Cubalex denuncia la muerte de presos políticos tras protestas por inanición en prisiones cubanas

Las entidades señalan que la decisión de asumir esta medida extrema responde a las deficientes condiciones de internamiento, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la falta de atención médica adecuada y la ausencia de vías institucionales efectivas para encauzar reclamos, reseña el portal web Martí Noticias.

Entre los fallecimientos más recientes registrados bajo custodia estatal figura el del preso común Ermis Bombu Moreira, de 52 años, quien murió el 7 de mayo de 2026 en el Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto de Guantánamo a causa de un coma metabólico por inanición.

Asimismo, el preso político Yan Carlos González González falleció el 7 de julio de 2025 en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de Santa Clara tras mantener una huelga de hambre por más de 40 días en protesta por su condena a 20 años de prisión.

Patrones de respuesta estatal y falta de protocolos médicos

• Otorgamiento tardío de licencias extrapenales: Cubalex y familiares de las víctimas documentan que las autoridades penitenciarias suelen conceder licencias extrapenales a los huelguistas pocos días antes de su deceso, cuando su estado de salud es irreversible, con el fin de eludir la responsabilidad legal sobre las muertes bajo custodia.

• Medidas represivas e incomunicación: en lugar de canalizar las demandas, la respuesta de la Seguridad del Estado y la administración carcelaria incluye traslados a celdas de castigo o aislamiento, suspensión de visitas familiares y, en diversos casos, agresiones físicas contra los huelguistas.

• Subordinación del criterio sanitario: testimonios del personal médico que prestó servicios en el sistema penitenciario de la isla confirman la ausencia de protocolos clínicos independientes para la atención de huelgas de hambre, prevaleciendo las decisiones del mando penitenciario y de los órganos de seguridad sobre la praxis médica.

Organizaciones de derechos humanos enfatizan que, desde la perspectiva del derecho internacional, estas muertes constituyen un indicador de negligencia estatal severa. Al no garantizarse la atención sanitaria adecuada ni respetarse los referentes éticos globales, como la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial, el uso del propio cuerpo se ha consolidado como el último recurso de denuncia dentro del sistema penitenciario cubano.

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