CARACAS.- EFE
De acuerdo con el procurador la medida adoptada por la AN "amenaza el proceso democrático" y el desenvolvimiento de las instituciones en el país caribeño
CARACAS.- EFE
El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz, afirmó este sábado que es "inconstitucional" la incorporación de los diputados indígenas del estado Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo (TSJ) y afirmó que el parlamento no puede "pretender legitimidad" ante esa acción.
"La AN ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la administración pública. Ni puede pretender ese órgano legislativo legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones, hasta tanto corrija la situación infringida" dijo Muñoz a través del canal estatal VTV.
En ese sentido, indicó que el Parlamento debe "respetar el Estado de derecho y corregir su actuación, restituyendo la constitucionalidad de su conformación colegiada y aceptar las decisiones emitidas por el Poder Judicial".
De acuerdo con el procurador la medida adoptada por la AN "amenaza el proceso democrático" y el desenvolvimiento de las instituciones en el país caribeño.
"Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del poder público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país", aseguró.
Muñoz asegura que el Parlamento venezolano está ilegalmente constituido y recordó que desacatar una orden judicial tiene implicaciones penales que no se podrán evadir invocando "inmunidad por investiduras".
El pasado jueves la directiva de la AN, que tiene mayoría opositora, incorporó a los diputados indígenas del estado Amazonas que fueron suspendidos por el TSJ a finales de diciembre del año pasado, luego de que se denunciara un supuesto fraude en la elección de estos tres parlamentarios.
El viernes una comisión del chavismo solicitó ante el TSJ declarar la ilegalidad de cualquier acto o decisión que tome el Parlamento por haber reincorporado a los diputados.
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