MIAMI.- La hondureña María de los Ángeles Lemus, quien llegó a los Estados Unidos hace 17 años y contra quien existe una orden de deportación desde el 2002, aseguró haber sido víctima de “maltrato y abuso de autoridad” por parte de un oficial de la Policía de Inmigración y Aduana (ICE) en la oficina de ese organismo federal en Miramar, Florida.
Según esta madre de dos hijos, que tiene permiso de trabajo y labora como empleada de limpieza en el edificio Trump Hollywood, al norte de Miami, los hechos se registraron el pasado 5 de julio cuando cumplía una cita anual de supervisión rutinaria en el marco de su proceso migratorio, en compañía de su hija de siete años de edad.
“Contrariada y triste”, como ella misma se declara, Lemus relató a DIARIO LAS AMÉRICAS que ese día, en horas de la mañana, estaba inicialmente acompañada por su abogada Karina Acevedo, pero debido a un documento que había olvidado se vio obligada a regresar a casa para recogerlo, y más tarde, ya solo con su hija, retornó a la oficina de Inmigración.
Acto seguido, acorde con su testimonio, un oficial de ICE la llamó por su nombre y le hizo algunas preguntas de rigor. “Me preguntó cuántos años tengo en los EEUU, le dije 17; luego me dijo que yo tengo una ‘residencia aprobaba’, que quién me estaba pidiendo, le dije que mi papá, que ya está a punto de ser ciudadano de este país”.
Para Lemus, su “gran pecado” fue haber ido a la cita con la niña. “Yo lo creo así porque cuando ya me iba a sentar, después de haberle entregado mi licencia de conducir, me llama nuevamente el mismo oficial, y me pregunta por mi hija, que quién era ella y que por qué estaba conmigo”.
Casi por instinto natural –asegura– la hondureña respondió al oficial que la niña es su hija y que por el hecho de encontrarse en época de vacaciones escolares, no podía dejarla sola en casa sin el cuidado de un adulto. “Yo por mis hijos doy la vida”.
La respuesta de Lemus “parece que lo molestó” y –acota– “el oficial me dijo que no tenía que haberle respondido de esa manera, que ese lugar no era un jardín escolar, que pude haber dejado a la niña con una nana y de inmediato me hizo pasar a otro lugar para que me pusieran el grillete electrónico”.
En ese momento, acorde con la querellante, la menor de edad fue separada de su lado para hacerle preguntas como “con quién vive, quién es su padre y que si en casa somos indocumentados o el estatus de nosotros”.
Dijo también que a partir de ese día sus citas de supervisión ya no serán anuales sino mensuales, al tiempo que debe presentarse semanalmente, los días lunes, a otra oficina de Inmigración en Miami y recibir la visita de un inspector cada 15 días.
“Siento que ese oficial me ha castigado injustamente”, afirmó Lemus.
Posición de ICE
Pero ICE tiene una versión que pone en entredicho las acusaciones de Lemus, y así está plasmado en un comunicado de prensa emitido por ese organismo en atención a una solicitud de DIARIO LAS AMÉRICAS.
El parte indica que los señalamientos de Lemus “no tienen el respaldo específico de ninguna evidencia” y hace énfasis en que “ICE le concedió posteriormente [a Lemus] la discreción fiscal, liberándola de custodia y permitiéndole permanecer en los Estados Unidos durante cinco años para que atendiera sus asuntos personales o buscara una revisión judicial de su caso”.
De igual forma, el comunicado señala que “tal como lo ha dejado claro el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, todos los inmigrantes que violen las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y deportación, en caso de que tengan una orden final”.
Además, permite conocer que Lemus ingresó sin documentos legales por la frontera de los Estados Unidos y México el 22 de septiembre de 2000, y que el 15 de mayo de 2002 un juez dictó una orden de deportación en su contra que sigue vigente.
Posteriormente, oficiales de ICE detuvieron a Lemus en el año 2010 cuando salía de su casa con destino a su lugar de trabajo.
En esa ocasión, un juez determinó incluirla en un programa de deportación, portando un grillete electrónico, que luego le quitarían en el año 2012 bajo la promesa de que la mujer de origen centroamericano tendría que asumir “una conducta irreprochable ante la sociedad”.
“Yo primero tuve un abogado al que le pagué 9.500 dólares y no hizo nada. Después contraté a mi abogada actual, Karina Acevedo. Ella logró sacarme del programa, me quitaron el grillete. Yo tengo un record limpio, me han dado seis permisos de trabajo, tengo una licencia de conducir y hago mis impuestos”, subrayó.
Sin embargo, ICE resalta en el comunicado que esa agencia planea ejecutar la orden deportación expedida legalmente contra Lemus y que sus acciones se ajustan a la ley federal y las políticas de ese organismo.
“Abuso de poder”
Para la abogada Karla Lammers, quien también presta sus servicios legales a Lemus, “no había necesidad de interrogar a una niña de siete años, sin autorización de su madre y sin que hubiera un abogado presente. Eso es algo atrevido y un abuso de poder”.
El pasado martes 25 de julio, las dos letradas que comparten un bufet en Miami presentaron un recurso para tratar de dejar sin efecto la orden de deportación que pesa contra Lemus. “Confío en Dios que el juez va a fallar a mi favor y eso debe ser pronto”, dijo la hondureña.
En ese caso, Lemus tendría que salir de los Estados Unidos y esperar en Honduras una visa de residente, que ya tiene aprobada por petición de su padre José Lemus, quien se encuentra viviendo en EEUU desde el año 1985.
Lemus admite que siente miedo ante la posibilidad de ser deportada y afirma que su única meta es sacar adelante a sus hijos Edwin, de 15 años, y Valeria, de 7, ambos nacidos en este país.
“Yo llevo muchos años trabajando en un edificio [Trump Hollywood] que por su nombre debe ser algo del presidente Donald Trump. Ahora él está ofreciendo 15.000 visas para cocineros. ¿No sería mejor que legalizara a todos los que ya estamos aquí?”, aseveró Lemus.