12 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el Gobierno de Maduro se niega a cumplir

Según reseña Civilis Derechos Humanos, en el 2do EPU de Venezuela, realizado el pasado 01 de noviembre de 2016, recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de las Naciones Unidas.

Además de colocar en la lista de anotadas recomendaciones de las cuales depende garantizar derechos gravemente afectados, Venezuela manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones y que al ser cumplidas podrían resolver la severa crisis que atraviesa el país en materia de derechos humanos y democracia.

A continuación, las 12 medidas más importantes según Civiles, que “no contaron con el apoyo” del país caribeño, luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”:

• Revertir la denuncia del Gobierno a la Convención Americana de Derechos Humanos.
  
  
• Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado.
  
  
• Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política.
  
  
• Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos.
  
  
• Garantizar el cese de la persecución y violencia política.
  
  
• Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos.
  
  
• Poner fin al plan de "seguriudad" denominado Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
  
  
• Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras.
  
  
• Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
  
  
• Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles.
  
  
• Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas.
  
  
• Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

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FUENTE: REDACCIÓN