Exmandatarios se pronuncian sobre crisis democrática en Venezuela

Este miércoles más de 34 expresidentes de América Latína rechazaron la reciente expulsión de los colombianos desde Venezuela. Los exgobernantes se pronunciaron sobre el deterioro de las garantías democráticas en Venezuela a través de una declaración conjunta. 

Según informa EFE, en el documento firmado y presentado por los expresidentes César Gaviria de Colombia y de Jorge Quiroga de Bolivia, los exgobernantes alertan "sobre las posibles repercusiones en los comicios legislativos venezolanos" y subrayan su preocupación por el "uso de la justicia para condenar o perseguir a los líderes opositores como Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado".

El documento también señala que "tampoco puede aceptarse la expulsión indiscriminada, por razones de nacionalidad, de colombianos, en abierta contravención del derecho internacional".

En el encuentro se encuentra presente Antonieta Capriles Ledezma,  la hija del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma como representante de los familiares de los presos polìticos en Venezuela.

 "Es un documento que ratifica el apoyo que dieron más de 34 expresidentes en abril de este año, con motivo de celebrarse la Cumbre de las Américas en Panamá. Es en solidaridad con los presos polìticos, especialmente condenando la sentencia absurda contra Leopoldo Lòpez y la detención de mi padre, ùnico alcalde de una capital preso por razones políticas", explicó Capriles Ledezma en exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS. 

Durante la entrevista concedida, la hija del preso polìtico explicó que en el documento se lamenta "el conflicto en la frontera colombo-venezolana y se solicita que se levante el Estado de Excepción decretado por el presidente Nicolàs Maduro". 

Recordó además que le dìa de ayer (martes) el Senado de Colombia hizo una resolución de respaldo. 

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Entre los temas que trataron los exmandatarios está el cierre de frontera con Colombia y el Estado de Excepción que ejecutó el presidente Nicolàs Maduro, los procesos judiciales que atraviesan varios dirigentes opositores y la condena de Leopoldo López, lider de la disidencia venezolana. 

En el encuentro que se realiza en Bogotá, la libertad de expresíon en Venezuela también es protagonista. Luego del exhorto emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su petición de que se devuelva al canal Radio Caracas Televisión sus equipos, el tema de la cencura en el país ha sido debatido en diversos escenarios. 

Entre los exmandatarios firman la Declaración están los de Argentina, Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa; de Brasil, Fernando H. Cardoso; de Bolivia, Jorge Quiroga; de Chile, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y Eduardo Frei y de Colombia, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Belisario Betancur y César Gaviria.

Asimismo, figuran los expresidentes de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge; los de Ecuador, Osvaldo Hurtado y Lucio Gutiérrez; de El Salvador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol y de México, Felipe Calderón y Vicente Fox.

Completan las lista los panameños Mireya Moscoso, Nicolás Ardito-Barletta y Ricardo Martinelli; de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy; de Perú, Alejandro Toledo; y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Con información de EFE

(FOTOS CORTESÍA)

A continuación el documento (Adjunto): 

Quienes suscribimos la presente, ex Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, firmantes de la Declaración de Panamá sobre Venezuela patrocinada por Iniciativa Democrática de España  y las Américas (IDEA); preocupados por la ejecución de un Estado de Excepción y el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro  Moros; el uso de la Justicia para condenar a líderes de la oposición democrática como Leopoldo López, o para perseguirlos, como el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, Daniel  Ceballos, o María Corina Machado; el desacato abierto por el Tribunal Supremo de Justicia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a propósito de Radio Caracas Televisión, exige restablecer la garantía de la libertad de expresión; y dentro de dicho contexto, la anunciada realización de elecciones parlamentarias en esa nación hermana el próximo 6 de diciembre, juzgamos como deber ineludible y como dirigentes democráticos probados hacer las siguientes consideraciones ante nuestros países y la comunidad internacional:

