Abelardo De La Espriella avanza proyecto clave contra el narcotráfico en Colombia

Según reveló la revista SEMANA, la sustancia seleccionada es el glufosinato de amonio, un compuesto que se utilizará en un plan piloto diseñado para demostrar técnica y científicamente que cumple con los parámetros ambientales y de salud pública fijados por la Corte Constitucional, tras la prohibición del glifosato años atrás.

Durante su discurso de posesión el pasado 7 de agosto en el Batallón Pichincha, el jefe de Estado ratificó que el regreso de la aspersión aérea es una prioridad nacional para combatir las finanzas del crimen organizado.

De La Espriella enfatizó que el país utilizará químicos de última generación que no pongan en riesgo la salud humana ni contravengan las directrices judiciales, marcando distancia con los métodos de la administración anterior.

Producción de coca en cifras récord

El anuncio gubernamental responde a un escenario de expansión sin precedentes del narcotráfico en el territorio nacional:

• Extensión y producción histórica: informes de Naciones Unidas señalan que el área sembrada con coca alcanzó las 262.000 hectáreas, con una capacidad de producción potencial de 3.001 toneladas de cocaína, lo que posiciona al país como el origen de entre el 70% y el 80% de la sustancia consumida a nivel mundial.

• Mayor rendimiento agrícola: análisis de investigadores como Daniel Mejía y Santiago Tobón destacan que la eficiencia actual del cultivo supera ampliamente a la de la época de los grandes carteles, pasando de producir 3 kilogramos de cocaína por hectárea al año en los años ochenta a más de 10 kilogramos en la actualidad.

• Impacto en las relaciones internacionales: el incremento sostenido de las áreas sembradas derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas durante la administración saliente.

El Ejecutivo nacional recalcó que las operaciones aéreas y terrestres se focalizarán en desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones armadas ilegales, rechazando cualquier tipo de negociación que implique la detención de las labores de erradicación en las regiones afectadas.

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