Detectores de humo

Arturo Béjar, exejecutivo de Meta, hizo sonar esa alarma esta semana al testificar contra Instagram y Facebook y acusar a la empresa de afectar la salud mental de niños y adolescentes. Más allá del veredicto, que enfrenta dos valores, la seguridad de los usuarios, invocada por 29 estados, y la libertad de expresión, esgrimida por Meta, importa lo que Béjar representa para una democracia.

Antes que Béjar, en 2021, la también exempleada de Facebook, Frances Haugen, entregó documentos internos a periodistas y al Senado para denunciar que la compañía priorizaba mantener a niños y adolescentes conectados a sus plataformas por encima de su bienestar.

Cada vez que aparecen casos como estos, los denunciados, sean empresarios o funcionarios públicos, reaccionan igual y minimizan al denunciante, acusándolo de buscar venganza, de necesitar dinero, de querer hacerse famoso o de estar resentido con su antiguo empleador. Una estigmatización que también suele afectar a periodistas de investigación o a quienes critican al poder.

El problema surge cuando se convierte al delator en agresor, en lugar de enfocarse en lo que denuncia. Un detector de humo puede sonar por un incendio o por una tostada quemada, pero lo sensato no es arrancarlo del techo porque molesta, sino levantarse y comprobar qué está pasando. Lo mismo exige un whistleblower: no despreciarlo ni darle credibilidad automática, sino investigar y verificar lo que denuncia.

Para combatir la corrupción desde dentro de las empresas e instituciones, es importante proteger la figura del whistleblower, porque si de antemano sabe que enfrentará represalias, como la pérdida del empleo, de la reputación o de la libertad, se autocensurará.

Su relevancia la ejemplifican varios casos que fueron producto de revelaciones provenientes del interior de las empresas o instituciones. En 2016, la filtración anónima a periodistas de los Panama Papers destapó una red global de evasión fiscal oculta tras estudios de abogados y paraísos fiscales. Chelsea Manning entregó en 2010 miles de documentos militares y diplomáticos que revelaron abusos que Washington prefería mantener en la sombra. Mark Felt, "garganta profunda", guió desde 1972 a los periodistas que destaparon el caso Watergate. Y antes que todos ellos, Daniel Ellsberg entregó en 1971 a la prensa los Pentagon Papers y expuso las mentiras oficiales sobre la guerra de Vietnam.

Las democracias más sólidas reconocen el valor de estas alarmas de humo. Estados Unidos aprobó en 1989 la Ley de Protección de los Whistleblowers, inicialmente para proteger a los empleados federales que denunciaran irregularidades. Después, en 2010, la ley Dodd-Frank amplió esas garantías al personal del sector privado e incorporó incentivos económicos para los delatores. También la Unión Europea aprobó en 2019 una directiva para establecer estándares comunes de protección.

Rusia y China, en cambio, tienen leyes o normas similares en el papel, pero los denunciantes enfrentan represalias sistemáticas, como sufrió el médico chino Li Wenliang, quien fue silenciado por advertir sobre el virus que meses después se conocería como covid-19.

Proteger al whistleblower importa tanto como garantizar el acceso a la información, la libertad de prensa o las leyes de transparencia, piezas clave del sistema democrático que busca hacer visible lo que el poder preferiría mantener oculto.

Esa protección le permite a Béjar prestar un testimonio clave y a la justicia contar con más elementos para decidir con conocimiento de causa.

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