a) La declaratoria de un Estado de Excepción, que implica la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales y su obligada supervisión por los organismos internacionales de derechos humanos, conforme a los principios que informan a la democracia, aceptados por el sistema interamericano, no puede desvincularse del  “ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Ya que carece de legitimidad cuando se utiliza para atentar contra la misma democracia, que dispone límites  infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona. Las garantías que se derivan de la forma democrática de gobierno, por ende,no implican solamente una determinada organización política contra la cual es ilegítimo atentar, sino la necesidad de que esté amparada por las garantías judiciales que resulten indispensables para el control de legalidad de las medidas tomadas en situación de emergencia, de manera que se preserve el Estado de Derecho.

b) La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura ha  expresado su preocupación por “la falta de independencia del Poder Judicial respecto  del Poder Ejecutivo” venezolano, y su Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias  ha constatado que el líder opositor Leopoldo López fue arbitrariamente encarcelado; de  modo que, al dictarse recién su condena penal, a través del Alto Comisionado para  Derechos Humanos se ha manifestado consternada por “la información recibida sobre  las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la  acusación, el rechazo de testigos de la defensa y los comentarios contra él expresados  por altas autoridades del Gobierno”.

c) Según la doctrina constante de la instancia judicial interamericana mencionada, las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de la democracia. Por consiguiente se considera  indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a toda elección, dado que el debate democrático implica  que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información,  sin por ello verse perseguida.

En consecuencia:

1) Constatada la situación de suspensión de garantías vigente en Venezuela y la consiguiente militarización de sus territorios fronterizos, no debe admitirse que ello implique la suspensión de la democracia y del Estado de Derecho, en lo específico, que  obstaculice la realización general y en condiciones de normalidad de las elecciones  parlamentarias previstas el 6 de diciembre; como tampoco puede aceptarse la expulsión masiva e indiscriminada, por razones de nacionalidad, de colombianos, en abierta contravención del Derecho internacional.

2) Demandamos y hacemos un llamado a las instituciones y la opinión pública  internacionales para que, en virtud del complejo contexto de anormalidad descrito, otorguen su decidido apoyo y escrutinio a fin de que cuenten los venezolanos con un cuadro de garantías y justa competitividad como de transparencia que les permita realizar su compromiso de acudir a las urnas electorales, y decidir de manera pacífica, constitucional, electoral y democrática sobre la futura integración de su Asamblea Nacional.

3) El rescate de la confianza en el voto como medio democrático para resolver los  problemas y desviaciones que sufre la democracia, antes bien y con independencia del  “acompañamiento” que ya pidiera el poder electoral venezolano a la UNASUR, exige de  una observación internacional imparcial y técnicamente calificada – dado el complejo y  sofisticado sistema electrónico de elecciones establecido en Venezuela – por parte de  la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, y la  Unión Europea.

4) Las garantías mínimas que reclama todo proceso electoral democrático, junto a la no utilización de los recursos humanos o materiales del Estado para favorecer a una tendencia determinada, el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación social, y el cese de la persecución a dirigentes políticos y editores, implican, de modo  específico, el acceso por los partidos políticos al registro electoral y su auditoría, la apertura y el cierre legal y oportuno de las mesas de votación, en lo particular la  posibilidad de que sean contados todos los votos sufragados y contrastados con los resultados electrónicos ofrecidos, a fin de asegurar la transparencia del acto comicial y sobre todo ganar la confianza en el mismo de los electores.

Nicolás Ardito-Barletta, Panamá

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón F., Costa Rica

Fernando Henrique Cardoso, Brasil

Laura Chinchilla Miranda, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Eduardo Duhalde, Argentina

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

César Gaviria, Colombia

Felipe González, España

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Ricardo Lagos, Chile

Ricardo Martinelli, Panamá

Luis Alberto Monge, Costa Rica

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio M. Sanguinetti, Uruguay

Alejandro Toledo, Perú

Álvaro Uribe, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

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