Un reclamo para la democracia

¿Por qué el gobierno castrocomunista no quería que se llegase a una conclusión en este asunto? Simplemente porque el concepto de sociedad civil en nuestros países democráticos contraviene la estructura totalitaria de la dictadura cubana, y la misma desde los inicios de las anunciadas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, planteó con altanería que no haría concesiones políticas.

¿Por qué los opositores o disidentes que fueron desde la Isla llevaron a aquella Cumbre este asunto como cosa esencial y como bandera de lucha? Pues porque la Sociedad Civil es uno de los puntos de apoyo de una sociedad abierta y democrática.

¿Y qué es desde el punto de vista jurídico dicha sociedad civil? Pues el conjunto de asociaciones, instituciones, corporaciones, uniones sindicales, culturales, económicas, etc, que independientemente realizan funciones muy importantes en la vida local y nacional de un país. Quehacer independiente porque no dependen esencialmente del gobierno de turno, pero precisamente el gobierno, mediante una ley vigente al respecto, tiene que respetar y garantizar el desenvolvimiento de las instituciones que integran la sociedad civil. Simple mecanismo de la democracia y, en cierta medida, una forma de descentralización del poder.

En la Cuba precastrista, o sea, democrática, existía el Registro de Asociaciones, y atendiendo a sus regulaciones, se registraban las citadas instituciones, para su amparo jurídico, y tenor de  una ley vigente al respecto para su respaldo funcional. Pero hay que resaltar que aquellas instituciones que constituían la sociedad civil, no eran organismos del Estado, porque entonces serían parte del gobierno.

Era lógico que los disidentes u opositores cubanos asistieran a la sesión de la Cumbre en Panamá, que trataría de la sociedad civil, pues de esa forma reclamaban -por la vía pacífica-  una mínima apertura en la sociedad cerrada que es el comunismo. Y por eso era de esperarse que el  gobierno cubano, intransigente y brutal, creando el desorden y el terror, impidiera que se llegara a una conclusión en ese punto de dicha sesión. (Así también hicieron agrediendo físicamente a un pequeño grupo de cubanos del exilio (incluso acreditados para asistir a actividades de la Cumbre en calidad de invitados), que iban a depositar unas flores en un busto de José Martí, en un parque público).

La osadía y desfachatez del gobierno castrista llega al punto de querer cambiar hasta la semántica y la veracidad jurídica, queriendo darle otro significado a la índole de la sociedad civil, incluyendo bajo tal calificación a entidades que son órganos del gobierno. No nos extrañe este descaro que llevaron a la citada sesión de la Cumbre en Panamá, puesto que ya durante años, en las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos que se efectuaba en Ginebra, Suiza, el gobierno de Cuba enviaba a dicha Comisión, bajo la categoría de Organismos no Gubernamentales (ONG) nada menos que a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) de la que era presidenta la entonces esposa de Raúl Castro, entre otros organismos también parte del gobierno.

En conclusión, que entendemos los esfuerzos de los disidentes y opositores cívicos cubanos desde dentro de la Isla cuando, incluso, ante el anuncio de que el gobierno proyecta la promulgación de un nuevo Código Electoral, claman por la inclusión en el mismo de un espacio para la “Sociedad Civil”. No tengo referencias de cómo será dicha reclamación. En cualquiera de sus modalidades, las entidades que formarían la reclamada categoría de sociedad civil, en su estricto sentido jurídico, no podrían funcionar como tales sin una ley que las ampare, y la cual  tenga que imponerse a si mismo el Estado, autolimitando su poder.

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