proyecto podrían ir más allá de neutralizar la delincuencia. “Hay quienes quieren saber hacia dónde se moviliza la gente en determinados momentos críticos, incluso eso ayuda para intimidar a los que estén pensando en conspirar, porque les estamos diciendo que los tenemos vigilados”, indicó.
Aliado en desventaja
La interconexión de la data para este sistema se sustenta en la única operadora de servicios de telecomunicaciones de Venezuela, CANTV. En sistemáticas reuniones efectuadas entre militares de alto rango que representan al general Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia, y técnicos de la empresa del estado, se ha exigido el cumplimiento de la instalación del sistema.
González López está incluido en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por el decreto del presidente de EEUU Barack Obama que señala a agentes del régimen de Maduro por hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
“Nosotros debimos adaptar lo que nos estaban pidiendo por el criterio de ancho de banda requerido y así precisar los puntos de concentración donde funcionarán los centros de monitoreo, pero insistieron en que montáramos la conexión con todos los problemas que tenemos”, comentó el entrevistado.
Cada cámara genera 4 megabites de tráfico digital permanente, por lo que los expertos de la operadora venezolana debieron precisar con mucha discreción la amplitud de banda para no perjudicar las operaciones rutinarias, que ya cuentan con afectación por la falta de mantenimiento y actualización de sistemas.
“Debimos explicarles que los anillos de servicio de CANTV, donde se concentran las redes de distribución, están colapsados y que no podíamos darles más espacio de tráfico de datos […] De hecho, hay cámaras ya colocadas pero no están instaladas a ninguna red pues empezaron la conexión antes de escuchar nuestra asesoría”, afirmó.
Los lugares donde está prevista la inauguración del proyecto millonario VEN 911 son Caracas, Margarita, Valle La Pascua y Barquisimeto, entre otros. Los conocidos Corredores Seguros forman parte de la denominación integral del proyecto, pues esto corresponde a las avenidas donde se implantarán los sistemas pero lo que mucha gente desconoce es que “esas cámaras no están conectadas a nada aún”.
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