MADRID.- ADOLFO MORENO
Especial
El Gobierno de Nicolás Maduro ha logrado algo que parecía impensable en España: el acercamiento de los dos presidentes que durante más tiempo han gobernado el país desde la restauración de la democracia: el socialista Felipe González (1982-1996) y el democristiano José María Aznar (1996-2004).
Si bien es conocida la poca simpatía que Aznar tiene para con el régimen chavista desde hace unos años hasta ahora, sí sorprendió el anuncio de González -el pasado 23 de marzo- en el que revelaba que retomaría su trabajo como abogado para asesorar en la defensa legal a Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos de los opositores venezolanos encarcelados.
Diez días antes de esta noticia, el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, recibió en la sede de su partido -no en el gubernamental palacio de La Moncloa- a Mitzy Capriles, esposa de Ledezma, para posteriormente pedir la "inmediata" liberación tanto del alcalde de Caracas como del resto de opositores políticos.
Dentro del ámbito parlamentario, el Parlamento español aprobó una iniciativa el día 15 de abril en la que instaba al Gobierno venezolano a "la liberación inmediata" de los opositores venezolanos "arbitrariamente encarcelados".
El texto fue pactado por los dos partidos con mayor representación -Partido Popular y Partido Socialista-, al que se unieron otros tres grupos minoritarios; no así los cuatro partidos de izquierda, quienes proponían una enmienda al texto en la que solicitaban al Ejecutivo de Rajoy que no contribuyera a "alentar las acciones golpistas en la República Bolivariana de Venezuela".
Más allá de las fronteras españolas, el Parlamento Europeo también había aprobado una resolución similar el 13 de marzo, con los votos en contra de Izquierda Unida y Podemos -que no tiene actualmente representación en el Congreso español.
Respuesta de Caracas
La respuesta desde el otro lado del Atlántico ha tenido varias acciones. Por un lado, Felipe González ha sido declarada persona non grata por el parlamento venezolano. Por otro, causó estupor en España la forma en la que Nicolás Maduro se refirió públicamente a Mariano Rajoy, no ya tanto por su más que mejorable ingenio lingüístico -"el rajao de Rajoy"-, sino por sus acusaciones de "racista" y de estar "detrás de todas las maniobras contra Venezuela". El Ministerio de Asuntos Exteriores español calificó de "intolerables declaraciones" las palabras de Maduro.
Ante el aumento de la tensión, parece que desde España se quieren limar asperezas, sin perder la firmeza, probablemente pensando en las consecuencias que tendrían para las multinacionales españolas algunas de las amenazas que el líder venezolano ha asegurado que tomará "pronto" contra España por su apoyo a la oposición.
Así, Felipe González, que tiene intención de viajar al país sudamericano a mediados de mayo, ha asegurado "no querer provocar escándalo en Caracas". Por su parte, José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, ha tomado varias medidas.
Por un lado, llamó a consultas a su embajador en Venezuela, una rotunda forma de protesta diplomática consistente en hacer regresar por tiempo indefinido al propio embajador y que hasta ahora el Gobierno de Rajoy no había hecho con ningún país.
Por otro lado, sin embargo, reiteró el pasado jueves que "no es en absoluto" su objetivo romper relaciones diplomáticas con Venezuela: "Con toda claridad. No es nuestro propósito seguir en esta escalada", sentenció el jefe de la diplomacia española delante del vicepresidente de Brasil, quien añadió que su país y Ecuador "están hablando con las autoridades venezolanas para suavizar las relaciones con España".
